Hoy se reanuda el juicio que afronta el arquitecto Miguel de la Cruz Grandi, responsable de la firma Grandi, que se dedica a la construcción de inmuebles. Se espera que en la audiencia de este lunes expongan los funcionarios municipales que fueron llamados a testificar sobre los supuestos hechos ilícitos.
A la causa la iniciaron Eduardo Méndez y Noelí Cascales, quienes sufrieron el derrumbe de parte de su vivienda de Virgen de la Merced al 200, en el microcentro de la capital. La casa estaba pegada a un terreno donde se había cavado un pozo para comenzar la construcción de un edificio. El desplome de la propiedad ocurrió el 17 de febrero de 2014.
Estrago doloso
El proceso fue abierto como consecuencia de la denuncia incoada contra el arquitecto y desarrollador inmobiliario, a quien se atribuye la presunta comisión de un delito que por primera vez llegaría en nuestra provincia a la etapa de juicio oral.
El Código Penal tipifica al estrago como “un daño de grandes dimensiones que pone en peligro la seguridad pública: la vida de las personas y los bienes”. El dolo, “la voluntad realizadora del delito”, se refiere a la intencionalidad que tuvo el autor en el hecho, para ello se debe descartar un error o impericia. Esa es la acusación que el abogado querellante Joaquín Olaizola intentará probar junto al ministerio Público Fiscal (MPF). Por otro lado, la defensa del arquitecto está encabezada por el litigante Adrián Jorge Ghiringhelli.
Entre los testigos vinculados a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán llamados a declarar hoy están los ingenieros Severo Tablada Ortíz y Elena Forgas, y el ex subsecretario de Planificación Urbana municipal, Luis Lobo Chaklián, quien en una entrevista a nuestro diario en 2014 había dicho: “hay ciertos constructores como el arquitecto Miguel de la Cruz Grandi, responsable de la empresa que está construyendo en Virgen de la Merced al 200, que son infractores recurrentes. Anteriormente, en las obras de las calles 9 de Julio al 600 y San Lorenzo al 1.200 tuvimos problemas similares”.