Por Daniel Salvador
14 Diciembre 2020
CUARTO IMPROVISADO. A la mañana reacomodan las escasas pertenencias y después se juntan en grupos para matear. En el predio reina la escasez. LA GACETA / FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO
A fines del año pasado, el informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA) daba cuenta que el Gran Tucumán encabezaba el ranking de déficit habitacional en el país. Para tener un número cercano a la realidad, la Cámara Tucumana de la Construcción estimó para nuestro diario que la demanda insatisfecha de hábitat en la provincia ronda las 30.000 viviendas.
Sin embargo, en ese número no se incluye a las familias de sectores sociales que no tienen ingresos fijos o que son insuficientes para acceder a una casa social del Gobierno provincial, situación que conlleva en la inmediatez a la usurpación de terrenos fiscales y también de algunos privados.
Hoy, recorrido el camino de la pandemia que desató una crisis económica y social que agudizó la situación de pobreza, ocurrió en la capital un caso particular de usurpación: más de 40 familias, que entre mayores y menores suman unas 150 personas, ocuparon el predio donde funcionaba la fábrica de la Citrícola San Miguel, en la zona conocida como “La Mago”.
MATE Y VIGILIA. En el portón de Lavalle al 4000, esperan novedades.
La versión que brindan los ocupantes les sirve para justificar este hecho ilegal de invadir una propiedad privada. Afirman que hace unos cinco años se desactivó la fábrica (se trasladó a Famaillá), y que “gente de mal vivir” fue desmantelando de a poco las instalaciones. Así se llevaron todas las chapas de los extensos galpones, todo tipo de caños y hasta ventanas y puertas literalmente arrancadas de la mampostería.
Drogadictos
Agregan que esa ocupación también sirvió para clausurar en los últimos dos meses ese “refugio de drogadictos” para las 24 horas del día. La mayoría reveló mucho temor por la presencia de esos adictos, que protagonizaron robos en la zona y que acosaban a las niñas del barrio. También denuncian que pasaron zozobras por incendios provocados por los vándalos.
POR LOS CHICOS. Mantienen limpio todos los sector del amplio predio.
Los ocupantes de la ex fábrica provienen de los barrios La Mago y Batalla de Tucumán, que son colindantes al predio. En el primero, erigido a la vera del ingreso al Parque Guillermina en una “lonja” fiscal de más de 200 metros, conviven unas 150 familias. La mayoría en situación de hacinamiento ya que transitan la segunda generación. Este es el principal factor que movilizó a los vecinos a la ejecutar la usurpación.
Sin nada
“Nos dividimos en tres sectores, A, B y C. Simplemente para poder identificarnos”, apuntó Irma Díaz (56 años), que tiene a su marido enfermo y es madre de 4 hijos (20 años el más joven). “No tenemos planes y vivimos de las changuitas de mis hijos”, agregó. “Nos cansamos de los robos y de denunciar a la policía por el desmantelamiento. Además, por la pandemia, un hijo volvió porque ya no tenía para pagar el alquiler. Hoy está acá conmigo”.
PAREDES y TECHOS. Acá se fabricaban productos para la exportación.
Giselle Villafañe (34) es soltera y tiene dos hijas, la mayor de 15 años. “Dividimos los sectores por la salida a la calle. Nosotros por la Lavalle (al 4000) y los otros por la curva que lleva a la ruta 301”. Añade que no tienen agua ni baños (recurren a los vecinos) y que en estos días de tanto calor “mandan” a los chicos y mayores a las casas de los parientes cercanos (al frente o a la vuelta del predio). Al parecer, tienen “conectada-colgada” la electricidad para alumbrarse de noche.
En lugares donde eran oficinas o son pasillos con techo, armaron “cuartos” con colchones en los pisos y paredes con telas, plásticos y colchas.
VÁNDALOS. Robaron chapas, estructuras de hierro, ventanas y puertas.
Lucía Vega (45), tiene 9 hijos (la más chica tiene 15 años) confirma que no la “pasan bien” pero tienen que aguantar hasta que llegue una solución a sus reclamos. Entonces se suma al diálogo Claudia Peñalva (39), madre de 4 menores y dos mayores, quien apunta que el Gobierno podría disponer de algún terreno fiscal o remodelar el predio para satisfacer la demanda de los ocupantes.
La revelación de su situación social, puso a Jessica Díaz (32), con 4 hijos menores, al tope de lo imprevisto. “En La Mago vivimos en la casa de mi madre. En total somos 11 hijos y 13 nietos, en una vivienda de tres habitaciones”. Apuntó que cuando se enteró de “la movida para venir acá, no dudé”. “Voy a aguantar hasta que nos den una solución, o nos saquen”, remarcó.
Otro caso parecido, es el de María Monteros (54), viuda, que vive en La Mago con seis hijos mayores en dos habitaciones.
Y en ese momento de sorpresas, aparecieron las más jóvenes. Noelia Castillo (24), madre ahora de dos chicos: una nena de 6 y un bebé de una semana. “Llegué embarazada al predio. Vivía con mi suegra y un cuñado con su familia en una casa chica. Yo cobro la AUH y mi esposo es empleado de comercio”.
A su lado, Yesica Peñalva (20), con un niño de 2 años, se vino a la ex fábrica por problemas con su madre. Abril Sánchez (21), en tanto, cuenta que cargó al nene de 3 años y se fue de la casa de su suegra “porque éramos muchos”, y algo parecido ocurrió con Yanina Aguilar (19), con su esposo y un hijo menor, tras su experiencia en el domicilio de su tía.
