El crimen de Paulina Lebbos: cuando los Gómez quedaron en la mira

“Junto a otros sujetos aún no identificados por la investigación, procedieron a retener contra su voluntad a Paulina Alejandra Lebbos trasladándola hacia el radio de cobertura o perímetro circundante de aproximadamente dos kilómetros a la redonda de avenida Independencia al 1.200, continuando hacia Larrea al 400 de esta ciudad y posteriormente hacia el kilómetro 1.288 de ruta nacional 9... Uno de ustedes procedió a efectuar maniobras de compresión y estrangulamiento sobre el cuello de la víctima, circunstancia que provocaron su muerte por asfixia”, señaló el fiscal Diego López Ávila cuando acusó a José Luis Gómez como partícipe de la desaparición y la posterior muerte de la estudiante. Y el acusador agregó que una de esas personas arrojó luego el cuerpo de Paulina a la vera de la ruta 341, en Tapia, lugar donde fue hallado el 11 de marzo de 2006. Pero el imputado no fue condenado por el beneficio de la duda.

El fiscal sabía que la línea en contra de Gómez era fuerte, pero también le generaba algunas dudas. La primera: quién o quiénes lo acompañaron para participar de este delito porque solo no lo podría haber hecho. La segunda: por qué eligió a Paulina si, en principio, no tenía ningún vínculo con ella. La tercera: por qué se montaría semejante trama de encubrimiento para proteger a un humilde electricista de San Andrés. La cuarta: por qué la familia del sospechoso atacó tanto a la investigación. El fiscal tenía la esperanza de que, como ocurrió con otros puntos misteriosos en la causa, se terminara develando loque pasó en el debate oral que duró más de un año.

Corría noviembre de 2013 y López Ávila seguía analizando los puntos que no había investigado el fiscal Carlos Albaca, su antecesor, que fue separado de la investigación luego de que tuviera el expediente casi sin moverse durante siete años, y que espera ser enjuiciado por su tarea. Uno de los datos que le interesaba saber era qué había ocurrido con el celular de Paulina. En ese tiempo se puso de moda una sigla en inglés: EMAI. Significa Identidad Internacional de Equipo Móvil. Cada aparato tiene una cifra de 15 dígitos que identifica al celular. Es único e irrepetible. El ADN de los celulares, como aseguran los investigadores.

Los especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) determinaron que al menos cuatro personas introdujeron sus chips (número de línea) al celular de Paulina a partir de la mañana del 26 de febrero. Sus titulares fueron identificados como Carlos Daniel Chávez (un nombre falso que terminó siendo de una mujer de Entre Ríos que ya había fallecido), Maximiliano Gallardo, Gómez y una persona que nunca pudo ser investigada.

Gallardo y Gómez terminaron tras las rejas y se transformaron en sospechosos rápidamente. El primero logró quedar en libertad porque demostró que desconocidos le habían falsificado la firma cuando una persona adquirió una línea a su nombre. El otro confirmó que ese número era suyo y que lo había mantenido hasta 2011, por lo que quedó encerrado en el penal de Villa Urquiza hasta diciembre de 2016, cuando su defensor, Juan Carlos Nacul (actualmente juez Federal en San Luis) logró que la Corte Suprema de Justicia ordenara que se lo dejara en libertad porque ya había cumplido tres años de prisión preventiva -el límite máximo es de dos años- y no había la más mínima chance de que se iniciara el juicio en su contra.

Perfil

Gómez había nacido en San Andrés. En esa localidad del este tucumano se había ganado el respeto de sus vecinos que lo conocían como un chico simpático y trabajador. Por las notas que él y sus familiares habían dado, sus vecinos lo consideraban como un inocente que había sido implicado por un fiscal que buscaba cerrar como sea la investigación. “En principio pensábamos que era un ‘perejil’, pero después cuando fueron conociéndose detalles del juicio la gente fue cambiando de opinión”, dijo doña Ana, vecina.

El único acusado de haber tenido algún tipo de participación en el crimen declaró en la audiencia. Usó gran parte del tiempo para comentar la pesadilla que había vivido desde que fue detenido. “Esta búsqueda causó mucho dolor a mis padres y a mis hijas. Estuve tres años privado de mi libertad injustamente. El debate, que duró más de un año, generó mucho sufrimiento en todo mi entorno”, señaló. Gómez recordó en más de una oportunidad todos los problemas que debió afrontar su familia cuando permaneció más de dos años detenido en el penal de Villa Urquiza. “Mi familia subsistía por las cosas que le daban los vecinos o las rifas que se hacían para darle dinero”, relató.

Su coartada fue perfecta: dijo que la noche del 25 de febrero estuvo en San Andrés en un cumpleaños familiar. Presentó una larga lista de testigos que respaldaron sus dichos. El imputado recordó que en 2007 fue nombrado como empleado de la comuna de San Andrés. “Me encargaba de mantener el alumbrado púbico del lugar”, reconoció. El sospechoso, como ocurrió con César Soto y otros mencionados en la causa, fueron beneficiados con un cargo en la administración pública mientras se investigaba el caso. ¿Era una manera de comprar silencio? Es una pregunta que aún no tiene respuesta.

