Más allá de que el foco de la gestión esté centrado en la pandemia de la Covid-19 y el plan masivo de vacunación, la obra pública se convertirá este año en el trampolín que conduzca a la Argentina a un camino de reconstrucción de su economía y, paralelamente, en una estrategia que acerque al votante al oficialismo. De hecho, el ministro nacional del área, Gabriel Katopodis, sabe que gran parte del peso político de la gestión está en los proyectos de trabajos públicos que se redistribuirán en todo el país. En el medio, surgen cuestiones internas, como las cartas públicas en las que la vicepresidenta Cristina Fernández ha cuestionado la labor de algunos miembros del gabinete del presidente Alberto Fernández, y también externas, con los desencuentros con sectores productivos (el campo que aún mantiene en pie el paro por 72 horas) por el cierre de las exportaciones al maíz, y las diferencias con el macrismo. Con todo, Katopodis está seguro que el Frente de Todos aprobará el plebiscito a la gestión de octubre próximo. “Creo que a partir del trabajo realizado a lo largo del primer año de gestión y por lo que se proyecta para el que se inicia, los argentinos nos responderán con su voto por el trabajo realizado en el marco de la pandemia”, dice en la entrevista concedida ayer a LA GACETA, tras su visita a Tucumán.
-Se habló de que el Gobierno está analizando la posibilidad de buscar una salida para evitar más conflictos con el campo. ¿Cambia la idea inicial de que no se moverían ni un centímetro con las medidas adoptadas?
-Vamos a seguir dialogando con este y con todos los otros sectores. Siempre con la idea de construir y poder abrir puertas para que los conflictos se resuelvan en mesas de diálogo. Esta ha sido la conducta del Gobierno; de hecho cuando se tomó esta decisión (de ir al paro de 72 horas), llevábamos casi 40 días de diálogo. Lo que sí debe quedar en claro es que cada decisión que adoptamos, lo hacemos en función del interés de todos los argentinos y no de los intereses sectoriales y particulares, de cada una de las realidades económicas. Frente a una de las crisis más profunda que tengamos memoria en la historia económica de nuestro país, esta situación amerita decisiones extraordinarias; hacer un esfuerzo mayor de aquellos que puedan hacerlo. Por supuesto que en este caso y en los demás reafirmamos el camino del diálogo.
-¿Se siente condicionado como ministro no solo por estos reclamos externos al Gobierno, sino también por planteos internos como el que hizo Cristina Fernández cuando habló de ministros que no funcionan?
-No. Lo único que condiciona al Gobierno es la realidad. El mundo está en pánico y la realidad social, política y económica de la Argentina es de profundidad, de una crisis enorme. Sin dudas, estamos en un escenario de rebrotes de contagios de la Covid-19, de una segunda oleada, que nos obliga a actuar con mucha seriedad y responsabilidad. El trabajo realizado hasta ahora (en esta pandemia), nos permitió que la Argentina no tenga ese escenario o las imágenes que hemos visto en otras partes del mundo; que la Argentina sea uno de los 20 o 30 países que esté vacunando a su población; que el país no tenga colapsos en el sistema publico de salud y eso fue gracias al diálogo ordenado entre el presidente Alberto Fernández y los 24 gobernadores, que siempre fue respetuoso de las realidades jurisdiccionales, viendo lo que le convenía a cada localidad. De alguna manera nuestro desafío para este año es que llegue la vacuna y seguir profundizando el proceso de reactivación de la economía.
-¿Qué puede hacer el oficialismo para sacar de la pobreza a más del 40% de los habitantes del país con la experiencia adquirida en su trabajo social en el conurbano bonaerense durante la debacle de 2001-2022?
-Cada vez que tuvo este tipo de crisis, la Argentina siempre apeló a los dos brazos o palancas de reconstrucción: la obra pública y la industria. En esa orientación el campo se sumó al valor agregado que tiene que producir aquella industria para que el proceso sea virtuoso. No hay dudas de que la realidad socioeconómica, la pobreza y la desocupación son estructurales en la Argentina y requieren seguramente de medidas y de políticas de mediano y de largo plazo. Está claro que la pobreza se reduce creando más empleos y regenerando y movilizando el consumo interno. Como dice (el ministro de Economía) Martín Guzmán, hay que ganar certidumbre tranquilizando la economía y establecer señales claras de previsibilidad para que el sector privado pueda generar un proceso de acompañamiento de todo este esfuerzo que tenemos que hacer.
-¿La inflación, el dólar y un acuerdo con el FMI son factores que pueden incidir en la redeterminación de precios de la obra pública o en la desaceleración de algunos planes que se están ejecutando?
