La causa por presunto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi tuvo ayer una audiencia oral, aunque no pública, convocada por la camarista Alicia Freidenberg. Las presentaciones de la defensa del parlamentario, a cargo del letrado Juan Colombres Garmendia, y de la denunciante (identificada como AMJ) y su defensor Salvador Iovane (h), giraron en torno de la validez como prueba de una computadora propiedad de AMJ.
Colombres Garmendia solicitó la exclusión probatoria de la máquina porque considera que está comprobado que se violentó su cadena de custodia. Es decir, que desde el momento de la denuncia hasta su presentación en Tribunales el equipo no se mantuvo intocado. “Del 6 de mayo al 1 de junio, la computadora estuvo en manos de la denunciante. Y luego, hasta el 19 de junio, estuvo en el estudio del abogado Javier Lobo Aragón para ser usada en otro expediente. Y cuando él la entrega, declara que la computadora fue reseteada”, detalló.
“Presentamos un informe del Equipo de Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) según el cual la máquina estuvo operativa del 2 al 19 de junio. Es decir, estuvo encendida hasta ese día, siendo usada por alguien. Esto corrobora que se violentó la cadena de custodia y que el juez (Juan Francisco Pisa) no tuvo en cuenta el recorrido de la notebook hasta que llegó a la Justicia. Por eso pedimos la nulidad de esa computadora como prueba y su exclusión”, explicó.
Iovane se opuso a la exclusión probatoria. “La defensa de Bussi sólo indica que la computadora fue encendida, sin indicar que actividad hubo que acredite que se la habría comprometido como prueba. Además, planteamos que el abogado Lobo Aragón fue legislador de Fuerza Republicana (1999-2003). De modo que si la máquina fue prendida el día que se la entregó a la Justicia, el encendido se realizó en Tribunales para comprobar el funcionamiento del equipo o la hizo el ex parlamentario de FR para encubrir a Bussi”, puntualizó.
Mientras se celebraba la audiencia, referentes del Movimiento Ni Una Menos, de la Multisectorial de Mujeres y de partidos de izquierda realizaron una protesta frente a los Tribunales penales, en España 430, “contra los abusos del poder político”.