Adepa, la SIP y Fopea consideraron en diciembre que la denuncia de Falú contra Benito era un ataque a la libertad de expresión

La Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se solidarizaron con la periodista Irene Benito en diciembre pasado, por considerar que la denuncia penal en su contra y en la del ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Francisco García Posse, es un ataque a la libertad de expresión.

La denuncia

Alfredo Falú había denunciado a fines de noviembre ante la Fiscalía de Mariana Rivadeneira  que García Posse contrató de forma irregular a Benito a los fines de la escritura de un “libro de estilo” para la redacción forense para el Colegio de Abogados que, según el denunciante, “nunca apareció”. Además, mencionó que la factura había sido confeccionada en junio de 2019. Por su parte, García Posse solicitó a la fiscala Rivadeneira que archive la denuncia de Falú por considerarla el producto de “una venganza”. Según García Posse, el denunciante “tergiversó de manera maliciosa y ocultó los hechos” para engañar al Ministerio Público Fiscal “hasta el grado de la estafa procesal”.

El denunciante Falú dijo que García Posse era socio e íntimo amigo del abogado Arnaldo Ahumada, defensor de Rigourd y del juez Enrique Pedicone. “Fue llamativo que García Posse, con la evidente intención de favorecer a Ahumada, incidió para que el Colegio denuncie penalmente una supuesta utilización extorsiva de la Justicia penal; pida auditorías a la Corte sobre la causa ‘Rigourd’ y hasta promueva un juicio político contra (el ministro fiscal Edmundo) Jiménez, nada de lo cual prosperó en nuestras instituciones republicanas”, observó. El abogado señaló que la periodista Benito dio amplia difusión “a la estrategia” y que “se crearon falsos personajes con falsos relatos” como (Roxana) Teves.  Por su parte, Teves desde 2017 le reprocha a Falú que habiendo sido su abogado la haya abandonado  en su causa, y criticó que el Colegio de Abogados haya “archivado” su impugnación contra Falú y otros colegas ligados al ministro Fiscal Edmundo Jiménez “hasta que la Justicia los condene”.

Falú sostiene que Benito debió “excusarse” de la cobertura de las tensiones institucionales que generó la decisión de Pedicone de denunciar al vocal Daniel Leiva por la supuesta presión que aquel ejerció sobre su independencia en el ámbito de una causa contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).

Según Falú, la periodista también “cayó en las operaciones de difamación” del vocal decano Antonio Daniel Estofán, quien fuera denunciado por supuesto acoso en sede administrativa por la maestranza judicial Elvira de las Mercedes Mayol. Esta, en su momento, denunció que Estofán,  “al atenderme, conjeturó que el motivo de la audiencia versaba sobre una causa penal fraguada por el abogado Alfredo Falú (por Andreani) y el ex fiscal Guillermo Herrera con la finalidad de evitar el pago de una indemnización. En esa situación expresó que el asunto se solucionaba de otro modo, y me dijo que podíamos salir, tomar algo y hacer algo más para luego proponer un encuentro sexual”. La denuncia de Mayol fue archivada en noviembre por la Comisión de Juicio Político.

Contra la libertad de expresión

La periodista Benito, al pedir a la fiscala Rivadeneira que archivara la denuncia en su contra, aseveró que la difusión de causas penales de interés público, y de casos de corrupción política y judicial son la razón de ser de los delitos que el abogado Alfredo Falú le imputó. “Basta con leer la denuncia para advertir muy claramente que a lo que verdaderamente se refiere el abogado Falú es a mi labor en LA GACETA, en especial cuando menciona los casos ‘Rigourd’, ‘Teves’, ‘Pedicone’ y ‘Mayol’, en los me imputa actitudes ‘tendenciosas’ y ‘maliciosas’”, refirió . Y añadió: “lo que el denunciante expone como si fueran ‘delitos’ son informaciones, opiniones y comentarios críticos que LA GACETA brindó a sus audiencias en el seguimiento de procesos judiciales sensibles. En esos casos las publicaciones fueron consensuadas y acompañadas también por notas de opinión de otros periodistas. ¿Cuáles podrían ser las razones para que LA GACETA no haya tenido que publicar nada al respecto?”. “Se trata de actuaciones donde intervinieron altos magistrados judiciales. No fueron hechos inventados por LA GACETA y por ninguno de sus periodistas, sino que realmente existieron. Además, fueron noticias publicadas no solo con mi firma, sino también con las de otros dos colegas (Federico van Mameren y Álvaro Aurane)”, precisó.

“Callar voces críticas”

El 7 de diciembre, el Foro de Periodismo Argentino  se solidarizó con Benito y advirtió que la denuncia penal presentada en su contra por Falú “sólo busca criminalizar el periodismo profesional y cercenar la cobertura de hechos de trascendencia pública”.  Fopea repudió “el acoso judicial y la campaña de hostigamiento a la que viene siendo sometida la colega por sus investigaciones”, y denunció que “se pretende utilizar el sistema judicial de Tucumán para callar voces críticas”.

También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó el 10 de diciembre  preocupación en  un comunicado en el que critica dos recientes intentos de criminalizar el trabajo periodístico en el país, de quienes investigan sonados casos de corrupción pública, entre ellos, el de Irene Benito. “Sus investigaciones sirvieron para destapar uno de los mayores escándalos que involucran a la justicia y la política en la provincia de Tucumán”, dijo.

El 16 diciembre, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó en dos tuits  su preocupación por la denuncia penal contra Benito “vinculada a sus publicaciones sobre el funcionamiento de la Justicia penal y la relación entre poderes. La periodista tucumana cubre uno de los mayores escándalos de corrupción político-judicial de la historia de su provincia”. “La denuncia va a contramano de nuestra tradición judicial y, en particular, de la despenalización de las expresiones que llevó adelante el Congreso de la Nación a partir de la condena al Estado argentino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Kimel”, agregó.