-Es muy importante plantear que los recursos que ya están asignados para la obra pública se van a ejecutar. Es una decisión política del Presidente y, en este caso, del gobernador Juan Manzur, de priorizar aquellos recursos para que se redistribuyan progresivamente las partidas y las obras. Hay que ver cómo se gastan esos recursos en obras que no van, por ejemplo, a pagar los intereses de la deuda, como también en otras áreas estratégicas como salud o educación. Hay un sentido progresivo de los recursos. Por supuesto que es necesario garantizar la estabilidad del sistema de cambio, que no haya presiones económicas que pongan en riesgo el proceso de reactivación. A mi no me gusta plantear escenarios como el de los segundos semestres o el de los brotes verdes. Aquí no se precisan fórmulas mágicas, sino responsabilidad, un trabajo serio para generar las condiciones que permitan el despegue de la Argentina.
-¿Alcanzan cuatro años de gestión para concretar los proyectos que se vienen ejecutando?
-Este mandato está armado para aliviar a la Argentina de una de las deudas más injustas y mas violenta que nos ha dejado el gobierno anterior. Estamos empezando de a poco con el proceso de recuperación para poder diseñar políticas que reviertan el aumento de la pobreza y la caída del empleo. Pero vemos también la necesidad de avanzar en un marco de acuerdo social y económico con el resto de los sectores de la economía y los sociales para que se sientan parte de aquella reconstrucción y se discutan las políticas para regenerar un país más justo. Es un ejercicio político que hay que hacer y que no se convierta en un acto protocolar. Esa discusión tiene que darse en el marco de la convocatoria de todos los sectores.
-Usted, para llegar a la intendencia de San Martín, ha peleado electoralmente contra el macrismo y hasta con el kirchnerismo. ¿Qué le preocupa más, la intención de la oposición de ganarle la elección de medio turno o las cuestiones internas del Frente de Todos con tres sectores internos bien diferenciados?
-Para nosotros hubiese sido más fácil la gestión si hubiéramos tenido una oposición más seria y responsable; si hubiésemos encontrado un Estado más fuerte, un sistema de salud consolidado y no tan desgastado como el que encontramos cuando asumimos, con una desinversión que fue estructural. Eso nos obligó, en Obras Públicas, no sólo a construir más hospitales modulares en medio de una pandemia, sino también a avanzar aceleradamente con más de 50 trabajos en algunos establecimientos del país para sumar 3.000 camas para enfermos del virus. Si la oposición hubiera colaborado, gubernamentalmente la recuperación hubiera sido más rápida y más sencilla. Estamos tomando las decisiones con los gobernadores que, en muchos casos, pagaron costos políticos por cuidar la salud de todos. En lo que se refiere al Frente de Todos, las tensiones son propias de una coalición que está gobernando, pero que no descuida las acciones para salir adelante, más aún en un escenario de pandemia.
-Esta parte de la Argentina históricamente ha mostrado un déficit en materia de infraestructura. ¿Se reparará esta cuestión?
-Más allá de la pandemia, las provincias del norte vienen siendo postergadas y discriminadas. Claramente Tucumán fue uno de los distritos arbitrariamente discriminados en tiempos de gestión del macrismo. Me toca a mí venir a rehabilitar y a poner obras que durante los cuatro años de la gestión anterior estuvieron paradas. No entendían que no se estaba castigando a un gobernador como Manzur o a un intendente del peronismo, sino a los tucumanos en general. De alguna manera, tenemos que hablar de un sentido de reparación en muchas provincias donde se pusieron en marcha obras esperadas, con sentido federal que no debe declamarse tan solo, sino asignando prioridades y recursos. El Gobierno nacional está reparando estos cuatro años de abandono que tuvo el gobernador por el sólo hecho de haber sido opositor.
-En su recorrida por Tucumán, visita varios municipios gestionados por intendentes de la oposición...
-Es una decisión presidencial de que atendamos las necesidades de los 1.300 municipios distribuidos en 24 distritos provinciales; también del gobernador Manzur de trabajar a la par de todos los jefes municipales. Hemos dado muestra de ellos cuando hace algunos meses visitamos la provincia con el Presidente y nos reunimos con los intendentes tucumanos. La decisión es clara: mejorarle la vida a los vecinos de cada localidad sin preguntar a qué color político pertenecen.
Perfil de intendente: un vecino de San Martín
Gabriel Katopodis se define como vecino de San Martín, provincia de Buenos Aires. Es abogado y docente. Está casado y es padre de dos hijos. Realizó estudios de Posgrado en Gestión Pública en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y en la Maestría de administración pública en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Entre 2003 y 2005 se desempeñó como funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y como Gerente General del Fondo de Capital Social (Foncap). Desde 2005 hasta 2008 fue subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. El 10 de diciembre de 2011 asumió como intendente de San Martín. Fue reelecto en su cargo, en las generales de 2015 y de 2019.
Entre jefes municipales
El equipo de Obras Públicas está plagado de intendentes y de dirigentes con experiencia de gestión en distintas provincias. Por ejemplo, como secretario de Obras Públicas se desempeña Martín Gill, intendente en licencia de Villa María (Córdoba).
Gustavo Arrieta, ex intendente de Cañuelas, localidad lindante al partido de Ezeiza, es el administrador general de Vialidad Nacional, organismo que está conformado también por dirigentes de Buenos Aires en su mayoría. A cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) está Enrique Cresto, intendente en licencia de Concordia, Entre Ríos.