Anabella Figueroa (27) se acomoda a un costado y casi no quiere hablar. Es madre soltera, tiene tres chicos y está embarazada. En su caso, se repite la salida de la casa de familiar por problemas con los padres u otros parientes. Ella cobra la AUH, al contrario de Rocío Castillo (16), que está embarazada y llegó al lugar con su novio que trabaja en un lavadero de autos.
A la mañana, la hora que se realizó el relevamiento en el predio de la ex fábrica, había pocos hombres. “Están trabajando”, afirmó Andrea Romero (28), 3 hijos -vive en concubinato- y Lucía Porcel (24), que tiene dos hijos pequeños. Allí aparecieron Leandro Romero (27), con su pareja con 7 meses de gestación, para apuntar que es albañil y no tiene donde vivir. También Braian Galván (23) se quejó porque no hay trabajo de albañilería, y dice que se instaló con su pareja de 20 años y un hijo (3).
A sus voces se unieron Sergio Romero (24, con esposa de 21 y un hijo de 1 año) –trabaja en la construcción- y Claudio Robles (44), quienes aseguraron que se presentó una persona que dijo ser el propietario del predio.
“Se identificó como Juan Carlos Morales, pero nunca mostró el papel que diga que es el dueño. Nos quería dar $ 2.000 a cada uno para que nos vayamos. Nosotros no queremos plata. Queremos una solución a esta necesidad común de tener un lugar para vivir que sea propio”.
“Así, no podemos”: conflictos familiares y muy pocos recursos
Están en el predio hace un mes y medio. ¿Hubo algún político o puntero detrás de esta iniciativa?, consultó LA GACETA. La respuesta fue a coro: “no, ningún político ni funcionario se acercó ni por casualidad, para atender nuestro reclamo”. ¿Entonces? Las mujeres más jóvenes se animaron a resumir el argumento que las llevó a la usurpación. “Estamos como ‘rebalsando’ en las casas de los familiares en el barrio y necesitamos nuestro propio espacio. Además, la mayoría tiene problemas serios con los padres o parientes. Por eso lo veníamos conversando”. Destacan que no es fácil avanzar sin recursos económicos. “Queríamos poner una casilla en el predio, pero están muy caras para nuestro bolsillo (más de $ 30.000)”. Y otra añade: “antes nos regalaban los pallet (de madera) y ahora nos cobran $ 250 cada uno…, así no podemos”.
La empresa Citrícola San Miguel , que está considerada la primera productora de limones del mundo, estaba en manos de la familia de Antonio Matas cuando fue vendida a las firmas Merchant Bankerrs Asociados y MBP (Miguens, Bemberg y Querry Paker). Luego, la citrícola absorbió a Citrus Trade Famaillá SA y Magar SA (en 1997). Por entonces, la primera de las empresas era propiedad del grupo liderado por Francisco Macri, que había iniciado sus actividades en 1993 junto con el empresario tucumano Alvaro Bulacio. Al desactivar la fábrica de La Mago, vendió lo que quedaba en el inmueble de aproximadamente 6.000 metros cuadrados al productor citrícola Juan Carlos Morales.
Definciencias y hacinamiento: definiciones de la Universidad Católica
El déficit habitacional lo definen en la UCA como el conjunto de hogares que residen en una vivienda precaria (una casa cuyos materiales y características constructivas son deficientes y no es posible su mejora), en situación de cohabitación (más de un hogar en una misma vivienda) o en situación de hacinamiento (más de dos personas por habitación dormitorio). La situación se agrave si se tiene en cuenta que la brecha de los pobre con los ricos que llegó a 15 veces por la pandemia.
Las desigualdades: los castigados estratos marginales
La condición económico ocupacional del hogar es un factor determinante para dar cuenta de las desigualdades en el acceso a una vivienda digna. Entre los hogares de estratos medios los niveles de privación resultan muy bajos, mientras que en los hogares de estratos bajos (particularmente para los estratos marginales) la incidencia es muy superior. Llegar a una casa propia es casi imposible.
“La cara del desamparo”: el dueño del predio habló con los ocupantes
La esposa de Juan Carlos Morales, propietario de la ex fábrica, aseguró que tras la denuncia policial por la usurpación le informaron que habría un dictamen listo en la fiscalía que atiende el caso para ordenar el desalojo. “Esta es una situación que nos puso mal. Cuando fuimos con mi esposo a ver lo que ocurría con la propiedad, lejos de encontrarnos con matones o patoteros como se muestran en las tomas de tierras, nos topamos con las caras de esas jóvenes y de esos chicos que jugaban, que es la de quien pide ayuda porque está desamparado”.
R.M. (preservamos el nombre por pedido de ella) acompañó al agricultor y productor citrícola que sufrió hace poco un ACV en esa, su primera visita al lugar. “Sentí mucha pena al ver como vandalizaron lo que quedaba de la fábrica. Y quedé angustiada cuando las mujeres, principalmente, venían a decirnos que ese era un lugar abandonado y que no tienen adónde ir a vivir. Yo le respondí que entendía el problema, que no era nuestra culpa y que no están en nuestras manos la solución”. A continuación, no confirmó el ofrecimiento de $ 2.000 a los ocupantes para que desalojen: “no me lo comentó; él tiene casi 80 años, no está bien por ese ACV y puede ser que lo haya hecho”.
Finalmente, ella explica que hace unos tres años adquirieron la propiedad y que ahora le pide a su esposo que la “venda urgente, así como está”. “Sería bueno que algún funcionario interesado en resolver esta complicada situación social, también pudiera proyectar para la zona un centro de contención para los jóvenes que están en la droga, y para las numerosas mujeres y jóvenes que los padecen”.
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