La próxima semana la Cámara de Diputados votará el proyecto de ley de movilidad jubilatoria que envió al Congreso Alberto Fernández pero en el Senado, presidido por Cristina Kirchner, modificó su propio bloque. Con esta iniciativa el kirchnerismo pretende reemplazar la fórmula que Cambiemos consiguió aprobar hace tres años, en diciembre de 2017, luego de que el actual oficialismo pretendiera abortar la sesión y un grupo de manifestantes lanzara toneladas de piedras contra los policías que custodiaban el Parlamento.
El cálculo de Cambiemos, suspendido desde enero por la Ley de Solidaridad, tenía en cuenta los índices de precios al consumidor (IPC) y de salarios que publica el Indec, pero no hacía referencia a la recaudación de la Anses. En cambio, la nueva fórmula contempla la variación de los recursos de la Anses, el índice de salarios del Indec y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).
Así, en las tres primeras actualizaciones del año (en marzo, junio y septiembre), la fórmula considera la variación de los recursos tributarios (o sea, solo de los que ingresan por impuestos) de la Anses y el indicador salarial que haya crecido más en el trimestre anterior. Sin embargo, en diciembre este cálculo puede reemplazarse por otro que se basa en las tres actualizaciones anteriores y la variación de los recursos totales (es decir, los tributarios más otras fuentes de ingresos) de la Anses en los 24 meses precedentes.
Las jubilaciones de diciembre subirían según la fórmula que diera el resultado más bajo.
Discusión política
A pesar de que el último comunicado oficial de la Cámara Baja informa que se espera que la iniciativa se convierta en ley la próxima semana, el Frente de Todos tiene 119 diputados y necesita nueve más para aprobar el proyecto. Sergio Massa y Máximo Kirchner trabajan para acercar a otros legisladores y ganar la votación, pero un sector del peronismo no kirchnerista ya les dio la espalda.
En la reunión de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda que le dio dictamen de mayoría a la iniciativa oficialista, el diputado Jorge Sarghini, de Consenso Federal, anticipó el rechazo de su bloque. “No habrá fórmula que haga sustentable el sistema y mejore el ingreso de los jubilados porque el sistema está quebrado -aseveró-. Nos resistimos a debatir esta fórmula sin antes discutir el problema de fondo, que es la informalidad del empleo”.
Sin embargo, el diputado Ariel Rauschenberger, del Frente de Todos, afirmó ese día que su coalición había trabajado a partir de los conceptos de redistribución y solidaridad para elaborar esta fórmula de movilidad. “Con ella no solo se mejora el poder adquisitivo de los jubilados, sino que además el sistema previsional se vuelve más sustentable”, aseguró en el último plenario, que aconteció el miércoles.
Discusión matemática
¿Es cierto que la fórmula en discusión mejora el poder adquisitivo de los jubilados? LA GACETA estimó cuánto habrían subido las jubilaciones si durante los dos años de aplicación de la interrumpida Ley 27.426 se hubiera utilizado el cálculo que propone el kirchnerismo. El resultado es que, en relación con la inflación, los jubilados habrían perdido incluso más de lo que perdieron con la movilidad aprobada por Cambiemos.
Además, si la recaudación de la Anses cayera, la fórmula arrojaría un resultado negativo (como de hecho habría sucedido si se la hubiera aplicado en marzo de 2018). El proyecto de ley establece que en ningún caso esto puede suceder, aunque no aclara cómo se haría la rectificación. Esta eventualidad violaría con valores nominales (y no solo reales, como ocurre actualmente) la garantía de movilidad jubilatoria, establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En síntesis, con la nueva fórmula las jubilaciones habrían aumentado 19 % en 2018 y 48 % en 2019; la fórmula suspendida, por su parte, arrojó 31 % y 52 %. Pero la inflación estuvo por delante: calculada (con cierto atraso) en los trimestres que contemplan las dos fórmulas de movilidad jubilatoria, fue 33 % en 2018 y 56 % en 2019. Así, si bien el cálculo suspendido perdió 6 % durante esos dos años, en su lugar el nuevo habría perdido 16 %.