22 Febrero 2021
Lourdes Jiménez Brito - Candidata a doctora en Ciencia Política por el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México
En marzo de 2021 se cumplirá un año del inicio de la pandemia mundial desatada por la covid-19. El distanciamiento social y el confinamiento han sido las medidas más extendidas para la mitigación del virus. La política no es ajena a estas condiciones y el funcionamiento de las instituciones políticas se tuvo que adaptar inmediatamente. El Congreso sesiona en forma virtual; las reuniones ministeriales se celebran con sana distancia o en forma telemática; los poderes ejecutivos de todos los niveles han procurado extremar cuidados con la finalidad de continuar operando especialmente en un momento crítico como la campaña de vacunación masiva en todo el país. En este contexto se debate la posibilidad de suspender la celebración de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas en el calendario electoral de este año.
A finales de 2009 se sancionó la Ley 26.571 llamada de la Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Con ella se introdujo la obligatoriedad de celebrar primarias como parte del proceso electoral. La ley estableció que para la designación de candidatos a todos los cargos electivos nacionales se aplicará este sistema en todo el territorio, un mismo día y para todos los partidos. La ley impuso, además, la condición de que los partidos deben obtener al menos 1,5 % de los votos válidamente emitidos en las PASO para poder participar de la elección general. Las PASO fueron diseñadas como un mecanismo institucional de fortalecimiento de los partidos en tanto les permite dirimir disputas internas y evitar la gran fragmentación de la oferta electoral. Si bien su implementación no ha sido siempre determinante para definir candidatos, es innegable el rol que han cumplido en la construcción de alianzas electorales más estables y competitivas. A más de 10 años de distancia de su implementación, la clase política se encuentra debatiendo hoy la posibilidad de suspenderlas aduciendo dos tipos de razones: económicas y epidemiológicas. Sin embargo, ninguna de ellas son buenas razones para suspender el normal y democrático funcionamiento de las instituciones políticas argentinas.
El 11 de diciembre pasado, el diputado nacional Pablo Yedlin, presentó un proyecto de ley que establecía la suspensión de las PASO previstas para 2021. El sector político que impulsa la reforma (una parte importante del Frente de Todos, especialmente sus gobernadores) manifestó a los medios que, dado el actual contexto de crisis económica y sanitaria, sería más conveniente que no se realicen este año. El presidente Alberto Fernández ha dejado entrever que está dispuesto a promover la suspensión de las PASO -aunque no a encabezar las negociaciones- siempre y cuando haya un consenso amplio que incluya a todo el arco de fuerzas políticas, específicamente a todos los gobernadores del país y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y es que la suspensión de las PASO afectaría más a la coalición Juntos por el Cambio ya que pueden perder la oportunidad de ordenar la oferta electoral opositora y llegar a las elecciones generales con un sólo candidato. Sin ellas la oposición puede verse fragmentada y perjudicada en su misión de aglutinar votos.
Por otro lado, el argumento económico no sólo es falaz, sino que es potencialmente peligroso. El buen funcionamiento de las instituciones políticas necesita de recursos económicos para poder dar cabal cumplimiento a sus objetivos. La puesta en marcha de un proceso electoral es costosa porque el mantenimiento de una estructura política democrática y republicana lo es. Se trata de una inversión pública en el sostenimiento y desarrollo de las instituciones políticas que definen el destino de nuestro país. Por otro lado, si la actual crisis económica pudiera ser tomada como una razón válida para suspender la celebración de elecciones primarias, entonces, ¿las futuras crisis económicas también lo serán? Admitir este argumento implica aceptar que en el futuro las crisis económicas puedan ser utilizadas como una causa para suspender el normal funcionamiento de las instituciones políticas y eso resulta peligroso para la consolidación de la democracia. Ahora bien, lo que sí resulta razonable en el contexto actual es promover una campaña electoral austera y con renovados límites a los gastos permitidos como una forma de equilibrar el gasto público.
Por otro lado, el argumento epidemiológico tampoco tiene mucho sustento. A casi un año del inicio de la pandemia y con un esquema de vacunación masiva en marcha, existen mejores condiciones que antes para poner en funcionamiento protocolos especiales que permitan llevar adelante el proceso electoral en condiciones seguras. Son numerosos los países que no sólo han celebrado elecciones, sino que han demostrado la suficiente capacidad institucional para conducir exitosamente un proceso electoral durante la pandemia (Estados Unidos, Francia, Australia, Chile, entre decenas de otros estados). Además, en nuestro país se ha anunciado recientemente el regreso a las aulas en forma presencial con protocolos para prevenir contagios. ¿Acaso no podemos pensar en el diseño de protocolos adecuados para garantizar la celebración del proceso electoral? Claro que es posible y de hecho la Cámara Nacional Electoral ya había dispuesto -desde junio del año pasado- la conformación de un grupo de trabajo para evaluar el impacto de la pandemia en el proceso electoral. Con ese afán, requirió al Ministerio de Salud la inclusión en el “Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19” de las personas que actúan en la organización y ejecución del proceso electoral en curso.
Por otro lado, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) publicó una guía sobre cómo realizar comicios en estas circunstancias denominada “Elecciones argentinas 2021: ¿cómo organizar los comicios subnacionales en escenarios de pandemia o pospandemia?”.
Se ha argumentado que el mes de agosto -mes previsto para celebrar las PASO- coincide con la época invernal y con un posible pico de contagios. Si realmente esa fuera una razón de peso, entonces no es necesario suspenderlas sino, más bien, postergarlas para la primavera y modificar el resto del calendario hasta concluir con el desarrollo de todo el proceso electoral.
No debe sorprendernos que los actores políticos reformen las reglas de juego de acuerdo con sus preferencias e intereses. Es parte de la dinámica política. Sin embargo, en un sistema político democrático y republicano, el ejercicio del poder es limitado. No hay que olvidar que el calendario electoral ya está en marcha y suspender las PASO podría tener más efectos negativos que positivos: afecta la calidad institucional; genera desconfianza entre los actores políticos y la ciudadanía; podría afectar intereses potenciales de partidos opositores y, sobre todo, provoca una dosis extra de incertidumbre completamente innecesaria para los tiempos convulsionados que vivimos.
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