“Se sabrá la verdad si no se entromete el poder político”

“Tengo el convencimiento de que el crimen se esclarecerá. Hace dos noches que no podía dormir. Primero porque temía que la causa prescribiera y después porque el gobernador le aceptó la renuncia al juez (Francisco) Pisa. Pero ahora siento un enorme alivio”, explicó con la voz entrecortada Alberto Lebbos al enterarse de que César Soto y Sergio Kaleñuk habían sido notificados de que serán investigados por la desaparición y el crimen de Paulina. La noticia llegó a horas de que se cumplieran 15 años del hecho y que quedara impune el caso. “Se sabrá la verdad si no se entromete el poder político”, agregó el padre de la víctima.

En Tucumán todo puede ocurrir. Hace una semana, LA GACETA daba cuenta que el polémico crimen estaba a días de quedar impune porque la Corte Suprema de Justicia de la provincia no había resuelto el fallo dictado el 25 de febrero de 2019. Tres días después y con una mora de 12 meses, el máximo tribunal dejó firme el fallo y le entregó una brasa caliente al Ministerio Público Fiscal: tres días para que resolviera el caso.

El fallo dictado por los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto fue contundente. La sentencia condenaba por encubrimiento al ex secretario de Seguridad, Eduardo di Lella, al ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, al ex subjefe, Nicolás Barrera, y al ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito, y absolvió por el beneficio de la duda a José Luis Gómez, el único que había sido acusado por el crimen de Paulina. Pero en la sentencia, los jueces solicitaron que se investigara a Kaleñuk, Soto, Esteban Gómez (hermano del absuelto) y Ernesto Atim, un vendedor de celulares que estaría relacionado con José Luis Gómez.

La definición

En el MPF se vivieron días intensos. El fiscal Carlos Sale, que está a cargo de la fiscalía de Homicidios del régimen conclusional, convocó ayer a la mañana a una comisión de la división Homicidios. Les dio dos papeles para que los entregaran de manera urgente y de carácter reservado. Eran las notificaciones para que Soto y Kaleñuk se presentaran a declarar en calidad de imputados por el crimen de la joven. Así, lograron frenar la prescripción.

Sale, según confirmaron fuentes judiciales, firmó las notificaciones aclarando que él toma esa medida por más que aún no se haya resuelto la competencia de quién investigará el caso. Supuestamente debería ser él, pero en el fallo del juicio, el tribunal dispuso que sea Diego López Ávila, el que desarrolló la instrucción de la causa y el que pidió que se eleve a juicio. Sin embargo, al ser el MPF un órgano totalmente independiente, tiene la potestad para confirmar a uno de ellos, o a los dos, o nombrar a otro o a varios para que se encarguen de la pesquisa.

El fiscal citó a los implicados para dentro de un mes para tener tiempo para reunir las pruebas y lograr una imputación sólida. Hasta aquí no son muchos los indicios que hay en contra de los dos imputados.

El más complicado sería Kaleñuk, hijo del ex secretario privado del gobernador José Alperovich. En el juicio dijo que no había salido el sábado 25 por la noche y que el domingo 26 estuvo toda la mañana controlando la venta de entradas para el clásico entre Atlético y San Martín. Sin embargo, testigos desmintieron sus dichos y además se conoció, a través del uso de su celular, que estuvo cerca de la casa de Soto, lugar donde debía dirigirse la joven y en la zona donde se activó por última vez el celular Paulina.

Soto quedó en la mira porque en la audiencia se demostró que había sido violento con Paulina (las hermanas y la madre dijeron que una vez había intentado ahorcarla y la autopsia reveló que había fallecido por estrangulamiento); no supo precisar con exactitud qué hizo las horas después de la desaparición de la madre de su hija y varios testigos confirmaron que nunca se había mostrado muy preocupado por buscarla.

A los otros sospechosos, Ledesma y Atim, hasta el cierre de esta edición no se los había notificado, pero se confía en que la causa tampoco prescribirá para ellos. En septiembre de 2019, el fiscal López Ávila recibió la notificación de que debía investigar a los sospechosos, tal como se dispuso en el fallo. Pero el funcionario hizo un decreto de suspensión de los plazos hasta tanto la Corte resuelva los planteos que habían presentado las partes.

Para algunos juristas, está ajustado a derecho y puede servir para detener la prescripción, pero sin lugar a dudas generará en el futuro una discusión procesal. “Un decreto fiscal de suspensión de plazos no tiene virtualidad para suspender la prescripcion de la acción penal regulada en el Código Penal de la Nación como un piso mínimo de garantía homogénea en todo el territorio nacional. Es evidente que un decreto de tal naturaleza no tiene virtualidad para derogar la ley emanada del Congreso Nacional. Si intentan una cosa así tiene patas cortas”, indicó Macario Santamarina, defensor de Gómez.

En caso de que Ledesma sea imputado por el hecho, se producirá otra novedad. El caso deberá ser tratado bajo las normas del nuevo Código Procesal Penal. Ocurre que la Corte, a través de una acordada, resolvió que todas las causas que estén en el régimen conclusional en el que estén involucrados menores, deben ser adecuadas al sistema adversarial. Y en caso que se acumulen las causas, todos los sospechados del crimen deberán recorrer ese camino para que se defina su inocencia o su culpabilidad.

Más allá de las cuestiones procesales, con las notificaciones se inició un nuevo expediente que podría terminar en un cuarto juicio por el mismo caso.