La pandemia dejó sin empleo a los más jóvenes y con menos educación

Los varones y las mujeres de hasta 29 años, de niveles educativos bajos y con trabajos informales fueron los más afectados en Argentina por la caída en la tasa de empleo registrada durante 2020 como consecuencia de la crisis económica producto de la pandemia y las medidas de aislamiento, según revela un estudio realizado por Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Para el tercer trimestre del año, últimos datos oficiales disponibles, los varones hasta 29 años fueron los que sufrieron una mayor baja en la tasa de empleo interanual, del 17%, seguido por las mujeres de esa misma franja etaria, con 11%. A su vez, la caída del empleo afectó en mayor medida a los y las trabajadores y trabajadoras de menores calificaciones. Quienes tienen estudios primarios incompletos redujeron su empleo en 28%, mientras que quienes tienen estudios universitarios lo hicieron en 7,6%, de manera interanual. También se produjo una gran variación según el tipo de inserción laboral. El empleo asalariado formal cayó en un 5,2% interanual, mientras que el empleo asalariado informal cayó 30%.

Estos datos forman parte del documento que analiza la estructura del mercado laboral argentino, el impacto del freno a la actividad económica durante 2020, y propone lineamientos para fomentar el empleo en contexto de crisis económica y sanitaria.

“Argentina tiene problemas estructurales en su mercado de trabajo, con gran heterogeneidad por sector, tipo de inserción laboral y población. Sobre esta estructura es que debemos evaluar el efecto de la Covid-19”, plantea Manuel Mera.

El trabajo desgrana el impacto de la pandemia y las medidas de aislamiento y distancia social en el mercado laboral. Así, muestra que la caída interanual (a octubre de 2020) fue de 241.200 puestos de trabajo, de los cuales 243.500 fueron asalariados. Al focalizar en los puestos que se perdieron por la pandemia, usando datos desestacionalizados, la caída total del empleo formal fue de 187.100 puestos de trabajo entre febrero y octubre, la mayor parte de los cuales (185.200) se dio en los asalariados registrados.

“Dos cuestiones se destacan de estos números. Por un lado, que el aumento en la caída del empleo no se debe a un aumento en las desvinculaciones, sino a una caída histórica en las incorporaciones. Hay que tener en cuenta que rige en la actualidad una prohibición de los despidos y doble indemnización. La implicancia que tiene esto es que el mercado laboral formal está parado, y esa falta de dinamismo deriva en una lenta pero constante caída del empleo. En segundo lugar, las barreras a las desvinculaciones de trabajadores formales derivaron en la utilización de mecanismos alternativos a la desvinculación. Los datos muestran un aumento significativo en la tasa de suspensiones que llegó a 8,84 en mayo y bajó hasta 3,85 en noviembre ”, detalla el trabajo.

El documento analiza también las variaciones en el número de empleadores según tamaño. En el período marzo – junio de 2020, el número de empleadores bajó cerca de 15.000 (-3%) para el mes de junio 2020. La concentración de la caída interanual se dio en mayor medida entre las microempresas (74.5% del total de bajas), empresas de hasta 10 trabajadores (9,7%), empresas entre 11 y 50 trabajadores (10.3%) y empresas de más de 50 trabajadores (5.5%).

“Los datos de situación de la producción y del mercado laboral a inicios de 2020 y la profundización de la crisis generada por la Covid-19 muestran un escenario social y económico preocupante. La caída del empleo y la actividad, especialmente del mundo informal, deriva en una recesión económica y un aumento de la pobreza. Frente a este panorama, es necesario pensar una batería de acciones para favorecer una recuperación”, sostiene el documento.

Paliativos y ayudas

Entre las acciones posibles se encuentran los mecanismos de sostenimiento y promoción del mercado laboral, como subsidios salariales, el seguro por desempleo y la reducción acordada de horas trabajadas para los formales, así como transferencias condicionadas para desempleados e informales. Otras son programas de empleo público, subsidios a la contratación y servicios públicos de empleo. Por otro lado, el aparente fin de los programas IFE y ATP implican la necesidad de “reorientar el gasto extraordinario hacia políticas de reactivación sin dejar desprotegidos a sectores de la población que tardarán en recuperar su situación de pre pandemia. El país tiene un amplio número de programas laborales y sociales, y deberá ser a través de ellos que se continúe con la contención de los afectados y la promoción de la vuelta a la actividad de los desocupados”, sostiene Mera.