El costo político de "jubilar" a Pisa

La decisión del gobernador Juan Luis Manzur de allanar el camino para que el juez penal Juan Francisco Pisa se retire de la Justicia provincial con la jubilación del 82% móvil -a sólo horas de que se resolviera si debía ser sometido a un juicio político por su desempeño en el caso de Paola Tacacho y omitiendo los reiterados pedidos de la familia de la víctima- generó un efecto secundario con pocos precedentes: radicales, bussistas, alfaristas, macristas y demás opositores unificaron sus críticas, y señalaron la firma del decreto 369/14 (MGyJ) como una muestra del entramado de corrupción e impunidad que se levanta sobre los poderes del Estado en Tucumán.

En paralelo, puertas adentro del oficialismo también se percibieron momentos de tensión por el expediente “Pisa”. El tira y afloja en la disputa por coparticipar o no el costo político que conllevaba facilitar el retiro del cuestionado magistrado quedó patente en las formas escogidas por el Gobierno para resolver la cuestión, vinculada a una temática de profunda relevancia social: la violencia de género y la falta de respuestas de parte del Estado hacia las víctimas.

Pisa, histórico titular del ex Juzgado de Instrucción N° 3 de la Capital y afectado al Juzgado Conclusional luego de la puesta en vigencia del nuevo código procesal, había obtenido el 4 de octubre de 2020 el visto bueno de la Anses para acceder a su jubilación. Luego, en el marco de los trámites de rigor, presentó la renuncia condicionada a Manzur. Un par de semanas más tarde, Paola Tacacho fue asesinada a puñaladas en pleno Barrio Norte por Mauricio Parada Parejas, el acosador al que la docente salteña había denunciado en reiteradas ocasiones por amenazas y por un constante hostigamiento. Según la familia de la víctima, Pisa incurrió en un mal desempeño de sus funciones durante su actuación en uno de aquellos expedientes, al no haber dispuesto medidas contra Parada Parejas. “Con su desidia y complicidad impidió frenar al acosador que terminó asesinando a mi hija”, aseguró Mariela Tacacho, madre de la joven de 32 años. En su descargo formal ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura, Pisa aseveró que de la investigación no habían surgido “pruebas razonables y suficientes para acreditar que Parada Parejas” había incumplido con la restricción de acercamiento a la docente de inglés. Además, rechazó la acusación por haber omitido actuar con perspectiva de género en este caso, dado que a su criterio la víctima del delito era la Administración Pública. La postura del magistrado encendió todavía más el reclamo de familiares de Tacacho y de organizaciones feministas en favor de su destitución.

A lo largo de estos cuatro meses, la nota con la dimisión de Pisa fue una brasa caliente en la Casa de Gobierno. La incertidumbre quizás habría durado más si no hubiese sido porque la comisión de Juicio Político debía resolver el miércoles si acusaba o no ante el Jurado de Enjuiciamiento al magistrado por el caso “Tacacho”. De ocurrir esto, el juez penal se hubiera visto privado de jubilarse hasta tanto el Jury definiera su situación. Pero el decreto del PE lo libró de todo riesgo, puesto que motivó la suspensión por 60 días del proceso de remoción en la Legislatura, y dejó al magistrado a un paso de cerrar su ciclo en la Justicia como él esperaba hacerlo.

El jefe del Poder Ejecutivo argumentó en el decreto 369/14 (MGyJ) que correspondía aceptar la renuncia condicionada del magistrado a partir de la jurisprudencia indicada en fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (causa “Piedrabuena”). A partir de ello, interpretó Manzur, se debía “procurar la protección no sólo del derecho a la jubilación (en el caso de Pisa), sino también la presunción de inocencia y la 'libertad' de la persona para decidir cuándo puede acceder a los beneficios de la seguridad social". Según todo el arco opositor de Tucumán, el mandatario retribuyó al magistrado por sus fallos en expedientes clave tanto para el gobierno como para el propio médico.

¿Por qué Manzur aguardó hasta un par de horas antes de la reunión de comisión de Juicio Político para aceptar la renuncia condicionada de Pisa? En el oficialismo no tienen una respuesta clara a este interrogante. Está claro que resolvió atado a los tiempos del proceso de destitución que tenía lugar en la Legislatura. Según las versiones, en la sede de Muñecas 951 le habían anticipado al Ejecutivo que no podían garantizar un final preestablecido en este asunto. En la Cámara legislativa todavía acusan el desgaste político que conllevó el proceso de destitución del camarista penal Enrique Pedicone. Y en el edificio de los espejos oscuros esperaban una mayor participación de los voceros de la Casa de Gobierno en la crisis desatada por los audios que difundió el hoy ex juez penal. Ahora, con el visto bueno para la jubilación de Pisa, fue el jefe del PE quien quedó como foco de los cuestionamientos. Por eso, entre los dirigentes afines al mandatario afirman que causaron estupor las duras críticas de un legislador jaldista en TV abierta dirigidas en contra de Manzur y de la gestión de sus ministros Claudio Maley (Seguridad) y Juan Pablo Lichtmajer (Educación). Ni las tensiones institucionales ni el año electoral dan respiro a la interna entre manzuristas y jaldistas.