Preocupación de Adepa: alerta por la denuncia contra Benito

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) encendió las alertas ante la denuncia penal que ha sido planteada contra la periodista de LA GACETA Irene Benito por el abogado Alfredo Falú.

A través de su cuenta de Twitter, @Adepargentina, los directivos de la entidad que nuclea a los editores de diarios del país no dudaron en vincular la presentación judicial contra la reportera Benito con las coberturas periodísticas que ella lleva adelante.

“Adepa manifiesta su preocupación por la denuncia penal contra (Irene Benito) por administración fraudulenta, atentado a la autoridad y coacción, vinculada a sus publicaciones sobre el funcionamiento de la Justicia penal y la relación entre poderes. La periodista tucumana cubre uno de los mayores escándalos de corrupción político-judicial de la historia de su provincia”, consigna el pronunciamiento de la institución, que se manifestó a través de la publicación de dos tuits.

Benito es una de las periodistas de LA GACETA que reveló, entre otros, las repercusiones de la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Daniel Leiva, por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público. El el juez de impugnación sostiene que el miembro del alto tribunal le pidió el 28 de julio, en un bar, que “maneje las intensidades” de la causa penal contra el legislador Ricardo Bussi, por supuesto abuso sexual y corrupción, según el opositor fuese más o menos funcional al oficialismo. Pedicone afirma haber grabado a Leiva. Los audios fueron publicados por LA GACETA el 1 de septiembre. El vocal de la Corte niega que el diálogo haya existido y sostiene que el denunciante fabricó la grabación.

“La denuncia (contra Benito) va a contramano de nuestra tradición judicial y, en particular, de la despenalización de las expresiones que llevó adelante el Congreso de la Nación a partir de la condena al Estado argentino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Kimel”, agrega Adepa en otro tuit.

En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Estado argentino había abusado de su poder al imponer al periodista Eduardo Kimel un año de prisión y una cuantiosa multa por el delito de calumnia. Kimel había sido condenado por haber criticado en el libro “La masacre de San Patricio” la actuación del juez encargado de investigar aquel episodio durante la dictadura militar. Según la CIDH, la medida fue innecesaria y desproporcionada, porque vulneró el derecho a la libertad de expresión. Y ordenó a la Argentina reformar la legislación, lo cual se concretó durante 2009 con la -precisamente- “Ley Kimel”.