12 Enero 2021
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Tras la muerte del paciente con coronavirus que había pedido, a través de la Justicia, ser tratado con dióxido de cloro, el abogado de la familia dijo que iniciará acciones legales contra la clínica donde estaba internado. Considera que el hombre falleció a causa de una “infección intrahospitalaria”.
Martín Sarubbi, el representante legal de la familia del fallecido Oscar Jorge García Rúa, acusará por “homicidio culposo” al Sanatorio Otamendi, ya que denuncia haber desobedecido el fallo y la aplicación del cuestionado tratamiento. “No debieron demorar 48 horas”, sostuvo el letrado en Arriba Argentinos, de canal 13.
Además, dijo que en las próximas horas se realizará la autopsia. “Vamos a pedir el allanamiento del sanatorio para secuestrar la historia clínica”, adelantó.
García Rúa tenía 92 años y fue diagnosticado con un cuadro grave de coronavirus en diciembre. Su hijastro solicitó a la Justicia que el hombre fuera tratado con nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro intravenoso por prescripción del neurocirujano del paciente, Dante Converti.
El juez federal Javier Pico Terrero ordenó al Sanatorio Otamendi que se le administre el tratamiento a pesar de que no está autorizado por la Anmat y fue rechazado por la comunidad científica. El centro de salud, sin embargo, apeló el fallo.
“Lo que nos informan los médicos legistas es que la Anmat lo desaconseja. Pero existe una resolución del 2019 del organismo que autoriza excepcionalmente tratamientos a los efectos humanitarios y paliativos”, dijo el abogado. “Este cuadro era realmente grave y en ese contexto se recomienda. Es cierto que no hay evidencia científica absoluta en cuanto la efectividad, pero tampoco la hay en contra. Que no esté autorizado no significa que esté prohibido”, agregó e volvió a cuestionar el accionar de la clínica.
Cabe recordar que el dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos. Su ingesta tiene diversos efectos secundarios. La situación alertó a la comunidad médica, ya que la decisión judicial podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados por las entidades regulatorias correspondientes.
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