22 Enero 2021
SENTENCIA. Nélida Fernández (hoy Marcos Daniel Fernández) y Susana del Carmen Acosta durante el juicio de 2009. Condenadas a 20 años de prisión. LA GACETA / FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO - INÉS QUINTEROS ORIO (ARCHIVO)
La Justicia rechazó el pedido de libertad que habían solicitado Susana del Carmen Acosta y Marcos Daniel Fernández (cuya identidad era Nélida Fernández cuando recibió la condena en 2009). Los dos sentenciados seguirán presos en el penal de mujeres hasta tanto el Servicio Penitenciario no emita un informe favorable que avale ese pedido de libertad.
Si bien Acosta y Fernández recibieron juntos la condena de 20 años por el homicidio de la docente Ángela Beatriz “Betty” Argañaraz, la Justicia determinó que se evaluara la situación de cada uno por separado. En ambos casos, la jueza de ejecución y sentencia Carmen Rosa López presidió los debates.
“¿Dónde está ‘Betty’?”
Primero fue el turno de Fernández. El abogado Gustavo Morales, quien defendió a ambos condenados, argumentó que su cliente ya lleva más de 14 años, 5 meses y 17 días de encierro carcelario. Es decir, que ya prácticamente cumplió con ¾ de su condena y que por derecho le corresponde solicitar el beneficio de libertad condicional. Aclaró además que si bien Fernández recibió condena en 2009, está detenido desde el 4 de agosto de 2006.
El defensor cargó además contra el juez de ejecución Roberto Guyot -quien fue destituido el año pasado- por haberle denegado sistemáticamente los beneficios a sus defendidos. “Se utiliza como chicana el peligro de fuga, y eso no sólo es eso una prognosis maliciosa, sino que es un disparate pseudo argumentativo”, sostuvo.
A su turno, el Ministerio Público Fiscal, que estuvo representado por el auxiliar Gonzalo García García, argumentó que se debía rechazar la petición de la defensa. “Los profesionales dieron por desfavorable la solicitud de la libertad condicional. El informe psicológico manifiesta que criminológicamente se trata de un sujeto primario en el delito, que no reconoce ni se responsabiliza, ya que manifiesta protestación de inocencia”, señaló el funcionario. Luego agregó: “se sugiere que el interno efectúe tratamiento psicológico”, a los fines de elaborar el proceso.
“Según sus argumentos, él y su pareja han sido acusados injustamente para distraer al público por otra causa mediática del momento”, resalta el representante fiscal. “Este Ministerio Público considera que no están dados los requisitos para emitirse de manera favorable”, concluyó.
La querella, encabezada por la abogada Mónica Ibáñez, citó el dictamen desfavorable en cuanto a los informes técnicos sobre el pedido de la defensa. “Se considera ‘víctima de una mano negra, que le impide acceder a los beneficios solicitados’. No tienen sentimiento de culpa, no hay arrepentimiento alguno”, alegó la profesional.
“Va a ser beneficioso el paso del condenado, por su condición de género masculino, notificado en abril de 2018, debería terminar su sentencia en el penal masculino, en Villa Urquiza”, subrayó Ibáñez y citó antecedentes por casos similares. “Que nos diga dónde está el cuerpo de Betty Argañaraz. Es lo que busca la familia de la víctima”, concluyó.
“No quiero ser un rehén”
Liliana Argañaraz, la hermana de “Betty”, reflejó lo difícil que es para las familias de las víctimas afrontar los procesos. “No asumen su responsabilidad sobre el hecho. Las pericias señalan que terminaron con la vida de mi hermana. A pesar de que recibieron la condena de 20 años, no tuvieron empatía ni arrepentimiento. Continúan con la saña, con la maldad de no decir dónde está el cuerpo de mi hermana, con ese dato terminará el calvario que no sólo vive mi familia, sino toda la sociedad tucumana”, expresó la mujer con lágrimas en los ojos.
“¿Dónde está mi hermana? Es momento de que te hagas cargo. Lo único que pretendo es encontrarla”, añadió desesperada Argañaraz dirigiéndose al reo.
Marcos Fernández tuvo la posibilidad de expresarse también. “Tengo muchas cosas para decir, pero no alcanzaría el tiempo. Cuando hablo de nosotros es por mi esposa, Susana del Carmen Acosta, no por mi pareja. Ambos estamos injustamente en la cárcel todavía, por algo que no hicimos, y recién en 2019 nos dijeron que no nos iban a dar ningún beneficio porque no nos hacíamos cargo del delito”, respondió el convicto. Luego pidió que se tuviera en cuenta otra cuestión: “en las cárceles también hay personas inocentes. En algún momento los presos se equivocan”.
“Lo que quiero es salir de la cárcel, no estar como rehén del Servicio Penitenciario ni de la señora Liliana Argañaraz”, sentenció el convicto.
La magistrada consideró que si bien el plazo de tiempo habilitaba la petición de la defensa, no estaban dados los demás elementos para otorgar la libertad condicional del condenado. A su vez, tampoco dio lugar al pedido de la querella de que Fernández fuera trasladado a un pabellón de Villa Urquiza.
