“La pandemia significó para nosotros una oportunidad única para avanzar en el servicio de Justicia. Ganamos muchísimo tiempo por estar obligados a aprender rápido. Y es toda una cadena. Estar frente a todas las partes en una audiencia requiere que el juez sea claro, concreto, que demuestre lo que uno sabe. Y quizás que la gente también pueda juzgarnos a nosotros y saber, entre comillas, a quién ha contratado en la Justicia. Somos empleados públicos”.
Facundo Maggio fue uno de los protagonistas del ámbito judicial en un año atípico. En el primer tramo de la pandemia ejerció como juez de Instrucción en lo Penal y desde ese rol observó el impacto de la cuarentena en lo institucional y en lo social. “La pandemia generó en su inicio una situación de encierro, y se observó un tremendo incremento en las denuncias por violencia de género o intrafamiliar. A la vez, la tecnología permitió que se generen rápidamente restricciones o medidas cautelares de protección a la víctima. En general los mecanismos se han ido aceitando, aunque no pierdo de vista los casos de resonancia pública”, expresó, en alusión al femicidio de Paola Tacacho.
Con el correr de los meses, y de la mano con la flexibilización de actividades, Maggio se pasó de una baja importante de los delitos -sobre todo contra la propiedad- a un recrudecimiento de estos hechos. “Un sistema con seguridad jurídica siempre repercute para bien en todos los órdenes; un sistema de seguridad eficaz en materia preventiva también repercute, pero también es cierto que los problemas sociales o económicos se traducen en el aumento de la intención de la comisión de hechos delictivos”, analizó. Por último, advirtió que la transición en pandemia de un nuevo paradigma en el fuero penal es un desafío para todo el ámbito judicial. “Todo esto pasó en medio de una reforma a la cual estamos dando inicio; y eso duplica nuestra responsabilidad”, subrayó.