Caso “Betty” Argañaraz: un crimen que todavía sigue generando debates

El próximo 31 de julio se cumplirán 15 años del crimen de Ángela Beatriz Argañaraz. El caso fue resuelto. Pero el misterio que gira en torno a qué hicieron con su cuerpo sigue intacto. La historia del caso de “Betty” dejó huellas que aún despiertan polémicas que dividen a la sociedad.

Cuando investigaban la desaparición y el crimen, la fiscala Adriana Giannoni y el secretario Ernesto Baaclini se cansaron de pedir prudencia a la prensa a la hora de publicar detalles sobre el caso, especialmente, la hipótesis de que las acusadas habían descuartizado el cuerpo de “Betty” para poder ocultarlo con mayor facilidad. Fuera de micrófono explicaron que temían que alguna persona las imitara y cometieran un crimen similar. El tiempo les terminaría dando la razón.

No se habían cumplido aún los seis meses del caso Argañaraz y los tucumanos se conmocionaron con un aberrante hecho. El 9 de febrero de 2007, dos policías ingresaron a la farmacia ubicada en avenida Avellaneda y Haití donde encontraron a su propietaria María del Valle Dip descuartizando el cuerpo de la contadora Liliana del Valle Cruz, a la que había matado tres días antes.

Los pesquisas sostuvieron y sostienen que la autora del hecho -que fue condenada a 12 años de prisión en diciembre de 2011- intentó imitar el crimen de la docente. Hubo muchos puntos en común. Citó a la víctima mediante engaños al lugar donde la mató y montó toda una escena para hacer creer que había desaparecido. Pero no pudo concretar lo que hicieron Nélida Fernández y Susana Acosta: deshacerse del cuerpo. La descubrieron antes de pudiera llevarlo a cabo.

En la cárcel

Fernández y Acosta tuvieron una intensa vida en la cárcel de mujeres que está ubicada en Banda del Río Salí. Según el personal del servicio penitenciario, desde un primer momento, Fernández mostró su carácter dominante. Esa personalidad la llevó a tener muchos problemas con otras internas, pero las más conocidas fueron las peleas que mantuvo con Ema Gómez, que cumplía condena por el homicidio del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz.

A lo largo de los años, se escucharon varios rumores sobre supuestas relaciones que mantuvieron las condenadas en el interior del penal. Versiones que nunca fueron confirmadas y que quedaron detrás de los muros de la prisión que está ubicada en el barrio Santo Cristo. Lo único cierto es que contrajeron matrimonio en el penal en octubre de 2013. Les pusieron varias trabas, pero terminaron dando el sí en una sencilla ceremonia que se desarrolló detrás de las rejas y con la presencia de muy pocos familiares.

Dos años después, Nélida cumplió con todos los trámites legales y cambió legalmente de género. Se llamó Marcos Daniel. Y esa decisión le generó numerosos problemas. Al enterarse de la novedad, Liliana Argañaraz pidió a la Justicia que, si legalmente era hombre, debía ser trasladado al penal de Villa Urquiza. Sus planteos -hizo varios en los últimos años- nunca progresaron.

“Es un pedido que no se podrá aceptar hasta tanto la provincia cuente con un espacio físico para el colectivo Lgbti. Por más que su identidad diga que es un hombre, biológicamente es una mujer. Tenemos la obligación de velar por su seguridad y, si es trasladada a Villa Urquiza, no se la podrá proteger”, indicó la jueza de Ejecución Alicia Merched, que confirmó que este es el único caso de estas características en todo el sistema carcelario de la provincia.

Polémicos pedidos

El 21 de enero, en una audiencia pública, Fernández y Acosta hicieron públicas sus intenciones de acceder a un régimen de libertad condicional. Pero al mismo tiempo quedaron al descubierto las miserias del servicio penitenciario y del sistema judicial a la hora de tratar los derechos de los presos.

La Ley es clara y contundente. Los penados, después de haber cumplido con la mitad de la condena, tienen derecho a solicitar autorización de salidas transitorias, siempre y cuando se hayan ganado ese derecho respetando las normas y teniendo una buena conducta, entre otras condiciones.

Ese beneficio no es caprichoso, sino que sirve para que los psicólogos, trabajadores sociales y funcionarios judiciales realicen informes cada dos meses sobre el comportamiento del penado. Esos trabajos son claves para que, cuando el interno cumplan las dos terceras partes de la condena, pueda o no transitar el camino de la libertad condicional. Los interesados acceden a esta condición cuando cumplen con tres puntos clave: lugar de residencia, qué actividad desarrollarán y si serán contenidos por su entorno familiar.

Pero las ex novicias jamás pudieron acceder a sus derechos. Desde agosto de 2016 estaban en condiciones de acceder a salidas transitorias, pero jamás se les otorgó ninguna. ¿Por qué? “Por la inacción de los defensores oficiales y del servicio penitenciario, que tiene la obligación de colaborar para que los internos accedan a este beneficio, o porque el juez (Roberto) Guyot (destituido recientemente por su mal desempeño como juez de Ejecución) se encargó sistemáticamente de rechazar cada uno de los pedidos”, respondió el abogado Gustavo Morales.