Alumna regular
“Lo primero que debo alegar es que la señora Susana del Carmen Acosta es alumna regular de la carrera de Abogacía. Al día de hoy lleva 23 materias aprobadas en la facultad”, explicó Morales al abrir la segunda audiencia. El profesional agregó: “esto tiene una importancia fundamental, ya que según prevé el estímulo educativo, hoy se debería contemplar la reducción de cuatro meses por los estudios universitarios de mi defendida”.
La jueza López rápidamente le anticipó al abogado que no consideraría eso en este debate y que debería solicitar una nueva audiencia para que se contemple esa posibilidad. “No decidiré sobre esa cuestión, esta audiencia es para tratar un pedido de libertad condicional”, sintetizó.
Morales continuó su argumento aseverando que su cliente goza de muy buena conducta dentro del penal y que colabora trabajando en el desmalezamiento del jardín. “Un informe psicológico destaca su acatamiento a las normas, su buen trato con sus pares y con el personal penitenciario. Además asiste a terapia con una psicóloga. A pesar de todo eso, y de que ya cumplió con el tiempo pertinente para acceder a salidas transitorias, nunca gozó de ningún beneficio, hasta el momento”, reforzó su postura el penalista. “Acosta lleva 14 años, cinco meses y 17 días privada de su libertad, eso sin contar la reducción de condena que le corresponde por sus estudios universitarios”, aseveró.
Gonzalo García García, en nombre del Ministerio Público Fiscal, desestimó también este petitorio. “Con respecto al pedido de libertad condicional, si bien la interna fue condenada a 20 años de prisión y ya cumple con el tiempo para solicitar el beneficio, este petitorio se debe acompañar de informes que avalen esto”, planteó el auxiliar. “Esos informes no dan resultados favorables. La psicóloga del penal manifiesta que es primaria en un delito del cual la interna no reconoce ni se responsabiliza, ya que sostiene protestación de inocencia. Se solicita que esta persona inicie tratamiento psicológico por sus rasgos psicopáticos de personalidad. Y se menciona que ninguna terapia modificó su posición sobre el delito”, describió García García.
Otro aspecto que resaltó la Fiscalía fue que Acosta no contaría con una contención familiar en el domicilio de El Cadillal donde pretende concluir su condena.
“No se rompe el pacto”
La abogada querellante adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal. Con respecto a la personalidad de Acosta señaló un aspecto para que se tuviera en cuenta como ejemplo: “vean cómo termina la audiencia que presidió la doctora Iácono, en la cual Acosta se retiró de manera violenta tras recibir la resolución negativa. Se llegó al punto de que Su Señoría pidió que le silenciaran el micrófono”.
“Nunca van a romper el pacto los condenados. Siguen hablando de nosotros y no de manera individual”, recriminó Ibáñez.
Nuevamente la hermana de la víctima tuvo la posibilidad de expresarse, en esta ocasión aprovechó para responder a los dichos de Fernández. “Ustedes no son rehenes de la Justicia ni míos. Ustedes son responsables de un delito. Está comprobado en los expedientes que ustedes privaron de la libertad a mi hermana y que la mataron. Por favor, necesitamos cerrar esta etapa ¿dónde está ‘Betty’?”, suplicó Liliana Argañaraz.
“Es una inescrupulosa”
Susana Acosta tuvo la posibilidad de responder a los planteos vertidos sobre la mesa. “Me sorprende que eso haya dicho la psicóloga. Me parece una profesional inescrupulosa si dijo algo así”, comenzó diciendo. “Después de tantos años de reclusión me sorprende un informe de este tipo. Si una tiene tantas fallas, errores o limitaciones entonces yo pregunto: ¿Cuáles son las propuestas que el Sistema Penitenciario hizo para que yo mejore?”, advirtió.
“Llevo años cumpliendo una condena, a mis 58 años continúo sosteniendo mi inocencia ¿por qué tengo que hacerme cargo de algo que no hice? ¿Por qué no podemos acceder a los beneficios que nos corresponden?”, planteó Acosta, y sobre “el pacto” agregó que con su esposo seguirán hablando en plural porque son una familia y a ambos los condenaron “injustamente” por lo mismo, el mismo día.
La jueza López, en este caso también repelió el pedido de libertad. Argumentó que las condiciones no estaban dadas y ordenó que la Cárcel de Mujeres elabore una carpeta con informes actualizados para que luego se fije fecha para una nueva audiencia.
El caso
El 31 de junio de 2006, “Betty” Argañaraz, desapareció misteriosamente cuando se dirigía a dictar clases en la escuela Padre Roque Correa
A los cuatro días de que Argañaraz saliera de casa por última vez, la fiscala Adriana Giannoni ordenó la aprehensión de las -entonces- dos novicias por considerar que habían privado ilegítimamente de la libertad a la maestra. Con el correr de las semanas y los meses, fueron surgiendo pruebas en contra de las sospechosas.
En base a los rastros de sangre hallados en el departamento de las acusadas, que a través de estudios genéticos se confirmó que los rastros biológicos pertenecían a la víctima, la fiscala elaboró la hipótesis de que la víctima llegó mediante engaños al domicilio donde vivían Acosta y Fernández. Según la teoría, allí la pareja mató a golpes a la maestra y luego ocultaron el cuerpo, que hasta el día de hoy yacería en algún lugar desconocido de nuestra provincia.
La investigadora argumentó que el móvil del hecho habría sido generado porque Argañaraz había sido nombrada directora del colegio Padre Roque Correa, cargo que aspiraba ocupar Acosta.
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