Fricciones, chispazos internos y algunos exabruptos condimentaron la segunda sesión extraordinaria de la Legislatura en este 2021 electoral. Con todos los temas consensuados en Labor Parlamentaria y siendo la mayoría convenios del Poder Ejecutivo que buscaban luz verde para seguir su curso, se preveía una jornada de baja tensión. Sin embargo, el debate del proyecto de ley contra las usurpaciones que impulsó el alfarista Raúl Albarracín crispó los ánimos de su compañero de interbloque Federico Masso (Libres del Sur) y generó reacciones de todo el arco político de la Cámara.
La iniciativa, que fue respaldada por las bancadas peronistas y republicanas, propone la creación de un equipo interdisciplinario de prevención de usurpaciones para la intervención temprana en los casos de los delitos de usurpación de la propiedad. Además, fija las obligaciones que deberá cumplir el grupo conformado por un representante del Ministerio Público Fiscal, otro del Ministerio de Seguridad y el jefe de Policía Tucumán.
“Queremos dar un mensaje de la defensa del derecho a la propiedad”, remarcó el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Seguridad y coautor del proyecto. Albarracín, a continuación, subrayó que la iniciativa nació por el auge de las usurpaciones que se dieron en los últimos tiempos y que la premisa es garantizar el derecho constitucional de la propiedad. “Cuando hay una usurpación se genera una injusticia”, expresó en el recinto. A su vez, indicó que la iniciativa contaba con el respaldo de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT).
Masso, a su vez, se expresó en desacuerdo con el proyecto; resaltó que la toma de tierras es una consecuencia de un profundo déficit habitacional en la provincia (según dijo, unas 40.000 viviendas), y que se debe resolver ese problema de fondo. “Acá se nombra la Constitución para los artículos que quedan bien, pero los que hablan de los derechos para la gente los tenemos olvidados”, dijo. Y agregó: “cuando el legislador Albarracín dijo que le cayó muy bien a la Sociedad Rural, ahí completa a quiénes vamos a cuidar con este proyecto; ahora defendemos los derechos de la Sociedad Rural como si fuera una institución que se preocupa de la situación social de los argentinos...”.
El titular de Libres del Sur, a su vez, recordó que tiene presentado un proyecto para crear un banco de tierras para responder a una problemática social. “Es hora de que nos ocupemos sin hipocresía de los problemas de la gente; me llama la atención que el peronismo, que defiende a los que menos tienen, apruebe un proyecto que aumenta la represión”, lanzó.
Ante estos planteos, las reacciones no se hicieron esperar. El radical José María Canelada -coautor- se expresó en desacuerdo y señaló que “de ninguna manera el camino para ninguna solución social es la ilegalidad”. Vargas Aignasse, a su vez, aclaró que el proyecto no fue pedido por la SRT y que él no tiene ningún tipo de afinidad ideológica con la institución.
El legislador Walter Berarducci (PJS), que también firmó la iniciativa, salió al cruce de Masso. “Me sorprende que haya caído en desacreditar a un compañero de interbloque por presentar este proyecto”, dijo. Marcó que las usurpaciones son problemas que también alcanzan a personas comunes, no sólo terratenientes. Albarracín, en tanto, agregó que no se estaba debatiendo el déficit de la política habitacional, pero marcó que eso tampoco justifica actos ilícitos. “No sea gorila, Albarracín”, se escuchó repetir a Masso.
Nadima Pecci (FR) planteó que se estaban discutiendo cosas distintas. “De ninguna manera la pobreza puede justificar una usurpación; se toman tierras de pobres y de ricos”, dijo.
Los oficialistas Sergio Mansilla y Eduardo Cobos remarcaron que una usurpación no puede ser aceptada de ninguna manera, a la vez que plantearon que hay terratenientes que usurpan al mover las cercas de sus campos. El presidente de la bancada del PJ, Roque Tobías Álvarez, opinó que no se puede estigmatizar la ley y decir que está solamente apuntada contra los pobres. “No hay que ser demagogo y oportunista”, lanzó.