El crimen de Paulina Lebbos: la política, el fútbol y la droga, el cóctel explosivo del juicio

El crimen de Paulina Lebbos, ocurrido el 26 de febrero de 2006, fue el hecho más impactante que se registró en lo que va del siglo en nuestra provincia. Además de poner en la vidriera nacional las irregularidades, el descontrol y las atrocidades que se cometían en Tucumán por obra y gracia de un gobierno que no pavimentaba, pero sí hacía cordones cuneta. También dejó al descubierto a una Policía y a una Justicia obsecuente y mañera que se movía al son de los políticos de turno, que incluso hacían lo que les pedían sin pestañear. Con el “caso Lebbos” se pudo visibilizar que ya en ese año los narcos se movían como peces en el agua porque nadie los perseguía. Algo de todo lo feo, lo malo y lo sucio de los últimos 15 años de la historia de Tucumán aparece en esta causa.

No habían encontrado el cuerpo de la víctima y en cada mesa de café se elaboraba una hipótesis del hecho. “Hasta mi madre me llamó un día para contarme que ella sabía cómo la habían matado a Paulina. ‘¿Cómo lo sabés?’, le pregunté. Porque me lo contaron las chicas (sus amigas) cuando nos juntamos a tomar un té”, explicó una persona que tuvo un importante protagonismo en la causa. Nunca antes la provincia tuvo tantos investigadores como en esos días que aportaban datos y tejían versiones descabelladas. Con esos rumores se destruía en 1.000 pedazos la imagen de la víctima y se construyó un mito que terminó, por momentos, entorpeciendo la investigación.

La llamada teoría de los “hijos del poder” se instaló en la provincia a las horas que se produjo el hallazgo del cuerpo de la estudiante universitaria. El rumor daba cuenta de que la joven había participado en una fiesta en dos posibles villas turísticas de la provincia. En esas reuniones, según las versiones que se manejaron y que fueron investigadas, los miembros del clan Acevedo, líderes de “La Inimitable”, la barra brava de Atlético, eran los proveedores de la cocaína que se consumía al rolete. Esos mismos dichos daban cuenta de que Paulina no había sido asesinada, sino que en realidad se había desnucado por haberse caído de una mesa.

El fiscal Carlos Albaca (que recibió la causa luego de su par Alejandro Noguera), según la investigación que realizó la fiscala de cámara Juana Prieto de Sólimo, no analizó esas hipótesis durante los siete años en los que dirigió la investigación. Sí, según denunció Alberto Lebbos, padre de la víctima, insinuó que la joven podría haber fallecido por ahorcamiento en medio de una práctica sexual. La versión, descabellada por cierto, generó una larga cadena de repudios. Diego López Ávila, tercer fiscal que tuvo la causa, siete años después del hecho, le puso atención a esas versiones. Pero el paso del tiempo se convirtió en su peor enemigo.

Raco y El Cadillal

Juan Antonio Herrera, un policía que había sido castigado por las autoridades, denunció que en una charla con el esposo de su prima José Alfredo Pérez le contó que la estudiante había fallecido de manera accidental en una fiesta que se desarrolló en la casa del ex gobernador Julio Miranda. Indicó que del encuentro habían participado entre otros, Gabriel y Daniel Alperovich, Sergio Kaleñuk, Guillermo Rojkés y el hijo del ministro de Seguridad, Pablo Baillo. También dijo que la droga que se consumió en ese encuentro había sido provista por Gustavo “El Gordo” González, el líder de “La Inimitable”.

Ambos fueron investigados por López Ávila. Herrera ratificó sus dichos y Pérez lo desmintió categóricamente. En la audiencia hubo un careo donde el supuesto informante se mostró más sólido y terminó imponiendo sus palabras. “La inverosimilitud de este relato resulta del informe autópsico, donde se constata científicamente que Paulina había fallecido por asfixia por estrangulamiento manual, no por un golpe en la cabeza”, señaló el fiscal de cámara Carlos Sale cuando realizó el alegato.

