OFICIALISTA. Javier Morof (legislador).
El juez Enrique Pedicone enfrentó un negro día de miércoles en el proceso de destitución que enfrenta ante el Jurado de Enjuiciamiento. Ayer se reanudó la audiencia que había pasado a cuarto intermedio el lunes, luego de que se diera lectura a la defensa del magistrado y, por abrumadora mayoría, los miembros del jury rechazaron buena parte de las pruebas que los abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig ofrecieron producir para sostener la inocencia de Pedicone frente a las acusaciones que le ha formulado la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Ahumada, justamente, se manifestó indignado por las decisiones de los jurados. “Se ha cometido una violación flagrante del derecho de defensa”, bramó el letrado en diálogo con LA GACETA. (Se informa por separado)
La negativa a aceptar los audios con los que Pedicone sostiene su denuncia contra el vocal de la Corte Daniel Leiva, así como la pericia encargada por el juez de Impugnación, según la cual no ha habido manipulación ni del iPod ni de sus grabaciones, fue el rechazo más resonante de la jornada.
Como se recordará, Pedicone afirma que registró la conversación del 28 de julio en la que, sostiene, Leiva le pidió que “maneje la intensidad” de la causa contra el legislador Ricardo Bussi por presunto abuso sexual y corrupción. Por ello lo acusó en la Justicia por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de su cargo. Leiva desmintió tajantemente la denuncia, afirmó que el diálogo jamás existió y sostuvo que los audios son falsos. Luego, contradenunció a Pedicone: lo acusó de haber dictaminado el cese de prisión preventiva para más de un centenar de procesados por delitos graves en menos de un año.
Al miembro del alto tribunal le presentaron seis pedidos de remoción, todos rechazados por la comisión de Juicio Político, que en cambio admitió los siete planteos de destitución formulados contra el juez de Impugnación.
Precisamente, uno de los cargos formulados contra Pedicone sostiene que él habría violado garantías fundamentales de Leiva (por ejemplo, derecho a la defensa y a la no autoincriminación), presuntamente, al grabarlo “de manera subrepticia”. Por ello, Ahumada y Battig plantearon que los audios debían ser escuchados. Pero en voto dividido, la mayoría del Jurado de Enjuiciamiento entendió que no eran “pertinentes”.
El legislador oficialista Dante Loza planteó que “ni el contenido de los audios, ni la integridad del dispositivo con que fueron captados, ni la existencia o no de manipulación del soporte, ni la fecha, son materia de debate en el presente proceso. Las acusaciones trasladadas al denunciado juez Pedicone reprochan principalmente el hecho de la grabación –admitido por el acusado- y su difusión pública”.
Precisamente, el fiscal de Estado, Federico Nazur, sostuvo que, “como medios de prueba no se ajustan ni a los hechos denunciados ante la comisión de Juicio PolÍtico, ni a los cargos finalmente formulados” contra Pedicone.
En la misma línea que Loza y Nasur votaron los legisladores Javier Morof y Alberto Morof (bloque Justicialista de Todos), el alfarista Walter Berarducci (Partido por la Justicia Social) y Sara Alperovich (bancada Hacemos Tucumán). En favor de incorporar los audios como prueba, en cambio, se pronunciaron el vocal de la Corte Daniel Posse (preside el jury) y Javier Critto, representante de los abogados.
Otro tanto ocurrió respecto de las pruebas, en este caso testimoniales, ofrecidas por Pedicone en el contexto del cargo referido a que, supuestamente, frustra la participación de las víctimas de delitos en procesos sometidos a su decisión. Ahumada y Battig ofrecieron la declaración de Alberto Lebbos (padre de Paulina Lebbos, asesinada en 2006) y de Roxana Teves (denunciante del ministro fiscal, Edmundo Jiménez). Pero también fueron declarados como medios probatorios “impertinentes”. Lo mismo respecto de los empleados de la Cámara Penal de Apelaciones y del jurista Alberto Binder.
A continuación, el Jurado de Enjuiciamiento estableció otorgar a Pedicone 15 días corridos (la Ley 8.734 prevé que ese período “no podrá exceder” los 30 días) para producir las pruebas que fueron admitidas. Esa decisión fue duramente cuestionada por Ahumada: advirtió que el plazo comienza a correr desde hoy, así que hasta el 31 se consumirán ocho días (al no ser días hábiles, las fiestas y los fines de semana se computan como jornadas ordinarias). Los siete restantes serán los de la primera semana de febrero (la feria judicial de enero congela todos los plazos del jury). Lo cual fue considerado por el abogado como una negación del derecho a prueba, además del derecho a defensa. Pero su queja fue desestimada.
“Nos niegan la defensa y la justicia”: Ahumada cuestionó el rechazo de las grabaciones y el plazo para pruebas
“Mantienen contra el juez Enrique Pedicone el cargo absurdo de que incurrió en mal desempeño de su cargo por haber grabado la conversación mafiosa que le proponía un vocal de la Corte (Daniel Leiva), pero no admiten que esa grabación sea una prueba. Le endilgan el cargo de que frustra la participación de víctimas en los procesos judiciales en los que él interviene, pero rechazan que testifiquen las víctimas, como en el caso de Alberto Lebbos y de Roxana Teves. Entonces, lo que acaba de ocurrir es que el Jurado de Enjuiciamiento, directamente, pasó a la etapa de violación flagrante del derecho a defensa. Nos rechazaron las pruebas más importantes para probar la inocencia de Pedicone”. En esos términos sintetizó ayer Arnaldo Ahumada, abogado del magistrado acusado, el proceso de destitución en marcha.
El defensor manifestó que, en simultáneo, a Pedicone se le niega el acceso a la Justicia en los Tribunales. “No hay tribunal para que entienda en ninguno de los juicios administrativos que planteamos, como la nulidad de la acusación de la comisión de Juicio Político o la inconstitucionalidad de la integración del jury; ni tampoco para los juicios penales, como el ‘per saltum’ para que nos den rol de querellantes y la causa contra Leiva se tramite con el nuevo Código Procesal Penal”, expuso.
“Entonces, no hay juez para nuestros planteos en la Justicia y no nos dan tiempo para mostrar nuestra inocencia en el jury: sólo 15 días para producir las pruebas, Fiestas de Fin de Año incluidas. Es una tragedia institucional”, concluyó.
