09 Enero 2021
Desde esta semana, la Movilidad Jubilatoria es ley en la Argentina. La nueva fórmula con la que se calcularán los aumentos de los haberes de alrededor de 18 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares se aplicará con una fórmula que combina en un 50% el crecimiento de la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y en el restante los salarios medidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y por Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). Sin embargo, distintas organizaciones que representan a los jubilados y pensionados han advertido que el nuevo índice, que se aplicará en forma trimestral, no garantiza que los haberes jubilatorios le ganen a la inflación y que, en algunos casos, el reajuste puede ser inferior respecto de otros sistemas de mediciones.
Bajo esta orientación, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) considera que los constantes cambios en la regla de movilidad no solucionan el histórico desorden previsional. Sorprende que la fórmula que se quiere restablecer fue modificada por el anterior gobierno porque consideraba que imponía aumentos del gasto previsional que no eran tolerables para las finanzas públicas, señala el centro de estudios. De aquí es que se pasó a la fórmula basada fundamentalmente en la inflación. Ahora, con el argumento de darle sustentabilidad al sistema se vuelve, previo haber pasado un año con ajustes definidos discrecionalmente, a la vieja fórmula que se cambió porque era no sustentable.
Referentes del sector pasivo consideran que la inflación se ha convertido en el principal enemigo del poder adquisitivo de aquellos que han aportado al sistema y que, en la actualidad, constituyen la primera línea de fuego cada vez que se disparan los precios. La fórmula adoptada no incluye, precisamente, la inflación en su determinación. En otros países, normalmente la movilidad apunta a mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones (inflación), o a mantener una relación con los salarios que la originaron. Sobre 23 países de la OCDE revisados, 15 usan la inflación como factor de movilidad, tres usan salarios y 5 usan combinación de inflación y salarios. Tres países usan condiciones de sustentabilidad, explica el Instituto para el Estudio sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral).
Con la fórmula elegida, los haberes jubilatorios tenderán a resultar procíclicos, es decir, a mejorar en términos reales (frente a la inflación) en los períodos de expansión económica, pero a caer en términos reales en los períodos recesivos. La fórmula propuesta -según la consultora- pareciera apuntar más a un país que no tiene déficit previsional y que no tiene demasiada volatilidad macroeconómica, dos supuestos que no encajan precisamente con las características de la economía argentina de las últimas décadas.
El ordenamiento del sistema previsional pasa por otras cuestiones que no necesariamente son el de la movilidad jubilatoria, sostiene -a su vez- Idesa. El primero es tender a igualar los requisitos de acceso al régimen general fijado en 65 años de edad y 30 de aportes. El segundo es ajustar a futuro estos requisitos gradualmente con el envejecimiento de la población. El tercero es cerrar las moratorias y dejar como único beneficio de protección a las personas que llegan a la edad de jubilación sin aportes a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El cuarto es limitar la posibilidad de acumular beneficios (jubilación más pensión). El quinto es tender a armonizar todos los regímenes especiales al régimen general.
Con una caída de la actividad económica en 2020, proyectada en torno de un 20%, y con una inflación que sigue siendo elevada, los jubilados quieren garantías de que sus haberes se moverán al ritmo de los precios. De otra manera, temen que el poder adquisitivo de su haber siga depreciándose, en una Argentina que todavía se presenta volátil, con cuestiones macroeconómicas pendientes de resolver.
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