Pedicone enfrenta una semana definitoria para su carrera

Enrique Pedicone podría estar transitando sus días finales en la magistratura. El Jurado de Enjuiciamiento encargado de resolver si lo expulsa o no del Poder Judicial tiene en sus manos la posibilidad de liquidar esta misma semana el procedimiento que comenzó el 24 de noviembre. En principio y a menos que haya un cambio de planes, el cuerpo fijará en las próximas horas las audiencias orales y públicas para recibir los alegatos de las partes y comunicar la sentencia. La normativa autoriza al estrado especial a practicar los actos pendientes de modo tal que todo concluya este viernes. La defensa de Pedicone, que la semana pasada proclamó que el enjuiciamiento había fracasado, aún guarda las esperanzas de que una medida cautelar frene el desenlace. El juez, además, relató sus pesares al presidente Alberto Fernández por carta documento y le pidió que fije una postura durante su visita a la provincia (se informa por separado).

En total, cinco testigos brindaron su testimonio, todos presentados por la defensa (la lista original comprendía 21, pero el Jurado descartó 15). Debían comparecer seis, mas el secretario Fernando Valladares dio parte de enfermo el martes y el órgano que preside Daniel Posse lo eximió. Hasta el viernes sólo faltaba conocer la exposición de Eudoro Albo, compañero de Pedicone en la ex Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción y, como aquel, actual integrante del Tribunal de Impugnación de la capital. Albo se acogió al beneficio de contestar las preguntas por escrito. Fuentes del Jurado informaron que habían puesto las respuestas a disposición de las partes y que consideraban que con ese acto estaba cumplida la actividad relativa a la prueba.

Previamente, siete de los ocho miembros del organismo rechazaron cuatro pedidos de la defensa: el examen psicofísico de Valladares y su sustitución por otros testigos; la suspensión del plazo para la prueba, y un careo entre la secretaria de Superintendencia de la Corte, Gabriela Blanco, y Andrés Garmendia, relator del vocal Daniel Leiva. Los legisladores oficialistas Javier Morof, Dante Loza y Alberto Herrera; la legisladora Sara Alperovich (Hacemos Tucumán); el legislador alfarista Walter Berarducci; el fiscal de Estado, Federico Nazur, y el abogado Javier Critto consideraron improcedentes tales medidas (Posse no votó porque no pudo lograr que le habilitaran una conexión de Zoom). Los jurados consideraron que los cargos relativos a Valladares podían ser probados por medio de documentación; que la defensa no había impugnado los certificados médicos presentados por el secretario; que el careo no podía ser habilitado porque no estaban claras cuáles eran las discrepancias advertidas entre los testimonios y que en suma no había circunstancias extraordinarias que justificaran extender los términos.

La defensa de Pedicone sostiene que este enfrenta la posibilidad grande de ser privado del cargo por haberse atrevido a denunciar al vocal Leiva. El 1 de septiembre, el magistrado expuso que el juez supremo le había pedido que “manejara las intensidades” de una causa penal contra el legislador Ricardo Bussi (FR). Según la denuncia, Leiva habría formulado la petición invocando los nombres del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo. El vocal negó los hechos: dijo que la conversación registrada en una grabación no había existido o no constituía delito, y que todo era falso, incluso el acta labrada por el secretario Valladares donde este dijo haber escuchado cómo Leiva citaba a Pedicone para conversar antes de la audiencia del caso “Bussi”. Leiva adujo que era atacado por haber sancionado al juez en virtud de una actuación fuera de competencia en agosto.

El conflicto escaló hasta el punto de que la comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió desechar los planteos de destitución formulados contra Leiva y acoger todos los que objetan la actuación de Pedicone. Estas decisiones fueron tomadas con los votos del oficialismo, que controla las mayorías necesarias para archivar o dar curso a los pedidos de expulsión de la magistratura.