La línea del Cadillal surgió a partir de la declaración de Federico Napoleón Decoud Griet. Había sido invitado el 25 de mayo de 2013 a la vivienda de Roberto Durango, en la Asociación Villa del Lago, ubicada en esa villa turística a disfrutar de un almuerzo y que era regenteado por Luis Daniel Olivera. El testigo dijo que el dueño de casa, entre vahos de alcohol, le había manifestado: “acá habría muerto o habrían matado a Paulina”. Estas palabras fueron corroboradas por Germán Gómez Lasalle, Agustín Javier Lobo Bugeau, Américo Cristóbal y Omar Osvaldo Olivera, Víctor Manuel Herrera, Bernardo Rubén Romano y Myriam Elizabeth Avellaneda. López Ávila, al enterarse de la novedad, allanó ese lugar. Detuvo al encargado y secuestró un freezer en el que supuestamente podrían haber mantenido oculto el cuerpo de Paulina hasta que lo arrojaron en el camino a Raco. Pero nada de esa versión pudo confirmarse.

Judicialmente no se pudo sumar indicios para probar esta teoría. Ninguno de los “hijos del poder” estuvo en esas villas turísticas entre el 25 y el 26 de febrero, según los informes que brindaron las compañías de la telefonía móvil. La única posibilidad que le quedaba a López Ávila era realizar una pericia genética de las muestras extraídas a todos los mencionados y con la de los pelos encontrados en el cuerpo de la víctima. Pero fue imposible realizarla. El fiscal Albaca, al no tomar los recaudos necesarios, dejó que esa prueba vital para el esclarecimiento se deteriorara hasta transformarla en inutilizable para un examen de este tipo.

Los descargos

Los tres hijos del poder que aparecieron mencionados en la causa se presentaron a declarar en el juicio. “Siento que nunca debimos haber entrado (a la causa). Siempre estuve tranquilo. Sentí el peso de la vinculación al explicarles a mis hijos que tengo que declarar como testigo, después de que dictaran mi sobreseimiento y de todo lo que pasó. Pero si nos vuelven a llamar, vamos a estar, como lo hicimos hasta hoy”, expresó Gabriel, el mayor de los hijos varones de José Alperovich, ex gobernador de la provincia. “Mi papá no encubrió a nadie, por eso prestó declaración (por escrito, ya que contaba con fueros por ser senador). Por eso también estamos todos acá”, añadió al salir de la sala de juicio oral del Palacio de Justicia.

“Mi papá me decía que nos quedáramos tranquilos y que no iba a pasar nada malo. Era la primera vez que nos nombraban en una causa”, expresó Daniel Alperovich. “En ese momento, cuando ocurrió (la muerte de Paulina) salía muy poco. Tuve un campeonato de taekwondo. No era de salir mucho, sino de entrenar y estudiar en la secundaria”, manifestó. Sobre el ahora ingeniero industrial se había rumoreado que viajó de urgencia a Israel después de que se descubriera que la estudiante había sido asesinada. Sin embargo, durante la etapa de investigación del caso y en el debate dijo que en realidad había viajado a Bulgaria en junio de 2006 para participar de una competencia internacional de una disciplina de artes marciales.

Kaleñuk no la pasó bien en ninguna de las audiencias de las que participó. Él dijo que era amigo de Gabriel Alperovich, pero este informó que sólo lo conocía porque era el hijo del secretario de su padre. A punto de cumplirse 15 años del crimen de la joven, se supo cuál podría haber sido el detonante de la pelea. El hijo del ex gobernador le habría recriminado ciertas conductas que tenía para el ingreso de jóvenes a la administración pública. Ese comportamiento le significó perder su puesto de trabajo. Otros dicen que lo habrían reubicado en otra entidad estatal con una adscripción. Daniel Alperovich directamente señaló que sólo lo conocía porque trabajaba en Casa de Gobierno.

