El abogado Alfredo Falú presentó en la Legislatura un pedido de juicio político, destitución e incapacidad para ocupar cargos a sueldo contra el juez de Impugnación Penal Enrique Pedicone, a quien acusa de mala conducta y de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Afirma que incurrió “en actos de parcialidad manifiesta y/o falta de independencia puesta de manifiesto por la observancia de influencias lesivas a la dignidad y autoridad de las funciones a su cargo”, o bien “en ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones… y /o incumplimiento en forma injustificada” de sus deberes. Falú ya había pedido en septiembre juicio político contra Pedicone en el marco del caso de la denuncia de este contra el vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva.
En este nuevo pedido sostiene que hubo “actos reprochables” de Pedicone cometidos en la causa “Factor S. A. s/ asociación ilícita y otros delitos”, que actualmente se tramita en la Corte Suprema de Justicia. Esta causa, dice, comenzó en 2016 contra el directorio y sindicatura de esa empresa, con domicilio en calle Lavalle y pasaje Caseros de Banda del Río Salí, por supuesta reiteración de estafas cometidas en perjuicio de clientes de la empresa en operaciones de compraventa de vehículos con financiación, “lo que encuadraría –dice- en las figuras de estafa, usura, evasión tributaria u asociación ilícita”. Menciona como antecedentes dos causas contra la firma Factor (víctimas José Roberto Luján y José Salvador Pérez) en las que los jueces dictaron sentencia absolutoria (en 2016) pero uno de los jueces en disidencia propiciaba la condena de Antonio Damaso Benito (titular de Factor).
Falú sostiene que Pedicone, en virtud de una apelación de la defensa, denegó una oposición contra el decreto del Dr Navarro Dávila que disponía prueba y luego la citación como imputados de los miembros de Factor. También, que declaró la nulidad de las actuaciones del fiscal auxiliar y sobreseyó “escandalosamente” a los acusados. Con ello, dice, Pedicone “pretendió impedir la investigación que por ley le cabe al MPF, declarando ab initio la inocencia de los acusados”.
En su presentación, el abogado que la firma Factor en 2018 estaba integrada por Damaso Antonio Benito, Giselle Susana Courtade y miembros de su familia. Menciona que Giselle Irene Benito “es quien se encarga de la cobertura de las noticias relacionadas al mundo judicial local del principal medio periodístico de Tucumán, LA GACETA”. Añade que –“tal como he denunciado en la causa ‘Benito, Giselle Irene y García Posse, Ramón Francisco S/ defraudación, víct. Colegio de Abogados”… “los hechos parecen demostrar que Giselle Irene Benito integraría un grupo… en el que… esta tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo y en perjuicio de quienes ellos entienden que se interponen a sus intereses (entre los que se puede citar a la mayoría de integrantes del MPF, del MPD y de aquellos que tengan o hayan tenido alguna relación con el Gobierno de Tucumán, del que dicho grupo es opositor).
Afirma además que en la causa Factor “se intentó desplazar al Dr. Maggio con el increíble argumento de que G. Irene Benito fue autora de notas periodísticas críticas al mismo en LA GACETA, lo que es una desfachatez e inadmisible abuso de suposición en dicho medio, puesto que implica la afectación a su arbitrio de la imagen pública de magistrados en la prensa masiva para después intentar utilizar ese argumento para apartarlos, dejando a quienes considera afines o proclives al intercambio de favores, como sería el caso del Dr. Enrique Pedicone, quien intervino en la causa Factor favoreciendo escandalosamente a la familia de Giselle irene Benito”… “mientras la periodista antes y después de ello intentó alevosamente promover la imagen pública de dicho magistrado en el medio para el que presta servicios”. Falú dice que “al grupo caracterizado por el intercambio de favores” “evidentemente se agregó a partir del año 2015 el denunciado juez Pedicone, quien es un reconocido enemigo público del Ministro Público Fiscal Dr. E. Jiménez”.
En ese marco, dice, “no sorprende que unos meses después G. Irene Benito participe de un descomunal despliegue periodístico por una insólita denuncia del Dr. Pedicone en contra del Dr. Leiva en base a unas supuestas grabaciones clandestinas e ilegales, y por una inverosímil denuncia de acoso sexual en contra del Dr. D. Estofán… quienes como miembros de nuestra Corte Suprema se atrevieron a ‘apercibir’ al protegido Dr. Pedicone luego de que este intentara celebrar la señalada audiencia indebida en los pasillos de tribunales”.
Pide que se corra traslado de la denuncia por 15 días al magistrado denunciado y que se lo acuse ante el jurado de enjuiciamiento y se lo destituya e inhabilite para ejercer cargos públicos en la provincia.