Vencidos todos los plazos, las condenadas solicitaron que se les otorgue la libertad condicional. Fijaron como domicilio la casa que ambas siguen teniendo en El Cadillal. Fernández indicó que compraría un vehículo con el dinero de la venta de un terreno familiar para dedicarse a trasladar personas en y desde la villa. Acosta, en cambio, continuaría estudiando Derecho, carrera que inició tras las rejas. Señalaron además que estarían contenidas por una hermana de Acosta y por la hija de ambas, que residen en una vivienda cercana a la suya.

El representante del Ministerio Público Fiscal, Gonzalo García García se opuso que accedieran a la libertad condicional teniendo en cuenta que no se habían realizado los informes sobre la evolución de sus conductas basada en la libertad transitoria y que el último expediente que se había iniciado era negativo.

La querella, encabezada por Liliana Argañaraz y representada por la abogada Mónica Ibáñez, también se opuso. La jueza Carmen Rosa López rechazó el pedido, pero ordenó que de manera urgente, se inicien los trámites para que empiecen con las salidas transitorias y así puedan ser evaluadas. Morales anunció que llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia de la provincia porque se violaron todos los derechos de los condenados por el crimen de “Betty”.

La jueza Merched, al no estar al frente del caso, prefirió no hacer declaraciones, pero sí consideró que se trata de un caso irregular. Una fuente judicial, en off, indicó: “es muy extraño todo lo que sucedió con estas condenadas porque si hay una carpeta para comenzar con las salidas transitorias, es porque estaban en condiciones de obtenerlas. Se les están negando derechos, pero lo más grave es que hay muchos casos como este y que no se resuelven, con lo quese generan problemas entre la población carcelaria”.

La ex fiscala Adriana Giannoni, que investigó el caso, sí opinó sobre este tema. “Hay que respetar a rajatabla lo que dice la Ley. Si están en condiciones de salir, deben hacerlo. Otra cosa completamente distinta es la discusión moral. Que no hayan mostrado nunca ninguna señal de arrepentimiento por el crimen que cometieron y, fundamentalmente, que nunca hayan informado qué hicieron con el cuerpo de esa pobre mujer es muy fuerte. Pero se debe respetar lo que dicen las normas que están vigentes”, opinó.

Los protagonistas

Ya han pasado 15 años del impactante crimen. En ese lapso sucedieron muchas cosas. Ángela Farías, madre de “Betty”, se fue de este mundo sin saber que había pasado con su hija, a la que lloraba todos los días. Con su muerte, por cuestiones legales, la familia nunca pudo ejercer el rol de querellante en la causa. Se fue de este mundo sin saber lo que había sucedido con Ángela, la hija por la que se le inflaba el pecho de orgullo.

Todos los investigadores que participaron del hecho ya se jubilaron o no forman parte del Poder Judicial. Los jueces Emilio Páez de la Torre, Alfredo Barrionuevo y Pedro Roldán Vázquez, que integraron el tribunal que condenó a las ex novicias, también colgaron la toga.

José Luis Fernández, hermano de Marcos, que fue absuelto, continuó con su vida y prefiere no hacer declaraciones. Lo mismo sucede con la hija de las penadas. La niña fue criada por los abuelos de Acosta y, luego de que fallecieran, se fue a vivir con una de las hermanas de la condenada. Les dio un nieto y desde hace mucho tiempo recibe asistencia de la Fundación Marita Verón.

En el colegio Padre Roque Correa, cuya disputa por la dirección generó el crimen, nadie habla del tema. “Siempre trataron de proteger la reputación tapando todo. Nunca le hicieron un homenaje a mi hermana y tampoco no hay ni un lugar que lleve su nombre dentro de la institución para que se la recuerde”, se quejó “Lili” Argañaraz.

Julio Navarro, ex pareja de la docente asesinada, también desapareció. “La última vez que lo vi fue el día de la sentencia. Después nunca más. Me dijeron que se había radicado en Buenos Aires o en Mar del Plata. Las cosas que se ventilaron en el juicio le hicieron mucho daño”, agregó la hermana de “Betty”. El ex secretario de la fiscalía que investigó el caso, Ernesto Baaclini, confirmó esa versión. “Estaba de vacaciones en Mar del Plata y me atendió en un restaurante. Me dijo que era mozo y que hacía otros trabajos para subsistir”, informó.

El reloj biológico de “Lili” Argañaraz pareciera haberse detenido el mismo momento que desapareció “Betty”. Su última aparición fue cuando los condenados por el caso solicitaron que se les otorgue la libertad. Otra vez pidió a gritos: “¡que digan dónde está para poder llorarla en su tumba!” Un clamor que es y será compartido por gran parte de los tucumanos.