El alter ego de Romero Lascano

El miércoles será un día determinante para la decadencia “trucumana”. Los tiempos fueron manejados milimétricamente para concentrar en el 17 de febrero de 2021 definiciones respecto de dos jueces conectados a las líneas de alta tensión que mantienen electrificada a la institucionalidad: Juan Francisco Pisa y Enrique Pedicone. Los trenes habrían quedado alineados para que a la expulsión del segundo le siga el ademán de procurar la del primero. En el poder se entusiasman con la idea de “neutralizar” el malestar de las capas medias que el intendente Germán Alfaro interpretó y expresó con destreza política. En la Legislatura hay quienes razonan que avanzar contra Pisa legitimaría el avance contra Pedicone. Si bien la trayectoria de ambos manifiesta la degradación del sistema, sus pasados difieren a simple vista. Pisa exhibe una “poderosa debilidad” porque prestó durante más de 16 años servicios muy concretos para bloquear las denuncias de corrupción y sólo necesita una firma del gobernador Juan Manzur para jubilarse con el beneficio del 82% móvil. Pedicone, en cambio, no sólo impidió el cierre de causas sensibles, sino que también fue sentado ante el Jurado de Enjuiciamiento luego de denunciar al vocal Daniel Leiva.

En el foro no pasa inadvertido que Pisa no es un electrón loco susceptible de ninguneo. El juez que invalidó los audios grabados por Pedicone para incriminar Leiva, y dispuso que la causa sea tramitada -sin querellantes- con el esquema cerrado y escrito del viejo Código dispondría de información capaz de detonar el orden de poder establecido. Es una pieza demasiado identificada con quienes manejan las riendas de la Justicia. Llegado el caso de que la comisión legislativa de Juicio Político resolviera solicitar su expulsión al Jurado, Pisa podría acudir a los Tribunales para exigir la aplicación de la jurisprudencia que obtuvieron en 2013 dos de los tres camaristas que absolvieron a los imputados del caso “Verón”: los jubilados Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena. Esos fallos consideran que el pase de la judicatura al sector pasivo es un derecho humano fundamental que el Poder Ejecutivo está obligado a aceptar. Una hipótesis de salida semejante implicaría, por un lado, trasladar nuevamente a la magistratura el costo de una decisión impopular y, por el otro, un triunfo para un oficialismo acostumbrado a cargar sobre los jueces -no los fiscales- la responsabilidad por todo lo que no funciona, empezado por la inseguridad.

Con prescindencia de si jurídicamente corresponde o no que Pisa se marche con su privilegio previsional, la sola idea de que sean los Tribunales los que terminen dándole la razón genera escozor en función del derrotero de Pedicone. Por una vez es sencillo explicar lo que ocurrió en ese mundillo tan peculiar: todos fueron “no”, declaraciones de incompetencia, excusaciones y recusaciones en cámara lenta. Ya se perdió la cuenta de cuántos procesos promovió Pedicone en la provincia con la asistencia de sus abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig para exponer hechos lesivos de los derechos de defensa, y a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Tan impermeable fue el Poder Judicial local ante lo que los demandantes califican como “pelotón de fusilamiento” que estos empezaron a poner las fichas en gestiones en instituciones extranjeras. Aunque en teoría aún puede salvar el cargo en el Jurado, la jubilación que tanto preocupa a Pisa y la posibilidad de ocupar puestos públicos, Pedicone ya se da por echado. Es un muerto raro golpeado por los gobernantes y abandonado por sus pares: una especie de alter ego de Eduardo Romero Lascano.

El procedimiento de destitución de un juez pega en las vísceras del sistema judicial. Los magistrados no pueden evitar la identificación con el colega caído en desgracia: no pueden evitar verse, eventualmente, en el mismo vía crucis. Por eso solía existir un celo especial para que este tipo de enjuiciamientos no se convirtiera en un campo orégano para los oficialismos de turno que diese definitivamente por tierra con la garantía sagrada de la independencia judicial. Tanto fue así que el Jurado de Enjuiciamiento creado en 2006, un órgano con problemas serios de diseño, recién pudo debutar el año pasado con el juzgamiento y la destitución de un juez ordinario, Roberto Guyot. Fue Leiva quien, como titular, se encargó de hacerlo funcionar. Hasta 2020 el cuerpo no había logrado cumplir el objetivo de depurar la Justicia porque su proceder poco prolijo, por decirlo de alguna manera, siempre chocaba contra una cautelar que frenaba la avanzada. El caso testigo de esa dinámica es, precisamente, el tercer camarista del caso “Verón” y el único que no reunía los requisitos para jubilarse.

A Romero Lascano lo acechaba la mamá de la víctima y activista antitrata mimada por el kirchnerismo, Susana Trimarco. La absolución que él, Herrera Molina y Piedrabuena dictaron en 2012 desembocó en una crisis política hasta el punto de que el vocal Daniel Posse, hoy presidente del juicio de Pedicone, fue convocado de urgencia a formar el Jurado de Enjuiciamiento. Con el ex legislador Sisto Terán a la cabeza, el Gobierno hizo todo lo que podía para agradar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero la Justicia, que luego dio vuelta el fallo absolutorio, se encargó de proteger al tribunal. En el caso de Romero Lascano, la Corte le otorgó la medida cautelar que aquel había solicitado. Luego la Corte de la Nación resolvió que el procedimiento de expulsión continuara: se suponía que contra dicha orden no cabían más dilaciones, pero una Corte integrada por los camaristas Salvador Ruiz (fallecido), Marcela Fabiana Ruiz y Carlos Ibáñez libró en 2016 una segunda cautelar. ¿Cómo hizo para parar otra vez el jury? Para Romero Lascano fue suficiente con esgrimir que había hecho una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumento que -¡atención!- el Gobierno consintió. Esa jurisprudencia única muestra que la magistratura, cuando quiere intervenir, encuentra razones hasta en la foliatura de las fojas. Por oposición, cuando prefiere quedarse al margen, no ve ni las manadas de elefantes. Por eso ante la cancha inclinada en contra que le tocó a Pedicone ya hay quienes consideran que sus verdugos fueron los propios jueces, no los políticos.