Mensajes estériles por la seguridad

Tucumán siempre tiene ese no sé qué que lo hace diferente. Cuando la sociedad exige profundos cambios para poder vivir más seguros, los tres poderes del Estado protagonizan una pelea. Esa disputa no está originada por la imposición de una idea o de un proyecto, sino para determinar quién es el menos culpable de esta situación. Como en el antón pirulero, cada cual atiende su juego. Y los tucumanos siguen con esa sensación de no saber si podrán volver sanos y salvos a sus casas.

A saber: La semana pasada, en un informe publicado por LA GACETA se daba cuenta que sólo en San Miguel de Tucumán existían al menos 1.500 arrebatadores que no habían sido condenados. El jefe interino de la Unidad Regional Capital había aportado ese número. Y a partir de ese momento, se transformó en una persona no grata para el Poder Judicial. Fue citado por el Ministerio Público Fiscal para que aclarara sus dichos. No pasó lo mismo con el director de Tránsito Enrique Romero. El acérrimo crítico de las políticas de seguridad del gobierno de Juan Manzur le confirmó a nuestro diario que habían rechazado 1.432 pedidos de licencia porque sus solicitantes tenían antecedentes sin haber recibido sentencia. Robo, robo agravado y robo seguido de homicidio eran algunos de los delitos de los que estaban acusadas esas personas que buscaban conseguir un carnet de manejo.

La gran pregunta: ¿es una situación que merece tanta atención? La mayoría de los tucumanos dirá que no, pero lo que no sabe la sociedad es el verdadero mar de fondo. En los pasillos de tribunales de avenida Sarmiento hay un distanciamiento importante e inesperado. Se acabaron las buenas relaciones entre el MPF y la Policía. Reconstruir los vínculos fue uno de los mayores logros de la gestión del actual jefe Manuel Bernachi. En los últimos días, los hombres más encumbrados de la fuerza visitaron personalmente a varios fiscales para limar asperezas. Pero las gestiones serían en vano. Al parecer, el ministro fiscal Edmundo Jiménez, junto con algunos vocales de la Corte Suprema de Justicia, analizarían la posibilidad de crear la Policía Judicial, un grupo que se dedicaría a investigar los hechos y que le quitaría protagonismo a los uniformados. El proyecto está muy verde, pero no hay dudas de que generará malestar.

Hay otra batalla silenciosa que se está gestando en Tribunales y tiene que ver con la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Todos están contentos porque los casos que tardaban años en resolverse o que directamente no se resolvían, pueden tener condena en semanas. Eso es muy positivo, pero no puede tapar los horrores del viejo digesto. Con el sistema que se está poniendo, los fiscales descubren que hay personas que tienen hasta 50 detenciones, pero ninguna sentencia firme. Este dato es una clara muestra de porqué algunos delincuentes se sienten intocable. Es un tema de que muy pocos quieren hablar, aunque le pusieron un nombre: “régimen conclusional”. Se trata de un monstruo formado por alrededor de 50.000 causas que, si no se le presta atención, terminarán quedando impunes.

Diferentes criterios

Hay fuego cruzado entre fiscales y jueces. Los magistrados señalan que los investigadores llegan a las audiencias sin las pruebas suficientes para que una persona pueda quedar privada de su libertad o condenada. Los representantes del MPF señalan, en cambio, que los jueces son demasiados garantistas y que están alejados de la realidad. Lo único cierto en todo esto es que hasta el momento no hubo una reunión para aunar criterios y fijar posturas en conjunto. Lo único claro es que el nuevo digesto sólo fracasará si sus operadores no se adecuan a los nuevos tiempos.

Y por casa…

El legislador oficialista y cuasi funcionario del área de Seguridad Gerónimo Vargas Aignasse aprovechó que le dejaran picando la pelota para hacer un gol. Ante el silencio de una oposición que pareciera vivir en otra provincia, arremetió contra el Poder Judicial hasta el fondo. Calificó como aberrante la falta de condenas y les pidió a los jueces que trabajaran más. También solicitó a los fiscales que persigan penalmente a las personas que sean detenidas circulando con motos robadas.

Pero el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura no dijo ni una palabra sobre la demora en la creación de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad. Ese cuerpo, que debe tener representación de los tres poderes, es el ámbito ideal para discutir lo que él viene reclamando. El grupo que debe analizar qué compra de manera directa se hizo de recursos logísticos y tecnológicos para equipar a la fuerza. Es el lugar donde, con números en manos, fijar políticas de seguridad cuyos resultados no se producirán de manera inmediata, sino a largo plazo. Pero por estas discusiones estériles se pierde el tiempo mientras la sociedad exige respuestas.