Ordenan a la Comunidad Diaguita desocupar las tierras fiscales tomadas en La Quebradita

El Juzgado de Tafí del Valle hizo lugar a una serie de amparos a la simple tenencia presentados por la Fiscalía de Estado para recuperar los espacios verdes ocupados desde hace más de un mes en La Quebradita. El 28 de diciembre, el juez Raúl Spinelli Roca ordenó a los miembros de la Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí “abstenerse de realizar cualquier acto turbatorio y desocupar el inmueble, hasta tanto se resuelva la causa en la instancia correspondiente, bajo apercibimiento de ser pasibles de una acción de desalojo”. Así lo dice la resolución a la que accedió LA GACETA, en la que además se da intervención a a la Defensoría de la Niñez del Centro Judicial de Monteros. Hasta ahora, la situación permanece en un statu quo y los referentes de las tomas ya avisaron que harán presentaciones para defender la causa indígena.

“Esto no es una sentencia definitiva. Como marca el procedimiento, el tema fue elevado al Juzgado de Documentos y Locaciones. No se puede ejecutar nada hasta tanto haya una resolución de allí”, especificó a este diario el fiscal de Estado, Federico Nazur. Antes de Año Nuevo, las cédulas con las novedades del fallo fueron colocadas en postes de las tierras ocupadas para que la comunidad que dirige el cacique Santos Pastrana fuera notificada.

“Nos ha llegado la noticia el 30 de diciembre. No nos vamos a ir; el lunes haremos una presentación porque, por ley, no nos pueden desalojar. Este es el momento oportuno para ver cómo el Gobierno resuelve nuestros reclamos”, respondió Pastrana tras ser consultado por la resolución. Los planteos a los que hizo referencia son, en esencia, por soluciones al déficit habitacional diaguita en el valle (aducen derechos ancestrales) y por sus contradenuncias de usurpaciones en contra de propiedades privadas.

“Una vez que el Gobierno provincial nos dé garantías de diálogo, nos retiraremos. Si no, ya hablamos con otros caciques diaguitas para iniciar juicios políticos contra algunos funcionarios. Firmaron cosas que están contempladas en jurisprudencia y tratados internacionales y nunca las cumplieron -expresó el líder indígena- Esto ha servido para destapar las grandes irregularidades con los lotes en La Quebradita, como ya lo ha observado la Legislatura en la última sesión”.

Maura Lorena Díaz, una de las delegadas de la comunidad, también comunicó ayer que trataban de “meter juicio” y que hay cada vez más personas en la principal de las tomas, ubicada en las cercanías del río Blanquito. “Hasta ahora está todo tranquilo. Esperamos llegar pronto a un buen acuerdo con el Gobierno”, dijo.

La mirada vecinal

Cuando estalló la ola de usurpaciones en el norte de Tafí del Valle, los vecinos de la zona organizaron una comisión para coordinar acciones conjuntas ante el Estado. Leandro Bustos, uno de sus referentes, manifestó que han sido “virtuosos” los mecanismos que han llevado adelante dentro de los carriles legales. “Falta una orden de desalojo, que no sabemos si va a ser durante la feria judicial o luego. Nos parece positivo (el fallo del juez Spinelli) y un buen avance. Vamos a seguir con esta línea para aportar desde nuestro lugar para ver si hay más irregularidades en La Quebradita. Es muy bueno que el sistema haya demostrado funcionalidad en la legalidad”, consideró en diálogo con LA GACETA.

La residencia de Bustos se ubica apenas a unos metros del espacio verde tomado, en el que hay toldos precarios, letreros de reivindicación indígena, apachetas y banderas Wiphala. Se trata del lote padrón N° 681445, cuyo dominio pertenece al Superior Gobierno de la Provincia, según ha constatado la Dirección de Catastro que dirige Alejandro Navarro tras las denuncias vecinales.

Un par de kilómetros en dirección norte, por la ruta 307, se ubica otro de los espacios públicos (padrón N° 682469) tomados recientemente. Allí también hay distintivos originarios y una casa prefabricada nueva, pero no permanecen habitantes en el predio.

Sin noticias en otra toma

El Juzgado de Paz aún no resolvió el amparo presentado por los dueños de una estancia.

“Estamos al tanto de las resolución por las tierras fiscales, pero todavía no nos informaron nada a nosotros”, dijo a LA GACETA Ana María Terán, una de las propietarias de la emblemática Estancia Los Cuartos de Tafí del Valle. Ella y su familia denunciaron que en una porción de esa propiedad privada, ubicada cerca del río Blanquito y en el límite de La Quebradita, también se han instalado de forma ilegal miembros de la Comunidad Diaguita. A diferencia de lo presentado por la Fiscalía de Estado, el caso de los Chenaut y Terán está en manos de Susana Antonia Fuentes Lajud en el Juzgado de Paz tafinisto.