PRUEBAS. Pedicone ofreció a los testigos para refutar las acusaciones. LA GACETA / FOTO DE ANALIA JARAMILLO
El Jurado de Enjuiciamiento ha entrado en una pausa obligada, pero las decisiones que ha tomado en las horas finales de diciembre continúan repercutiendo. En este caso, en forma de cédulas de notificaciones, remitidas para confirmar citaciones a testigos para que presten declaración.
Cuando se reanude la actividad del jury que lleva adelante el proceso de destitución contra el juez Enrique Pedicone, en las primeras 48 horas pasarán a brindar testimonio tres integrantes del Poder Judicial y dos abogados penalistas del foro.
En rigor, los miembros de Tribunales ofrecidos por la defensa del juez acusado, y admitidos por los juzgadores, fueron cuatro. Pero según pudo confirmar LA GACETA, el juez Eudoro Albo, par de Pedicone en la Cámara Penal de Apelaciones (una estructura del anterior Código Procesal Penal -Ley 6.203-) decidió escoger la opción de comparecer por escrito, como se lo permite la ley.
La declaración de Albo fue solicitada como medida probatoria por los abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig para defender a Pedicone del cargo de presunta actuación sin competencia en el caso de Ángel Edgardo Sacarías Bravo. Pedicone dictaminó el cese de prisión preventiva del procesado por presunta amenaza de muerte el 19 de agosto, durante la “miniferia” del fuero penal. Al día siguiente, mediante la Acordada 730, la Corte le denegó el permiso que había solicitado, precisamente, para trabajar durante ese receso.
Por ello, dos de los siete pedidos de remoción (promovidos por los abogados Carlos María Gallardo e Ingrid Lausberg) sostienen que el magistrado habría actuado sin competencia. La defensa, en cambio, sostiene que los acusadores confuden “competencia” y “jurisdicción”, que son asignadas por ley, con “función judicial”, que sí otorga la Corte.
En el marco de ese cargo también está citada como testigo María Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte. Ella deberá presentarse el lunes 1 de febrero, a las 11. Pedicone sostiene que a él y a Albo la Corte les pidió que trabajaran durante la “miniferia”. Afirma que Claudia Sbdar y Daniel Posse lo avalaron y que también lo hizo Daniel Leiva, por medio de su relator Andrés Garmendia.
Por ello, afirma, la Acordada 730 lleva los votos de los dos primeros en disidencia. Leiva, en cambio, votó por negar la autorización junto con Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos.
Garmendia, precisamente, fue citado a comparecer ante el jury para el 3 de febrero, a las 9.30.
Para ese martes, a las 10.30, está citado también el secretario de la Cámara Penal de Apelaciones, Fernando Valladares.
Si bien es convocado como “sujeto” testimonial en el cargo mencionado, Valladares es también “objeto” de uno de los cargos contra Pedicone. Al juez de Impugnación se lo acusa de presunta coacción contra el actuario.
Como se recordará, cuando Pedicone denunció a Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de su cargo, el 1 de septiembre, acompañó su acusación con un acta en la que Valladares da fe de los audios sobre los que funda esa presentación.
Sostiene el magistrado que grabó al vocal de la Corte cuando, el 28 de julio, él le pidió que “maneje la intensidad” de la causa por presunto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi, según el opositor sea más o menos funcional al oficialismo. LA GACETA publicó los audios el 6 de septiembre.
Pero el 4 de septiembre, el propio Valladares se presentó ante la Justicia y dijó que, en realidad, nunca había oído los audios, que todo lo escrito en el acta había sido dictaminado por Pedicone, y que él había accedido a dar fe por “temor reverencial”.
Precisamente, Leiva desmiente la existencia del diálogo que Pedicone denuncia y asegura que los audios son “truchos”. Respecto de ellos ya recalló un fallo de “exclusión probatoria” del juez Juan Francisco Pisa.
Citaron a dos penalistas: convocatoria para el 1 de febrero
La abogada Julieta Jorrat y su colega Álvaro Ricardo Zelarayán deberán presentarse a declarar ante el Jurado de Enjuiciamiento, en el proceso de destitución contra el juez Enrique Pedicone, el lunes 1 de febrero. Respectivamente, a las 9 y a las 10. La palabra de ambos fue ofrecida como medida probatoria por la defensa del magistrado en el contexto de la acusación según la cual Pedicone habría maltratado a víctimas de delitos en los procesos que él llevaba adelante. En ese marco, también la defensa había ofrecido el testimonio de Alberto Lebbos (padre de Paulina, asesinada en 2006) y de Roxana Teves (denunciante del ministro fiscal Edmundo Jiménez), pero no fueron admitidos.
La causa del proceso: de ser acusador a convertirse en el acusado
El juez Enrique Pedicone denunció a Daniel Leiva de presunto tráfico de influencias. El vocal de la Corte contraatacó. Tras desmentir los cargos, afirmó que se trataba de un acto revanchista por el apercibimiento que la Corte le había aplicado a Pedicone por actuar, presuntamente sin competencia, en la “causa de los billares”. Y aseveró que el juez buscaba desviar la atención del hecho de que dictaminó la liberación de más de un centenar de procesados por delitos graves en menos de un año. Contra Leiva se presentaron seis pedidos de destitución, todos archivados por la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Contra Pedicone se presentaron siete, y todos fueron admitidos.
