Caso “Betty” Argañaraz: así surgieron las sospechas contra las ex novicias

Era un viernes 4 de agosto de 2006. La actividad en Tribunales se moría paulatinamente, como sucede cuando el fin de semana está a punto de comenzar. Los tibios rayos de sol abrazaban a los ocupantes de los gélidos pasillos del edificio de avenida Sarmiento al 400. Cerca de la ventana donde se atiende al público de la fiscalía VIII se encontraban dos mujeres. Estaban nerviosas y una de ellas portaba una carpeta en la que tenía algún tipo de documentación. Eran Susana Acosta, secretaria del colegio Padre Correa y Nélida Fernández (actualmente Marcos, porque cambió su identidad), su amiga y con quien convivía. El ya fallecido empleado judicial Carlos Bustos Morón, al salir de la oficina, le hizo una seña al cronista de LA GACETA. “Caso ‘Betty’”, gesticuló con su boca sin emitir una palabra. Luego, se llevó el dedo índice a su ojo derecho. Fue la señal clave para informar que algo fuerte estaba por pasar con ellas.

Las mujeres estaban molestas porque llevaban horas esperando ser atendidas (una conocida práctica para ablandar a los testigos). Y se enojaron aún más cuando el equipo periodístico se acercó a entrevistarlas. En el tercer intento, Fernández se atrevió a hablar; su amiga, en cambio, se corrió un par de metros para evitar ser interrogada y, por supuesto, fotografiada por Jorge Olmos Sgrosso. Nadie antes las había tenido en cuenta. “Nos sentimos perseguidas. Aquí hay una caza de brujas en contra de nosotras para que se sepa qué pasó con Ángela Beatriz Argañaraz”, dijo. Horas después la trasladarían a una celda. Los fríos barrotes de los calabozos pasaron a formar parte de sus vidas desde ese día.

Fernández y Acosta hicieron el noviciado en Córdoba. Allí se conocieron. Terminaron sus estudios religiosos, pero decidieron no tomar los hábitos. Volvieron a Tucumán. Susana comenzó a trabajar como docente en el colegio hasta donde llegó a ser secretaria. Fernández, en cambio, trabajó en la Municipalidad de Las Talitas y fue secretaria gremial del Sindicato de Empleados Públicos de Tucumán. Vivían en un departamento en Catamarca primera cuadra con su hija de siete años y tenían una casa de descanso en la entrada de El Cadillal. Ese era su lugar en el mundo. El sitio donde todos los fines de semana se refugiaban para descansar.

Públicamente nunca reconocieron ser pareja. “Eran tiempos en donde este tipo de relaciones no eran aceptadas. Ellas tenían mucho miedo de que la Iglesia las apartara por la vida que llevaban. No se olviden que ellas eran de la pastoral y misionaban mucho. Mantuvieron oculta esa faceta pese a que podría haber sido considerado un atenuante. No lo hicieron y después se terminaron casando en prisión”, indicó una allegada que aceptó hablar con LA GACETA a cambio que no se revelara su identidad.

Gustavo Morales, defensor de las acusadas, no coincidió: “en una sociedad tan pacata y clerical como la tucumana, haber reconocido esa situación hubiera sido mucho peor. Fue todo un tema manejarla y debo destacar la prudencia con la que se manejó el caso, tanto de la fiscalía como especialmente los colegas Carlos Picón (actual fiscal) y Leonardo Coria, que representaban a la familia de Argañaraz hasta que le quitaron el rol de querellante”.

Los primeros indicios

Los investigadores sabían que la docente había abandonado su casa de El Manantial el lunes 31 de julio muy temprano. De allí, a bordo de un colectivo, se trasladó hasta Alem y Ayacucho. Después tomó un remise y se dirigió a un lugar desconocido. Con el correr de los días, varias personas aportaron detalles de una supuesta pelea por el poder de la dirección del establecimiento educativo donde trabajaban la desaparecida y la secretaria. “Betty” había sido elegida para ocupar el cargo, el mismo que deseaba tener Acosta. Ese rumor fue creciendo con el paso de las horas. Era el fuego que alimentaba las llamas de las sospechas, pero había que probarlo.

La ya jubilada fiscala Adriana Giannoni citó a su despacho al gerente de la empresa de telefonía móvil a la que pertenecía el celular de la docente para avisarle que necesitaba con suma urgencia un informe de las llamadas que había realizado y recibido y los mensajes de texto que envió y que le habían ingresado a la casilla de la mujer desaparecida. El ejecutivo, sin entender mucho lo que estaba ocurriendo, le dijo que tener ese informe tardaría al menos un mes.

