Por Gustavo Rodríguez
23 Febrero 2021
UN AÑO SIN LA BANCA. José Alperovich está de licencia sin goce de sueldo desde el 27 de noviembre de 2019.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió hoy confirmar un fallo de la Sala III de la Cámara Penal, dictado el 25 de febrero de 2019, en el marco de la causa que investiga el crimen de la estudiante Paulina Lebbos y las maniobras de funcionarios públicos para su encubrimiento.
La sentencia del máximo tribunal no evita la prescripción de la causa, que se concretará al cierre de esta semana.
El fallo firmado por Claudia Sbdar (presidenta de la CSJT), Stella Maris Arce y Wendy Kassar fue dado a conocer hace unas horas deja firmes las sentencias dictadas en el marco de aquel debate oral y público en contra del ex secretario de Seguridad; Eduardo Di Lella; del ex jefe y ex subjefe de Policía, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, y del ex encargado de la Regional Norte, Héctor Brito.
La diferencia radica en que ahora, por disposición de la CSJT, deben ser investigados Sergio Kaleñuk, César Soto y Esteban Gómez como posibles autores del crimen de la estudiante, desaparecida el 26 de febrero de 2006 y hallada 13 días después sin vida a la vera de la ruta 341, poco después del acceso a Tapia.
Además, la sentencia del máximo tribunal también deja abierta la posibilidad de que sean investigados el senador (en uso de licencia) y ex gobernador de Tucumán, José Jorge Alperovich; y actuales funcionarios del Gobierno de la Provincia, como el subsecretario de Seguridad, José Ardiles, para haber incumplido con sus deberes como funcionario público al haber aceptado el ascenso del ex comisario Enrique García, uno de los condenados por su actuación tras el crimen de Paulina.
PAULINA ALEJANDRA LEBBOS. La estudiante de Comunicación fue asesinada en 2006. Foto: Archivo
Sin embargo, la Justicia tiene dos días hábiles para decidir si les imputan o no los delitos a los nuevos sospechosos en el expediente "Lebbos". Si no se cumple con este paso hasta el viernes a las 24, la causa se prescribirá por el paso del tiempo, por lo que podría iniciarse acciones penales en contra de estos hombres. En los hechos, aparece como muy poco factible que esta situación se concrete, puesto que el Ministerio Público Fiscal debería reunir las pruebas necesarias para al menos citar a declarar a los nuevos mencionados en carácter de imputados, única acción que podría frenar la prescripción.
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