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Un reporte de Presidencia de la Nación arroja que el 47% de la población del país, es decir 21 millones de personas, es pobre porque vive en condiciones de marginación: subsisten de manera precaria, en viviendas hacinadas, con empleo en alta informalidad y con grandes dificultades para el acceso a la salud. Los más afectados son las niñas, niños y adolescentes: el 55% de los menores de 18 años en el país vive en estas condiciones.
Este reporte de pobreza es multidimensional y no toma en cuenta solamente el nivel de ingresos, como sueldos, jubilaciones o prestaciones sociales, para acceder a canastas alimentarias. La medición de pobreza del Indec establece el valor de canastas alimentarias y canastas familiares y los grupos familiares que no puedan acceder a estas, por su nivel de ingresos, conforman los universos de personas bajo la línea de la pobreza o de indigencia. De acuerdo a esta medición, en el primer semestre de 2020, el 40,9% de la población se encuentra bajo el umbral de pobreza.
Los datos de la nueva medición de pobreza se desprenden del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, un organismo dependiente de Presidencia de la Nación. El reporte corresponde al primer semestre de 2020. Esta medición multidimensional busca establecer los segmentos de la población bajo la línea de pobreza con parámetros diferentes: vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, trabajo, acceso a la salud y protección social. De esta manera, puede haber segmentos de la población que pueden ser pobres por la medición multidimensional pero no pobres por ingresos: una familia que vive en un asentamiento sin acceso a servicios básicos ni condiciones dignas, pero que reúna los ingresos mínimos establecidos para acceder a una canasta de alimentos.
El reporte del organismo, cita Clarín.com, explica que se toman en consideración los materiales de la vivienda, la tenencia del terreno, hacinamiento o la ubicación en una zona inundable. En educación se consideran las inasistencias a las escuelas en edades escolares. “El índice permite realizar un análisis basado en múltiples dimensiones dando cuenta de una realidad social compleja en relación a las condiciones de vida de las personas y familias vulneradas en sus derechos”, reza el informe.