14 Diciembre 2020
ALERTA. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó su preocupación por la denuncia penal contra la periodista Irene Benito. LA GACETA / ARCHIVO.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) encendió las alertas ante la denuncia penal contra la periodista de LA GACETA Irene Benito.
Mediante su cuenta de Twitter, @Adepargentina, los directivos de la entidad no dudaron en vincular la presentación contra Benito a los temas que ella cubre en sus reportajes.
Adepa manifiesta su preocupación por la denuncia penal contra @i_benito, periodista de @LaGacetaTucuman por administración fraudulenta, atentado a la autoridad y coacción, vinculada a sus publicaciones sobre el funcionamiento de la justicia penal y la relación entre poderes.
— ADEPA (@Adepargentina) December 14, 2020
"Adepa manifiesta su preocupación por la denuncia penal contra (Irene Benito) por administración fraudulenta, atentado a la autoridad y coacción, vinculada a sus publicaciones sobre el funcionamiento de la justicia penal y la relación entre poderes. La periodista tucumana cubre uno de los mayores escándalos de corrupción político-judicial de la historia de su provincia", dicen los directivos de Adepa en dos tuits.
Entre otros, Benito es una de las periodistas de LA GACETA que reveló, entre otros, las repercusiones de la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Daniel Leiva, por presunto tráfico de influencias.
"La denuncia (contra Benito) va a contramano de nuestra tradición judicial y, en particular, de la despenalización de las expresiones que llevó adelante el Congreso de la Nación a partir de la condena al Estado argentino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Kimel", agrega Adepa en otro tuit.
En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Estado argentino había abusado de su poder al imponer al periodista Eduardo Kimel un año de prisión y una cuantiosa multa por el delito de calumnia.
Kimel había sido condenado penalmente por haber criticado en el libro La masacre de San Patricio la actuación del juez encargado de investigar aquel episodio durante la dictadura militar.
La CIDH señaló que la medida fue innecesaria y desproporcionada, porque vulneró el derecho a la libertad de expresión. Y ordenó al Estado argentino reformar la legislación. En noviembre de 2009 se sancionó una ley que elimina del Código Penal los delitos de calumnias e injurias; tal norma es conocida como "Ley Kimel".
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