Aunque todos los votos fueron en idéntica dirección, uno de ellos parece poner en evidencia una contradicción de la mayoría peronista de la comisión de Juicio Político de la Legislatura.
El órgano parlamentario acaba de archivar un juicio político contra el juez Conclusional Juan Francisco Pisa, que se encuentra concatenado con uno de los cargos por los cuales el juez de Impugnación Enrique Pedicone enfrenta un proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento.
A principios de noviembre, Pisa acumuló siete pedidos de destitución por el caso “Tacacho”. (Se informa por separado)
Por aparte, el 26 de ese mes, la gremialista judicial Alejandra Martínez Romero presentó un planteo de remoción contra el juez Pisa, pero vinculado con la denominada causa “Bravo”.
Ángel Alfredo Sacarías Bravo fue denunciado por presuntas amenazas de muerte agravadas por el uso de un arma. A la Cámara Penal de Apelaciones (estructura del anterior Código Procesal Penal -Ley 6.203-) llegó en agosto el expediente para que se resuelve un pedido de prisión preventiva contra el imputado.
Ese tribunal se encontraba alcanzado por una “miniferia” judicial dispuesta por la Corte (Acordada 533/20, del 23 de julio) para el fuero penal durante la segunda quincena de agosto.
Pedicone, como camarista, pide autorización para trabajar durante ese receso. El 20 de agosto, los vocales Daniel Leiva, Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos le deniegan el permiso (con voto en disidencia de Claudia Sbdar y Daniel Posse). Sin embargo, el día anterior, Pedicone había dictaminado el cese de prisión preventiva de Bravo.
El juez aduce que fue presuntamente inducido por Leiva, a través del relator Andrés Garmendia, para trabajar durante la miniferia, y que ya contaba con el aval de Sbdar y de Posse. En sentido contrario, dos de los siete pedidos de destitución (los de los abogados Ingrid Lausberg y Carlos María Gallardo) lo acusan de haber actuado, supuestamente, sin competencia en la causa “Bravo”. Ambos planteos fueron admitidos por la mayoría oficialista de Juicio Político.
Martínez Romero, a fines de noviembre, planteó que Pisa, el 22 de agosto, ejecutó la liberación de Bravo. Por tanto, convalidó la competencia de Pedicone.
Entonces, la secretaria adjunta de la seccional tucumana de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) pidió que la comisión legislativa actuara con Pisa de igual manera que como procedió con Pedicone. Es decir, requirió que también se le formulase acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento para que enfrentara un proceso de destitución.
Pero la comisión de Juicio Político rechazó por unanimidad el planteo de la sindicalista, por entender que los hechos denunciados no se encuentran comprendidos en las causales de remoción.
El opositor Raúl Pellegrini también se pronunció por el archivo del planteo contra Pisa. Pero con los fundamentos de su voto (por separado del peronismo) marcó una contradicción: él votó por no enjuiciar a Pisa porque él actuó de la misma manera en favor de Pedicone. El oficialismo, en cambio, absolvió al primero y llevó al jury al segundo.
El alfarista dijo que en ambos casos, si los magistrados incurrieron en transgresiones a la “miniferia”, es la Corte la que debe sancionarlos. De hecho, Pedicone recibió un apercibimiento por obrar sin competencia, a través de la Acordada 782/20, ratififcada mediante la 1.299/20.
Entonces, argumenta Pellegrini, el caso de Pisa debe resolverse, respecto de la causa “Bravo”, dentro del Poder Judicial. Y remarcó que, justamente, lo mismo cabe para Pedicone.
Justamente, y como informó LA GACETA el lunes, uno de los argumentos de la defensa de Pedicone ante el jury es que el juez ya fue sancionado por la Corte, de modo que castigarlo otra vez por el mismo caso sería violar la garantía del “non bis in idem” (no dos veces por lo mismo).
El caso “Tacacho”: Pisa acumula siete planteos de destitución
La docente Paola Tacacho acudió a los Tribunales 13 veces para denunciar por acoso a Mauricio Parada Parejas. El 30 de octubre, él la asesinó y luego se suicidó. De esas presentaciones, en una (violación de restricción de acercamiento), el fiscal Diego López Ávila pidió que la causa se elevara a juicio. El requerimiento fue rechazado por el juez Juan Francisco Pisa, quien absolvió a Parada Parejas. Por ello, entre el 3 y el 9 de noviembre se formularon siete pedidos de destitución contra el juez. La comisión de Juicio Político le corrió traslado y el magistrado debe presentar su descargo hasta el 29. La comisión lo evaluará en febrero: sus plazos son interrumpidos por la feria judicial.
Comisión de Juicio Político: el peronismo tiene mayoría agravada propia
La comisión de Juicio Político tiene 12 miembros. De estos, hoy, 10 son peronistas. Nueve son del oficialista bloque Justicialista de Todos: Zacarías Khoder (presidente), Sergio Mansilla (vice), Carlos Gómez, Enrique Bethencourt, Mariela Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Graciela Gutiérrez, Adriana Najar y Reneé Ramírez. A ellos se suma Julio Silman (secretario), de la bancada alperovichista Hacemos Tucumán. Lo completan los opositores Raúl Pelligrini, del alfarista Partido por la Justicia Social; y Mario Casalli, de FR. Para que se admita un pedido de remoción, y para que luego se formule acusación, hacen falta los dos tercios de los votos: 8 de los 12. El PJ tiene mayoría agravada propia.
