Una muerte reflota una polémica: sostienen que la Justicia no puede obligar a los médicos

Con la llegada de la pandemia, el uso del dióxido de cloro como tratamiento para la enfermedad del coronavirus se volvió un tema controversial en el mundo. Si bien no es una sustancia aprobada por ninguna institución de la salud para uso humano, hay quienes sostienen que funciona como un método alternativo para paliar la covid-19.

Se trata de una sustancia conocida como desinfectante, blanqueador de materiales orgánicos y en algunos países se la utiliza, en bajas cantidades, para potabilizar el agua. Hasta hoy no existe algún tipo de estudio que pruebe su efectividad en humanos, es más, su ingreso por las vías respiratorias es altamente tóxico y podría generar bronco espasmos, edema pulmonar, entre otras complicaciones.

El fallecimiento de Oscar García Rua, paciente del sanatorio Otamendi, en Buenos Aires, internado por covid-19 reavivó la polémica sobre la conveniencia de su uso. Es que la Justicia Federal había ordenado suministrarle dióxido de cloro en su tratamiento contra la enfermedad. A pesar de que la sustancia no se encuentra avalada por la Anmat el juez federal Javier Pico Terrero mediante un recurso de amparo falló a favor de la familia de García Rua y ordenó a la clínica que se le administre el químico. La entidad se opuso al planteo del magistrado, y ahora la familia de la víctima reclama que se demoraron 48 horas en aplicar el tratamiento, por lo que denunciará al Sanatorio Otamendi por homicidio culposo.

A raíz del caso, diferentes autoridades sanitarias se posicionaron en contra del fallo del Juez e insistieron en que no existen pruebas que avalen el uso del químico para el tratamiento de la covid-19. Un grupo de sociedades científicas emitió un comunicado acerca del peligro del dióxido de cloro y planteó que la Justicia no debe obligar a médicos a indicar una medicación que no tiene respaldos científicos y que no está autorizada por los entes de regulación nacional e internacional. El documento fue firmado por un grupo de organizaciones, entre las que se encuentran la Federación Argentina de Medicina Familiar y General, el Comité de Ética de la Sociedad Argentina de Diabetes, la Fundación Huésped y la Sociedad Argentina de Infectología.

“Me parece que el juez esta fuera de sus cabales y no lo ve así. Es un producto que no tiene indicaciones ni contraindicaciones por lo tanto, obligar a la inyección de un producto que no se conoce, es un antecedente inigualable de eutanasia”, comentó al respecto Aida Torres, directora del Centro de Estudios Infectológicos y Vacunación de la provincia. La especialista agregó que lo sucedido es producto de la ilusión de encontrar una solución para el virus.

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, también fijó postura y dijo que desde la entidad están evaluando qué acciones realizar en repudio de la medida. “Si yo fuera un juez, trataría de buscar información de médicos antes de indicar algo que no conozco”, comentó.

“Es poco acertado que un juez avale el tratamiento, el hecho de que la Anmat no lo autorice, ya lo prohíbe. La gente supone, pero no hay una documentación que pruebe la efectividad, la evolución de la enfermedad podría ser igual con o sin dióxido”, comentó al respecto José Assa, jefe del laboratorio de Microbiología del Hospital de Niños. Además, el bioquímico explicó que el cloro se elimina por vía urinaria y que su uso en un paciente internado en terapia, que podría tener insuficiencia renal, sólo complicaría más los riñones.

Un caso similar se dio a conocer en la provincia de Salta, pero esta vez el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Leonardo Aranibar, rechazó el pedido de la familia de un paciente internado por coronavirus en el hospital San Bernardo.

Ocurrió en septiembre del año pasado y actualmente se encuentra en apelación en la Corte de Justicia de Salta. Luego de que el Comité Científico de la provincia presentó advertencias y fundamentó acerca de los peligros que conlleva el uso de la sustancia, el juez a cargo de la causa recordó y se sostuvo en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 1964, en la que se entiende que en el tratamiento de una persona enferma, “el médico debe tener la libertad de utilizar un nuevo procedimiento, si a juicio del mismo, ofrece una seria esperanza de salvar la vid, restablecer la salud o aliviar el sufrimiento”.

“Desaconseja”: planteo de un abogado

En cuanto a los cuestionamientos sobre el fallo judicial para que se proporcione dióxido de cloro al paciente que falleció, el abogado de la familia, Martín Sarubbi, negó que la Anmat prohiba el uso de la sustancia, sostuvo que solo lo “desaconseja”, y que gracias a su uso, el paciente había comenzado a evolucionar.

Sin embargo, el abogado adjudicó la responsabilidad de la muerte del hombre al sanatorio, y aseguró que una infección hospitalaria podría haber sido la causa de muerte, por lo que el caso se puso bajo investigación y se presentará a la Justicia para determinar si existió homicidio culposo por parte del Otamedi al negarse al tratamiento en primera instancia.
Por el momento, hablar de la causa de muerte de García Rua es precipitado. Los especialistas afirman que habrá que esperar  que se realice una autopsia para conocer lo que provocó el deceso del paciente; mientras tanto, cualquier postura tiene la validez de una hipótesis.