Tucumán: luego de tres años de proceso, remueven a un policía acusado de femicidio

El Gobierno provincial finalizó los trámites administrativos para desvincular de la Policía de Tucumán a un hombre acusado por el femicidio de su pareja, en 2017.

En la edición de hoy del Boletín Oficial se publicó el decreto 114/7 (SES), a través del cual el gobernador Juan Manzur dispuso "la desafectación y el cese inmediato del servicio activo como personal transitorio policial del Departamento General de Policía" de Maximiliano Sebastián Díaz, un joven de 31 años que está próximo a ser juzgado por el crimen de Karen Florencia Vera.

El instrumento detalla que el sospechoso permanecía en situación pasiva desde septiembre de 2017, poco después de la muerte de la joven de 22 años. En principio, detalla el decreto, la causa penal estuvo caratulada como "muerte dudosa", puesto que se había tomado como cierta la versión de que la mujer se había disparado a sí misma con el arma de Díaz. Sin embargo, la familia de la víctima apuntó contra el uniformado desde un principio. Sobre la base de las pistas obtenidas en la investigación, el agente fue aprehendido y luego imputado por el crimen.

Los informes oficiales consignan que Díaz está detenido bajo el régimen de prisión preventiva hasta el 27 de marzo próximo, a la espera del juicio oral por parte de la Sala IV de la Cámara Penal del Centro Judicial Capital. 

"Según el ordenamiento jurídico administrativo transitorio carece del derecho a la estabilidad administrativa, lo que el personal implica que con su condición es precaria y que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de disponer su cese sin expresión de causa, tal como lo prevé expresamente el artículos 6° del Decreto N° 3.434/7 (SSC) del 31/03/13", señala el decreto en los considerando.

Tras analizar las normativas vigentes, se indicó además "un agente designado como personal transitorio del Escalafón de Seguridad debe mantener los requisitos comunes exigidos para el ingreso del personal policial de todos los cuerpos previstos en el artículo 39 (entre otros, inciso 6: no registrar antecedentes judiciales ni penales de carácter doloso, entre otras) y, en cada caso, deberá verificarse la prohibición de ingresos en los supuestos previstos en el artículo 40 (inciso 3: el procesado ante la justicia nacional o provincial, hasta que obtenga sobreseimiento definitivo, con la aclaración de que el proceso no afecte su buen nombre y honor)".

"De las constancias de autos surge que el agente no cumplimenta ni mantiene los requisitos señalados por cuanto está imputado y fue aprehendido", sostiene el decreto publicado hoy. Y, sobre la base de lo dictaminado, se hace lugar al pedido de anulación de la designación de Díaz como uniformado, requerido por la Dirección General de Policía.