Pero el joven se incriminó solo durante el juicio. Plantó una coartada que no fue sostenida por ninguno de los testigos que mencionó en su declaración. Pero las 172 comunicaciones que se detectaron en su celular el domingo 26 de febrero de 2006, no sólo desmintieron sus dichos, sino que lo ubicaron en el horario y en el lugar donde se dirigía Paulina y en la zona donde la víctima utilizó su celular por última vez.

Con estas pruebas, los jueces Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez pidieron que sea investigado por el crimen de la estudiante. La Corte Suprema de Justicia, cuatro días antes de que prescribiera el delito, confirmó la sentencia. Ahora queda esperar un milagro jurídico para suspender los plazos procesales, pero la luz de la impunidad brilla cada vez más.

Al descubierto

Al analizar la línea de los “hijos del poder” surgieron situaciones y delitos que nada tenían que ver con la causa en sí, pero lo mismo generaron polémicas. Al declarar, el “Gordo” González dijo que el domingo 26 de febrero de 2006 estuvo a la mañana en el estadio de Atlético. Señaló que fue a reclamar las entradas que normalmente le entregaban para distribuirlas entre los miembros de la barra y que las recibió de Juan Vizcarra, responsable de la seguridad en el club. También explicó que mantuvo una reunión con el jefe (no aportó nombre) de la seccional 5ª para organizar, cuándo, cómo y por dónde ingresaría “La Inimitable”. “La pista deja el oscuro entramado entre la barra brava y Atlético sobre la entrega de las entradas, y el oscuro entramado entre los barras y la policía”, indicó el fiscal Sale.

Otra polémica que surgió de las interminables audiencias giró en torno sobre las irregularidades que se descubrieron al analizar que la casa de Alberto Kaleñuk fue construida en un terreno fiscal de El Cadillal. El ex secretario privado del ex gobernador Alperovich presentó una imagen satelital del terreno tomada en 2006 para demostrar que no estaba la casa construida en ese lugar.

Pero esa coartada generó muchas dudas. “Entre las más de 60 actas que se labraron, la casa de Kaleñuk fue la única que se desarmó, aunque desconozco las razones”, confirmó Alberto Reynaldo Soria, ex agente de la Fiscalía de Estado, que en 2004 comenzó a investigar el hecho. “En febrero de 2006 existía esa vivienda. Poco después de ese momento, hicimos una inspección y la casa estaba terminada. Era una casa completa, grande”, expresó el abogado. En ese predio, conocido como Villa del Lago, tendría su lugar de descanso Luis Coronel, el concejal oficialista que fue mencionado en la causa en la que se investigaba a trabajadores del Siprosa por tráfico de drogas.

Esa no es la única novedad que trajo la casa de los Kaleñuk en El Cadillal. En el debate quedó probado que la construyó y la retiró utilizando camiones y personal de la Municipalidad de Bella Vista. Por ese motivo, el tribunal pidió que se investigue por peculado al ex intendente de esa ciudad, Luis Espeche.

El ya fallecido Alberto Kaleñuk fue hombre conocido en la provincia. Llegó a Tucumán como jefe del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional y no se fue más. De esa fuerza tuvo un polémico retiro, ya que fue acusado de cometer irregularidades, pero nunca fue enjuiciado. Fue nombrado como jefe de Policía por el ex gobernador Miranda. Y posteriormente se transformó en el colaborador de Alperovich.

En el juicio fue mencionado como autor de una maniobra para tratar de desviar la atención en la pesquisa. El comisario Francisco Picón debió renunciar a su cargo de subjefe de Policía en 2019, cuando quedó involucrado en el caso. Siendo segundo jefe de la Brigada de Investigaciones Norte fue enviado a Salta a buscar a Paulina, ya que un informante había afirmado que se encontraba en un prostíbulo de esa provincia.

Como el dinero que le habían entregado de viáticos no era suficiente, se le ordenó que se presentara en la Casa de Gobierno para que el padre del hoy sospechoso del homicidio le entregara U$S 200 para que afrontara todos los gastos que se le presentara. Nunca se pudo confirmar de dónde sacó el dinero y cuál era el objetivo de esa búsqueda, puesto que días después encontrarían el cuerpo de la estudiante sin vida.