Por Martín Soto
26 Diciembre 2020
SAN ANDRÉS. Se hicieron inspecciones en el barrio entregado en mayo. tribunaldecuentas.gob.ar
El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) pone la lupa sobre los adjudicatarios de las casas sociales a pesar de que hayan cumplido con todos los requisitos para acceder a los inmuebles.
La interventora del organismo, Stella Maris Córdoba, afirmó que desde hace algunas semanas comenzaron a hacer inspecciones sorpresa en barrios que han sido recientemente adjudicados. El objetivo es comprobar si en las viviendas sociales están siendo habitadas por quienes han sido designados como titulares o si, por ejemplo, están siendo alquiladas a terceros. En caso de detectarse irregularidades y de no poder ser justificadas, el adjudicatario puede perder la casa.
“Hay personas que cumplen con todos los requisitos y pasan por todos los controles, pero después no resultan ser quienes habitan las viviendas. Eso significa que esa persona está viviendo en otro lugar, que puede ser que no figure a su nombre. A eso le llamo simulación de datos: lograr pasar todos los controles para llegar a ser adjudicatario de una vivienda y después no utilizarla”, manifestó Córdoba a LA GACETA.
La ex legisladora explicó que cuando se hace la inspección, si se detecta que quien vive allí no es la persona titular, se realiza una intimación para que concurra al IPV para explicar la irregularidad. “En los casos en los que no se pueda justificar por qué no están habitando allí, puede perder la casa”, afirmó.
Córdoba, quien cumplió ya un año al frente de la institución, indicó que ya realizaron inspecciones sorpresa en el barrio San Andrés III, el cual cuenta con 180 viviendas sociales que fueron entregadas a fines de mayo. Aunque no brindó precisiones, dejó entrever que detectaron situaciones que se estaban investigando para tomar una resolución.
La interventora, a su vez, dijo que a partir de la entrega del barrio San Andrés III se modificó el convenio de habitabilidad de tres a cinco años. Es decir, que durante los primeros cinco años desde la entrega el IPV podrá seguir haciendo controles para corroborar que realmente resida allí la persona que resultó beneficiaria. “En caso de que no se esté cumpliendo, podemos recuperar las casas para el Instituto y reasignarla a otra persona”, aseguró.
Por último, Córdoba indicó que por diferentes medios reciben información de que hay casas deshabitadas en distintos barrios ya entregados. “En muchos de esos casos ya no se puede recuperar las casas porque ha pasado el periodo de los tres años y ya están pagadas. Por eso ahora hemos ampliado a cinco años: para tener más tiempo para hacer las inspecciones”, contó a este diario.
La también ex diputada indicó que estas irregularidades se pueden informar a través de las vías telefónicas (421-2142 o 3813290297) o por escrito, por mesa de entradas.
Respecto a la situación de Manantial Sur, la funcionaria había afirmado semanas atrás que parte de las empresas contratistas habían avanzado con la refacción de las viviendas y que la SAT estaba próxima a finalizar las obras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Según estimó, en el inicio de 2021 se podría entregar como primera etapa 450 de las 1.339 casas que restan entregar en el emprendimiento de 2.500.
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