10 Febrero 2021
La inseguridad se transformó en una de las principales preocupaciones de los habitantes en la provincia. Ya no se puede hablar de sensación, sino de una dura realidad a la que ninguno de los tres poderes del Estado ha podido hallarle un rumbo con el que la sociedad pueda encontrar esa tranquilidad por la que tanto viene reclamando.
Los últimos hechos registrados en la provincia dan cuenta de que urge buscar un cambio. Una jubilada fue asesinada mientras esperaba el colectivo. A una niña le pusieron un arma en la cara para quitarle el celular en Aguilares cuando estaba en la puerta de su casa. El robo de motos durante enero se incrementó casi un 80% respecto al mismo período del año pasado. Y en el primer mes de 2021, se contabilizaron 14 homicidios, más del doble de los seis que se registraron en 2019. Esta difícil situación ha generado que muchos crean sentirse con derecho a hacer justicia por mano propia. Un joven que supuestamente estaba robando en una quinta de Lules fue atrapado por el sereno y otras personas, llevado a otro lugar, torturado y por último, ultimado de un balazo. Este fue el tercer caso de estas características en estos dos meses.
Muchas personas piensan ya en la renuncia de todos los responsables del área de Seguridad. Pero no se trata de nombres, sino de política. De nada servirá cambiar los hombres si no se cambia el plan que evidentemente ha fracasado rotundamente (todos los índices delictivos se han incrementado desde que los actuales funcionarios están en el ministerio) y si no realizan inversiones importantes para equipar humana, logística y tecnológicamente a la fuerza (la última gran compra fue la de armamento por U$S9 millones de dólares que terminó encareciéndose más de $150 millones de lo previsto). No se puede hablar de prevención del delito si el servicio 911, el que debe realizar esta tarea, cuenta con menos de 15 móviles (cuando se lo creó tenía 55) para atender todas las urgencias. Hoy, ese trabajo lo realizan policías a pie, cuando los arrebatadores en moto generan pánico. Por no mencionar problemas inesperados, como el de la seccional 3ª, que tendrá que mudarse porque la propietaria de la vivienda ha reclamado el predio y no renovará el contrato.
La Legislatura también está en falta. Hace más de un año se prorrogó la Ley de Emergencia de Seguridad, pero con algunas modificaciones. La más importante era la creación de una comisión que se encargaría de analizar todos los índices de inseguridad para poder realizar proyectos de normas o realizar sugerencias para abordar la situación. Pero ese cuerpo nunca se constituyó. Ni los oficialistas ni los opositores se dieron cuenta de la mora y nada de eso se hizo. Tampoco se está haciendo nada sobre la Ley de Narcomenudeo, que supuestamente debería estar en vigencia este año. Urge que ambas cuestiones sean al menos debatidas para que se transformen en herramientas fundamentales.
La Justicia no está exenta de responsabilidad. La mora judicial quedó expuesta cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Fiscales y jueces descubren diariamente que las personas a las que acusan de delitos fueron procesadas no una, ni dos, sino hasta 30 veces sin que hayan recibido condenas. El Poder Judicial está ante un enorme desafío: debería extremar los recursos para que esa situación se resuelva lo más rápido posible y tomar todos los recaudos necesarios para que no vuelva a producirse este cuello de botella. La celeridad ayudará, sin lugar a dudas, siempre y cuando los imputados acepten acogerse a una probation y un juicio abreviado y que las autoridades pertinentes controlen su cumplimiento. Pero si no lo hacen los que puedan deberán afrontar un juicio oral que tendría que realizarse en menos de un año. Es un tiempo alentador, siempre y cuando los operadores del sistema sepan utilizarlo.
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