En el inicio del año, un libro para inmunizar la democracia

Por Gabriel Pereira, doctor en Ciencias Políticas

Los debates políticos actuales sobre políticas públicas y reforma institucional, cualesquiera sean las políticas y la institución que se busque reformar, dejan, generalmente, de lado algunas cuestiones sustantivas sobre el diseño institucional democrático. Muchas veces, la vorágine política, con la ayuda de la tan mentada grieta, olvida preguntarse cuáles son los compromisos y valores en los que cada política e institución debe rendir tributo, de qué forma cada una de ellas sirve para profundizar la democracia, y las formas evitables de caer en los oscuros abismos a los que recurrentemente caímos en nuestra historia política.

Algunos textos, como el “Los Orígenes del Totalitarismo” de Hannah Arendt, pueden servir de ancla para quienes, en la función pública o desde sus partidos políticos, se toman descanso de la vorágine, esquivan el efecto “licuadora” de la grieta, e intentan mirar cómo construir un estado más democrático, inclusivo y activo en su rol de proteger los derechos humanos. Este libro nos ayuda a pensar el rol de los derechos humanos y su función política en la construcción del estado moderno.

El diseño institucional argentino tiene su eje en la protección de la dignidad de las personas. Ese es el compromiso que se ha consolidado formalmente, sobre todo, desde finales del siglo XX, y se ha plasmado en tratados, nuestra constitución nacional y varias constituciones provinciales, como así también en leyes vertebrales de nuestro sistema institucional.

En ese sentido, la estructura estatal se encuentra atravesada por el paradigma de los derechos humanos. Eso implica que, en nuestras democracias, la razón de ser del estado radica en que cada una de nosotras pueda llevar a cabo su proyecto de vida digna, con plena autonomía.

Sin embargo, en el ámbito político institucional se ha extendido una visión, que podríamos denominar, “débil” de los derechos humanos. Bajo esa perspectiva, los derechos humanos se presentan solo como una disciplina jurídica que alude a una normativa legal, internacional y nacional, que se activa solo a los fines de proteger a la ciudadanía frente a los embates de los gobernantes.

Bajo esta idea, los derechos humanos son vistos muchas veces como un estorbo para la función política. No es inusual escuchar voces quejosas que alegan que el énfasis en la protección de estos derechos pone en riesgos el cumplimiento de objetivos de eficiencia administrativa, económica y electoral.

Asimismo, en esta visión, es el poder judicial quien cobra protagonismo, como la institución fundamental a la hora de hacer realidad el compromiso de los derechos humanos. Los y las profesionales del derecho, en el poder judicial, en la práctica profesional, y en la academia ocupan, bajo esta visión, un rol crucial.

Existe, frente a esta noción “débil”, una mirada más “sustantiva” de los derechos humanos que, al considerarse un paradigma, propone un lente a través del cual se debe mirar y entender la institucionalidad y la práctica política de un país.

En ese sentido, el rol del paradigma de los derechos humanos es dar sustento y legitimidad política al accionar estatal. Así, los derechos humanos ya no solo son un cuerpo normativo de reglas, sino también de principios y valores seculares que ordenan, acomodan, y canalizan el ejercicio del poder. En esta línea, cumplen, para la función política un doble rol, de sentar las reglas del juego democrático y, a la vez, otorgarle legitimidad política a dicho juego y sus jugadoras. Y en ese punto, el aspecto normativo de los derechos humanos se funde con el sentido social y popular, sostenido ya no solo desde las instituciones, sino también desde la ciudadanía.

En aspecto más cotidiano del quehacer político, al ser un paradigma, los derechos humanos se convierten en el marco y guía de toda política pública. Así, si bien los derechos humanos son un escudo para defender a cada persona de los embates del poder estatal, a la vez también son una herramienta para la elaboración e implementación de políticas públicas. Así, aquella disciplina que parecía ser solamente jurídica, ofrece también desarrollos normativos que son útiles, y esenciales, para cualquier área del estado en cualquier temática. Los derechos humanos se expanden del canal judicial hacia el legislativo y ejecutivo, no tan solo como reglas de contención sino como herramientas para canalizar la gestión.

Sin dudas, entender a los derechos humanos como un paradigma requiere una actitud proactiva tanto en la reflexión como en la práctica. El libro de Hannah Arendt al que aludimos justamente nos permite redimensionar los derechos humanos en su rol de paradigma fundante y legitimador del sistema político. O, mejor dicho, del riesgo que corren nuestras democracias si no les otorgamos dicho rol, y solo nos quedamos con una visión “débil” de los mismos.