“En realidad las compañías tardaban al menos 90 días en brindar esa información. La fiscala lo sabía y por eso pidió hablar con el gerente. Primero hizo todo un planteo de su responsabilidad social y de lo importante que era colaborar con la Justicia. Luego le advirtió al gerente que podría ser investigado por entorpecimiento si no brindaba con urgencia esos datos”, explicó el ex secretario de la fiscalía VIII, Ernesto Baaclini.

La estrategia desplegada dio buenos resultados. Al día siguiente de haber mantenido esa reunión, el directivo de la empresa le envió un informe preliminar de la actividad del celular de “Betty”. La fiscalía recibió un largo listado de las comunicaciones de la desaparecida. “Un día a la 1 de la mañana, con Bustos Morón descubrimos que Argañaraz había recibido el siguiente mensaje: ‘vení temprano que tengo un regalito para vos’. Seguimos buscando y el primer mensaje que envió la víctima el día que fue vista por última vez decía: ‘ya voy’”, explicó Giannoni en una entrevista con LA GACETA.

El dilema era saber con quién se había comunicado la maestra, ya que el titular de la línea no estaba identificado. La fiscala le pidió colaboración a Julio Navarro, ex pareja de la docente. Él dijo que era la que usaba Fernández. “Teníamos que corroborarlo. Le dije a Bustos Morón que llamara a ese número. Lo hizo, y cuando lo atendieron, él preguntó: ‘¿Hablo con Nélida Fernández?’ y le contestaron que sí. Cortó en el acto. Así se fue aclarando el panorama”, agregó la investigadora.

A los pesquisas se les presentó otro problema. La titularidad de la línea estaba a nombre de un vecino de Yerba Buena (supuestamente pariente de una de las sospechosas). Eso les impedía solicitar un allanamiento a la casa de las ex novicias. Otra vez tuvieron que recorrer la fina línea de lo legal e ilegal para poder avanzar en la causa.

Se presentaron en el despacho del por ese entonces juez de Instrucción Alfonso Arsenio Zóttoli para explicarle la situación. “Argumentaron que tenían la certeza de que el teléfono no estaba en manos de su titular y que lo usaba una de las sospechosas. Que sabían que la medida que habían solicitado era insólita, pero que era una de las pocas alternativas que tenían para resolver el caso”, explicó un funcionario judicial. El magistrado, también ya retirado, lo pensó y, después de algunas horas, firmó la autorización.

Medida en la madrugada

En la fría madrugada del 4 de agosto, cuando no había nadie  en las calles, un ejército de personas se presentó en el edificio donde vivían las sospechosas. Giannoni  estaba a la cabeza del grupo, integrado por Baaclini, Bustos Morón, personal de la ex Brigada de Investigaciones, los responsables de la recientemente creada División Homicidios, peritos policiales y efectivos de Guardia Urbana que se encargaron de que no se registraran incidentes.

Los investigadores tocaron el portero y se identificaron. A los minutos, bajaron Acosta y Fernández con ropa de cama y les abrieron la puerta del hall del edificio. Después de explicarles lo que estaban por hacer, las mujeres aceptaron, pero les pidieron que le dieran un par de minutos para que resguardaran a la niña de 7 años que vivía con ellas. Las autoridades dijeron que sí y cuando la pequeña fue llevada a una habitación, comenzaron la búsqueda.

“Fueron horas de tensión. Recuerdo que Fernández, cada 10 minutos, interrumpía la medida para ofrecernos café. Fue tan insistente que en un momento el secretario Baaclini le advirtió que estaban realizando una medida judicial y que no le podía ofrecer nada”, indicó uno de los efectivos presentes. “Con el tiempo nos acordamos de esta situación y nos preguntamos qué hubiera pasado si le aceptábamos la invitación”, recalcó Baaclini.

Del departamento se llevaron el celular de Acosta, documentaciones varias y el Ford Orion en el que se movilizaban. También dejaron un escrito. Era una citación para que ambas se presentaran horas después a declarar como testigo en tribunales. “No dijeron nada, se mostraron serias y confirmaron que lo harían. Nunca sospecharon que para nosotros ellas estaban involucradas en la desaparición”, indicó un ex investigador.

Giannoni aportó otra idea sobre la situación. “En este caso nos tuvimos que sacar la idea de la cabeza de que las sospechosas eran ex novicias, la idea de que por esa condición era imposible que estuvieran involucradas en un crimen”, concluyó.

Mañana, tercera entrega:
De testigos a imputadas por el crimen de la docente.