Expertas de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) en derechos humanos elogiaron la legalización del aborto que se aprobó ayer en la Argentina como un paso histórico que, esperan, convertirá al país en un modelo para toda América latina y más allá.
"La penalización del aborto no contribuía significativamente a disminuir las interrupciones de embarazos, sino que simplemente llevaba a las mujeres a abortos clandestinos e inseguros, y muchas mujeres murieron como resultado de ello", dicen las relatoras en un comunicado en el que califican la nueva ley como revolucionaria y un paso crucial para eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas.
Hasta ahora, Argentina permitía el aborto sólo en casos de violación sexual o cuando la salud de la mujer estaba en peligro, aunque en la práctica la interrupción del embarazo no estaba disponible ni siquiera por estos motivos.
La nueva ley legaliza los abortos hasta la 14ª semana de embarazo y es el fruto de años de activismo en favor de los derechos de la mujer. "Aplaudimos la extraordinaria movilización de las y los activistas del país que contribuyeron a la aprobación de esta ley", dijeron las expertas.
La Oficina de Derechos Humanos en América del Sur, calificó la nueva ley como "un avance significativo para los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región".
Por su parte, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, posteó desde su cuenta de Twitter: "casi todas las muertes relacionadas con el aborto ocurren en países que lo criminalizan o restringen severamente, forzando a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros".
La ley vigente también discriminaba a las mujeres y niñas que viven en la pobreza y que no pueden permitirse viajar al extranjero o pagar un procedimiento seguro, como podían hacer las mujeres con más recursos económicos, dice el comunicado de las relatoras.
Las especialistas además citan las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que muestran que los países en los que las mujeres obtuvieron el derecho a interrumpir sus embarazos en los años 70 y 80, y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos, tienen tasas más bajas de interrupciones del embarazo.
No obstante, señalan que "queda mucho por hacer para asegurar los derechos de las mujeres y las niñas a la igualdad y al más alto nivel de salud sexual y reproductiva".
"Ahora es importante que la ley se aplique en todo el país y no sea usurpada por una agenda política o un dogma religioso", dicen las expertas que señalan como preocupante una cláusula de objeción de conciencia que permite que los profesionales de la salud no realicen abortos por sus creencias personales.
"Esta cláusula no debe convertirse en una nueva barrera que impida a las mujeres y las niñas acceder a los servicios de aborto en el momento oportuno", dijeron. "En estos casos, el tiempo es esencial".
El comunicado lleva las firmas de Elizabeth Broderick (Presidenta), Melissa Upreti (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane; Tlaleng Mofokeng, miembros del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas y la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.