Defensor del pueblo: dos candidatos y 49 inscriptos testimoniales

El primer defensor del pueblo debería ser el Gobernador. Y también deberían ser férreos e inquebrantables defensores del pueblo los legisladores, concejales, intendentes y comisionados rurales. ¿Para qué los eligió el pueblo si no es para que conformen la primera y principal línea de defensa de sus intereses? Y por supuesto, el Poder Judicial en su conjunto no puede integrar otra cosa que una maciza fortificación capaz de defender al pueblo de quienes violan ley. Pero se da el caso de que nada de esto es suficiente. Ni el Gobernador, ni los otros Poderes del Estado son suficientes para defender al pueblo, así que un instituto -la Defensoría del Pueblo- tiene rango constitucional y debe ocuparse de cuidar de tanto ciudadano desamparado, sediento de justicia y vulnerado en sus derechos más elementales. Defensores del pueblo hay en todo el mundo y la razón de su existencia no revela otra cosa que la falla gruesa del sistema. Pueblos que necesitan defensores a causa de la inacción -en el mejor de los casos- de aquellos que miran para otro lado y se desentienden de su misión fundamental, que es defender al pueblo. En otras palabras: si los Poderes del Estado hicieran las cosas bien no sería necesario un defensor del pueblo. Bastaría y sobraría con el trabajo de aquellos elegidos por el Soberano.

* * *

Lo central para que un instituto de estas características funcione es su absoluta independencia de los que mandan. Así lo entendieron los suecos cuando crearon la figura del ombudsman a comienzos del siglo XIX. Claro que la calidad institucional escandinava está tan lejos de la tucumana como la Tierra del Cinturón de Orión. Mientras el defensor del pueblo y su equipo de trabajo dependan del poder de turno el margen de acción quedará acotado por la línea política que le bajen. Esta perogrullada no siempre queda clara para el conjunto de la sociedad. El objetivo de la Defensoría del Pueblo, tan nítido en su concepción (“la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución” y en los tratados internacionales), suele quedar entrampado. De un lado, los ciudadanos que piden cobijo; del otro, los patrones políticos de turno. Veamos el panorama actual.

* * *

Hay 51 inscriptos para ocupar el cargo, pero en los hechos sólo dos cuentan para la Legislatura, que es la encargada de la elección. Uno es el actual defensor del pueblo, Fernando Juri Debo, aspirante a la reelección. El otro es el legislador Eduardo Cobos. Los dos son oficialistas, así que la independencia política queda para los ingenuos que todavía creen en esa clase de cosas. Juri Debo es hombre del gobernador Juan Manzur; Cobos responde al vice y titular de la Cámara, Osvaldo Jaldo. La decisión es, finalmente, una interna del Gobierno. O”la” interna, mejor dicho. Quienes siguen de cerca el tema dan por hecha la designación de Cobos, que para guardar las formas renunció a la afiliación al PJ. Los “manzuristas” no se resignan. La señal más clara para determinar cómo se contaron los porotos correrá, seguramente, por los nombres de los defensores adjuntos que vayan a nombrarse. Ahí quedará develada la jugada. Lo que a nadie se le ocurre, porque seguramente se le reirían en la cara, es acordarse del pueblo que deberá defender el elegido; de lo que ese pueblo opina, necesita, reclama, espera.

* * *

Por caso, ¿qué mejor lugar que la Legislatura para defender al pueblo, nada menos que el ámbito en el que se construyen las herramientas que el pueblo precisa para mejorar su calidad vida? Cobos está en el lugar ideal en el momento exacto, con todas las posibilidades a mano para crear esas leyes que sirven, justamente, para defender al pueblo. Se nota que prefiere defenderlo en otro lugar y de distinta manera. Y más a largo plazo, porque no tiene posibilidades de renovar la banca.

* * *

Este sainete con forma de interna -o esta interna con forma de sainete- eleva a la categoría de testimonial la candidatura de los inscriptos. Es interesante determinar qué lleva a un ciudadano a anotarse en una carrera que ni siquiera podrá largar. Bernardo Lobo Bugeau fue secretario de Derechos Humanos de la Provincia durante la primera gestión de José Alperovich. Vive en Villa Mercedes (San Luis), donde trabaja en el Juzgado Federal. “La primera misión del defensor del pueblo es la protección de los derechos humanos, que es mi especialidad -sostiene Lobo Bugeau-. Además, se supone que la Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo e independiente, de mucha importancia para la calidad institucional de Tucumán, y eso me motiva a presentarme. Pero entiendo que la decisión depende de la voluntad legislativa, con todo lo que eso significa”. Ideas vs. realpolitk sería la síntesis.

* * *

La lista de postulantes es de lo más heterogénea este año y el “peinado” nombre por nombre ofrece toda clase de lecturas. El rango de edades es amplísimo; no así el de profesiones, ya que predominan los abogados. Hay apellidos repetidos de la arena política, como Mario Koltan, el ex legislador Iván Llorens Dip, Juan Santos Vega, Nicolás Juárez Dappe (actual subdirector de Tránsito de la Municipalidad de Yerba Buena), Ana Valoy (a cargo del Observatorio de la Familia en ese municipio), Daniel Ponce (ex gerente de Anses en Tucumán durante los años de Cambiemos) y Vanesa Castro (cercana al legislador Daniel Deiana, directiva de la Mutualidad). Nilda Médici Paz, jubilada como docente en la Facultad de Derecho, es la postulante de mayor edad. La más joven es Rocío Belén Paz, anotada como “estudiante” en el registro.

* * *

También figuran entre los inscriptos representantes de ONG y entidades intermedias, como el ambientalista Víctor Guardia, Gladys Morales Ebrahim (vinculada a la Fundación ODIN -Educación, Integración, Inclusión, Salud-), Miguel Francisco Paz (Unión de Usuarios y Consumidores de Tucumán), María Inés Guzmán (de la Fundación Corazón de Madre) y José García (Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores, Fodecus). Varios de los anotados son asiduos y fogosos asistentes a las audiencias públicas y así adquirieron una gimnasia que les permite reconocer cómo sopla el viento en las tiendas del Ersept y de la Defensoría del Pueblo cuando de debatir tarifas se trata.

* * *

Y entre ese mar de 51 postulantes al cargo tambien hay empleados de la Defensoría del Pueblo que suman su nombre a la lista como una forma de marcarles la cancha a quienes llegan para ocupar los despachos. No está de más cubrirse ante la posibilidad de traslados intempestivos, un clásico de la administración pública.

* * *

La cuestión de fondo es elevar la vara en un instituto tan valioso como la Defensoría del Pueblo, allí donde se ve de todo, se escucha de todo y en muchos casos los problemas encuentran solución. Cuando se mueve el cocotero vale poner estos temas sobre el tapiz de la opinión pública. Después las aguas se calman y la atención, lamentablemente, apunta para otro lado.