El PE vetó partes de dos leyes en materia de seguridad

Los vetos parciales impuestos por el Poder Ejecutivo (PE) a dos leyes sancionadas con la intención de combatir a las “mecheras” y frenar la “puerta giratoria” en la Justicia no cayeron bien en la Legislatura. La Cámara había aprobado modificaciones al Código Procesal Penal (CPP, N° 8.933). Si bien la Casa de Gobierno promulgó las normas (N° 9.323 y 9.322, respectivamente), le quitó artículos que el Palacio de Muñecas 951 consideraban clave.

La primera de las iniciativas había sido impulsada por el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, titular de la comisión de Seguridad, en el marco de la emergencia. Proponía agregar un inciso al artículo 236 para que el juez pueda dictar la prisión preventiva si el acusado contara con dos o más procesos abiertos sin sentencia firme por un mismo delito.

El PE, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, que encabeza Carolina Vargas Aignasse, rechazó dicho cambio. Se argumentó que esta posible incorporación es contraria al principio constitucional de presunción de inocencia. A su vez, se remarca que “este indicio de procesos anteriores abiertos, es utilizado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) al momento de solicitar la prisión preventiva”.

El legislador Raúl Albarracín (PJS) recordó que se opuso en el debate. “El simple análisis mostraba que era improductiva y que rozaba la inconstitucionalidad”, dijo. De los cambios propuestos, sólo se incorporó la posibilidad de que un juez pueda aplicar un perímetro de restricción de acercamiento a un imputado.

El PE vetó también otros cambios aprobados al CPP, para que los querellantes tuvieran mayor protagonismo en causas penales. Por ejemplo, que puedan solicitar al juez medidas de coerción; o que sean notificados cuando de las aprehensiones. El MPF consideró que otorgar esas facultades “distorsiona gravemente la lógica del proceso y su adecuado funcionamiento, alterando el equilibrio adversarial, afectando las facultades del fiscal, exponiendo a graves afectaciones a las garantías del imputado, afectando el principio de objetividad y ofreciendo herramientas que promueven la venganza y la persecución privada contra las personas”.

El radical José María Canelada, impulsor de los cambios en favor de la querella, apuntó contra el gobernador Juan Manzur por los vetos. “Ha decidido pararse del lado de los delincuentes como política de Estado”, lanzó.