“La Justicia confió en Regudero y él la defraudó”

“La Justicia confió en Regudero y él la defraudó”

La familia que asumirá como querellante en la causa adelantó que pedirán que se le impute un delito más grave.

HORROR. Manchas de sangre en la parada donde ocurrió el crimen. la gaceta / foto de Ines Quinteros Orio HORROR. Manchas de sangre en la parada donde ocurrió el crimen. la gaceta / foto de Ines Quinteros Orio

Walter Mauricio “Chino” Regudero, de 26 años, enfrentó ayer su primera audiencia como acusado del crimen de la enfermera jubilada Luisa Susana Mansilla, de 60 años. La Justicia resolvió que permanezca seis meses detenido con prisión preventiva hasta tanto la investigación concluya y pueda solicitarse la apertura de juicio.

La auxiliar fiscal Luz Becerra, quien se desempeña en la Unidad Fiscal de Homicidios que dirige Carlos Sale, le imputó a “Chino” el delito de homicidio en ocasión de robo. Según acusó la fiscalía; el lunes 8 de febrero a las 6.50, Mansilla esperaba el colectivo en la esquina de Siria y Paraguay cuando Regudero se le acercó para asaltarla, con un cuchillo tipo sierrita, con mango de madera. Le lanzó varias estocadas para cortar la tira de la cartera de la enfermera. Ante una presunta resistencia de ella, “Chino” le asestó una puñalada en el pecho y una segunda puntada en la espalda, según precisó la auxiliar fiscal.

Becerra sustentó su acusación con los videos de las cámaras de seguridad de los comercios de esa zona, las actuaciones policiales y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, que recogieron testimonios coincidentes entre los testigos y en el sumario policial elaborado. “Un taxista lo persigue hasta que él tira la cartera; otro testigo toma el bolso del piso y se lo lleva de nuevo a la mujer, que terminaría muriendo en el lugar”, indicó la investigadora. También advirtió que varios testimonios hablaban de un joven delgado, apodado “Chino” y conocido en la zona del “Chivero”.

“Desde el teléfono de la víctima llamaron a su hijo, le dijeron que fuera rápido al lugar porque habían asaltado a su mamá. Cuando el joven llegó su madre estaba recibiendo primeros auxilios pero nada se pudo hacer. La gente que intentó auxiliarla le entregó al joven las cosas de su madre: el teléfono, dinero y una vincha. El bolso quedó secuestrado para su análisis”, describió Becerra sobre el impactante momento que vivió Juan Ignacio López Mansilla, quien sólo le pidió a la jueza que Juana Juárez le diera al acusado un plazo razonable en prisión: “debe seguir en la cárcel el mayor tiempo posible para que no dañe a más nadie”.

La defensa estuvo en manos de Luciana Barnes, quien accedió a que se aplicara prisión preventiva, aunque sugirió que el plazo fueran 40 días y además pidió que se investigue un posible caso de apremios ilegales contra Regudero en la comisaría 5a. La magistrada dio lugar al segundo planteo, pero falló en favor de la fiscalía, que pedía seis meses de preventiva porque es el plazo estimado para obtener los resultados de ADN que serán solicitados y que no se realizan en Tucumán. Ninguna de las partes objetó la resolución.

“Lo desaprovechó”

Al momento de dar su sentencia, la jueza no pasó por alto una de las cuestiones más controversiales del caso. Regudero había esquivado en octubre del año pasado el inicio de un juicio oral en su contra al lograr un acuerdo con la Unidad Fiscal de Flagrancias, aceptando su responsabilidad en otro hecho y ofreciendo una probation para quedar libre bajo ciertas condiciones -que incumplió-. “Regudero no ha sabido aprovechar el beneficio de la ley le permitía. La Justicia ha confiado en él, y él la ha defraudado”, reflexionó Juárez.

En ese momento, las condiciones para la libertad de “Chino” eran el pago de $ 4.000, realizar trabajo comunitario e iniciar rehabilitación por sus adicciones.

Por otra parte, ayer asumió Álvaro Zelarayán como representante legal de la familia Mansilla, que actuará de querellante. Según trascendió, el primer paso será solicitar que a Regudero se le impute por homicidio criminis causa, que contempla una condena de 35 años de prisión efectiva.

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