Pero Gómez, en medio de su declaración comenzó a dejar dudas. Las más importantes fueron:

- Aseguró no conocer a Virginia Mercado, la amiga de Paulina que ingresó a la sala de audiencia como testigo y salió acusada de encubrimiento o falso testimonio, pese a que él trabajaba en el taller de reparaciones de su padre, a una cuadra de distancia del domicilio de la estudiante salteña. “No la conocí y jamás tuve contacto con ella, pero sí sé que vivió a una cuadra”, señaló el imputado. Interrogado por el abogado querellante Emilio Mrad, el imputado dijo: “era un taller al que iba cualquier vecino o desconocido. En la cuadra esa había casas que alquilan a los estudiantes y los conocía de vista. Podría reconocer a algunos de ellos”, confirmó sin dar mayores precisiones. Específicamente dijo que supo de la joven salteña cuando quedó detenido en la causa.

- El acusado negó conocer si alguien realizó una llamada desde su teléfono a Magdalena Cruz, una mujer que en esos momentos tenía residencia en El Siambón. El fiscal Carlos Sale, que introdujo ese interrogante, informó que esa persona, que tiene una causa pendiente con la Justicia Federal por drogas, también había sido llamada por Mercado. “Desconozco totalmente quién es esa persona; no sé quién pudo haberla llamado y mucho menos los motivos de la comunicación”, declaró.

- “No recuerdo cómo fue la transacción que realicé para adquirir el celular. Tampoco me acuerdo dónde lo adquirí, ni siquiera si ese negocio sigue funcionando. En esos tiempos era muy común que se compraran así los aparatos usados. Sí sé que le compré a un tal Carlos David Sánchez”, indicó Gómez. El acusado confirmó además que recién en 2011 sacó un celular a su nombre y que ese aparato se lo entregó a su hija como regalo por haber terminado la primaria. “Hay informes que indican que había dos o tres personas que tenían el mismo aparato. Además nunca se encontró el aparato y, según el perito que contratamos, sin haber encontrado ese elemento es imposible que se haya podido determinar tantas cosas. Podría haber sido adulterado”, comentó. Negó categóricamente que haya utilizado el teléfono en la zona donde fue encontrado el cuerpo, tal como indican los informes brindados por la compañía telefónica.

- La coartada de Gómez sufrió dos traspiés importantes a lo largo del debate. El más importane fue la declaración de un perito que no pudo asegurar que fuera posible clonar el número de identificación de un celular. Tampoco se pudo constatar si realmente le compró a un tercero el teléfono de Paulina.

- “Hace cinco años que también busco Justicia”, señaló al hacer uso de su derecho de hablar por última vez ante los jueces Rafael Macoritto, Carlos Caramuti y Dante Ibáñez. .“No soy poderoso; no estoy vinculado al poder como pretendieron hacer creer. Soy una persona común y corriente, como muchas”, dijo. “Quiero justicia, que es lo que necesito en mi vida y en la vida de mi familia, para que dejemos de sufrir por todo esto. Soy inocente, no tengo nada que ver con esto”, concluyó.

¿Apoyo familiar?

Gómez había ofrecido a varios testigos para que confirmaran su versión. Pero, en realidad, lo único que hicieron fue llevar más claridad al asunto y despejar todas las dudas. Roberto Luis Gómez se presentó en la audiencia y comenzó a despotricar en contra de la Justicia. Cuando se calmó, los acusadores lo empezaron a interrogar. El hombre, de 68 años, dijo que nunca tuvo un celular. Pero en la audiencia no solo quedó demostrado que sí había tenido, sino que desde su número se habían comunicado con Sergio Kaleñuk, sospechoso del crimen de la estudiante.

Esteban Gómez, hermano del imputado, tenía 16 años cuando ocurrió el crimen de Paulina. Fue otro de los que se presentó en el debate también para hablar sobre la reunión familiar que se hizo en San Andrés y donde supuestamente estuvo el sospechoso. Pregunta va, pregunta viene, López Ávila le consultó si conocía un número de celular. “Sí, esa era una línea que había usado yo”, indicó el joven. El número en cuestión era la cuarta línea que habían ingresado al teléfono de Paulina. Por esa razón, los jueces del tribunal dispusieron que se lo investigara por el homicidio de la estudiante. “Él no tiene nada que ver en el caso. Estamos tranquilos porque las supuestas pruebas que lo complican terminaron siendo absolutorias para su hermano”, aseguró Macario Santamariana que, junto a Guillermo Villaba, se hicieron cargo de la defensa.

La imputación de Esteban Gómez puede generar una movida interesante en la Justicia. Por una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la provincia ordenó que todas las causas en la que estuvieran involucrados menores de edad, se las debe adecuar al nuevo Código Procesal Penal y juzgarlos con los lineamientos del nuevo código.

No tan inocente

La participación de Gallardo en el juicio estuvo llena de tensiones. Comenzó diciendo que a él lo habían detenido injustamente porque le habían usado su nombre para entregar la línea. Después terminó reconociendo que trabajaba vendiendo celulares para un tal Ernesto Atim. No pudo confirmar qué hizo el domingo 26 de febrero en la zona donde se conectó por última vez en teléfono móvil de la víctima.

Atim es el cuarto sospechoso anónimo. Al darse a conocer el fallo, el nombre no apareció en la parte resolutiva por un error involuntario. En los fundamentos de la sentencia, se señala que el hombre que tenía un local de celulares, podría haber estado vinculado en la desaparición y la muerte de Paulina. El juez Caramuti se lamentó porque las partes, especialmente los acusadores, no hayan profundizado el interrogatorio de estas personas. La teoría de López Ávila se cerró entonces: Esteban Gómez y Atim podrían haber sido los autores, mientras que José Luis Gómez y Gallardo, encubridores.