Lebbos cuestionó a Manzur por haber vetado una ley que beneficiaba a familiares de víctimas

Alberto Lebbos, padre de Paulina, la estudiante asesinada en 2006, criticó la decisión del gobernador Juan Manzur de vetar la ley que permitía a las querellas, las familias de las víctimas, a tener incidencia en las causas penales. Por ejemplo, podían solicitar al juez medidas de coerción o que sean notificados cuando de las aprehensiones.

“Son inentendibles las explicaciones del Poder Ejecutivo (PE) y del legislador (oficialista) Gerónimo Vargas Aignasse. No se los entiende (…) No se entiende por qué la familia de una víctima de una violación no puede pedirle a un juez o al fiscal ‘miré, quiero que al violador lo metan preso, que no se acerque a mi casa o le impidan salir del país’”, enfatizó en el programa “LA GACETA Central”.

Según dijo, el decreto firmado por Manzur “en ninguna parte nombra a la Corte Suprema de Justicia (CSJT)”, en contradicción con los dichos por el parlamentario ayer al fundamentar la disposición de la Casa de Gobierno. “Hay una opinión del Ministerio Público Fiscal (MPF), y ya sabemos lo que es el Ministerio Público Fiscal, salvo honrosas excepciones. Menciona después la opinión de la Asesoría Letrada de la Jefatura de Policía; y la Asesoría Letras de la Secretaría de Derechos Humanos, que también ya sabemos a qué se dedica este organismo.” cuestionó.

Lebbos planteó distintos argumentos en contra del veto del Gobierno y a favor de la reforma del nuevo Código Procesal Penal. Entre ellos, dijo: “sirve para garantizar que no se destruyan las pruebas”. “Lo primero que buscará un delincuente es destruir las pruebas. Si hay testigos,  buscará ‘apretarlos’, como se dice vulgarmente, o matarlos, como ha ocurrido también en infinidades de casos para que no se sepa la verdad. Qué problema hay en que la querella pida una cosa simple y sencilla”,  reprochó.

 En esa línea, el padre de Paulina expuso: “le pido a Manzur que retroceda con ese decreto (por el veto) porque viola la resolución viola el artículo 14 de la Constitución Nacional, que fija que todos los habitantes tenemos el derecho de peticionar ante las autoridades. También el artículo 24 de la Constitución de la provincia y el mismo Código Procesal Penal, sobre los derechos de las víctimas”.