Más de 30.000 familias viven en asentamientos y sin agua de red en Tucumán

La situación de pobreza que atraviesa un gran porcentaje de la población tucumana es preocupante, según advirtió la organización TECHO en su informe de gestión 2020, donde precisa que en la provincia existen 203 asentamientos y que la mayoría de sus habitantes no tienen agua de red.

La organización mencionó lo datos del Indec, que hablan de un índice de pobreza de 41,5% y de un índice de indigencia de 8,1% en el Gran San Miguel de Tucumán.

"En la actualidad existen en la provincia 203 asentamientos, donde viven más de 34.847 familias, dato que ubica a Tucumán dentro de las 10 provincias del país con mayor cantidad de barrios informales (ocupa la 6° posición). El 95,7% de estos hogares no cuenta con una conexión a la red formal de agua , por lo que la mayoría de las familias accede a este derecho básico mediante conexiones irregulares", precisó. 

El informe citó como ejemplo el caso del barrio Ampliación Alejandro Heredia, donde "cerca de 1.000 familias poseen conexión con mangueras a partir de una bomba que abastece a un barrio lindero. Como consecuencia, en épocas de calor o de mucha demanda pasan días e incluso semanas sin disponer de este recurso. El acceso es deficiente, no solo en la cantidad sino también en la calidad. Las conexiones y los parches que se realizan para poder conectar a todo el barrio traen como consecuencia filtraciones que ocasionan que el agua no sea apta para consumo". 

En este sentido, TECHO remarcó la importancia de contar con este recurso para la higiene en el marco de una pandemia. "Que más de 30.000 familias tengan negado el acceso a este derecho básico nos hace repensar y reforzar la urgencia de ejecutar las obras necesarias, desde las empresas prestatarias y el Estado, para que los barrios tengan disponibilidad de agua de manera adecuada", advirtió.

Luego sostuvo que "en nuestra provincia, los organismos estatales con injerencia en la temática parecen desconocer o conocer de manera incompleta muchos de los datos que reflejan la realidad de los barrios populares. Aunque surgieron algunas iniciativas particulares y aisladas, para la generación de bancos de tierras o proyectos de infraestructura, en líneas generales no existe una planificación ni ejecución de obras para la mejora de las condiciones de infraestructura, habitabilidad, acceso a servicios públicos, acceso al suelo o mejoramiento de vivienda".

Recordó además que "en 2018 fue aprobada a nivel nacional la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial e Integración Socio Urbana), proyecto que impulsamos con distintas organizaciones (CTEP, Cáritas, CCC y Barrios de Pie). Dicha ley establece, entre otros puntos, la declaración de interés público del territorio que abarcan los barrios populares del país, la regularización dominial para que cada familia tenga su título de propiedad y suspende los desalojos por cuatro años". Y aclaró que en Tucumán "no se han encarado acciones concretas para establecer políticas en línea con esta ley, lo cual creemos que es sumamente necesario, debido a que muchos barrios populares aún sufren constantes amenazas de desalojo por parte de la justicia, privados y otros actores".

Más adelante, se refirió a "la situación particular de la pandemia" y señaló que en Tucumán "se encararon acciones para detectar febriles en algunos de los barrios populares, se continúo con la entrega de alimentos a los niños y niñas en las escuelas y en algunos municipios se entregaron bolsones de emergencia", pero advirtió que fueron "insuficientes". 

Por último, concluyó que "en base a todo lo mencionado, creemos que los desafíos para el año entrante son numerosos, aunque no por eso imposibles de alcanzar. Lo más importante es conocer y visualizar la situación de las familias de los 203 barrios populares de la provincia, iniciar políticas que tengan como base la participación comunitaria y poner en agenda acciones concretas para el acceso al suelo urbano y a servicios, derechos básicos de cada persona que vive en Tucumán".

TECHO es una organización presente en 19 países de América Latina, que busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares, a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios.