El emprendimiento de viviendas de Manantial Sur es una de esas mochilas pesadas e incómodas que la Provincia busca sacarse de encima cuanto antes. Pasaron siete años desde que se inició el proyecto -con el fallecido Gustavo Durán como interventor- y todavía hay 1.339 casas de las 2.500 que siguen sin ser habitadas, que sufrieron el vandalismo y están siendo restauradas, a pesar de haber estado terminadas tres años atrás. En el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), sin embargo, sostienen que están próximos a comenzar a salir de ese laberinto y de poder hacer lo que más quieren: entregar casas.
La interventora Stella Maris Córdoba, que hace unos meses cumplió su primer año al frente de la institución, se expresó optimista al respecto. Señaló que las obras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, principal traba para la entrega de los inmuebles, están avanzadas en un 90%. “La SAT (Sociedad Aguas del Tucumán) ya está haciendo pruebas de agua y del sistema de cloacas. Estamos próximos a que se terminen las pruebas y podamos dar por concluida la primera etapa del servicio”, afirmó en diálogo con LA GACETA.
La ex legisladora señaló que la pandemia trastocó las previsiones que había respecto al barrio. Sin embargo, aunque no precisó fechas, aseguró que están “muy próximos a entregar” parte del remanente de viviendas. “Con las empresas constructoras que están haciendo reparaciones, estarías en condiciones en una primera etapa de entregar 450 casas”, afirmó. Concretar esa entrega parcial no depende sólo de las obras, sino que hay documentación que debe ser autorizada por Nación. De todos modos, la estimación es que podría haber novedades sobre el cierre del año o en el inicio de 2021.
Daños y conflictos
En octubre del pasado, el gobernador Juan Manzur firmó dos DNU por un total de $246 millones -que luego fueron convertidos en ley- para empresas constructoras, contratistas del IPV. De ese monto, $105 millones se destinaron para reparar las casas no entregadas de Manantial Sur. En diciembre se firmaron los convenios con las empresas y en mayo recibieron la primera mitad de los fondos, y el total se abonará con el final de obra.
Córdoba indicó que el 60% de las firmas que suscribieron el convenio para la reparación de casas están trabajando, y que algunas podrían finalizar antes de fin de año. Con el resto están en conflicto. “Hay un 40% de las empresas que no están haciendo el trabajo físico, y estamos en conversaciones para buscar la manera de que se cumpla el convenio firmado. Queremos evitar la judicialización”, subrayó.
Según la interventora, estas compañías aducen que el dinero que les se otorgó para la reparación de las viviendas no es suficiente debido a que algunas han sido nuevamente vandalizadas, además de que hubo un incremento en los insumos para la reparación.
“Lo siguen destrozando”
El vicepresidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Eduardo Mateo, insistió con la denuncia realizada en septiembre respecto a la inseguridad en la zona. Incluso aseguró que los ataques contra las viviendas se dan incluso de día. “Se pone cada vez más complicado y las pérdidas son cada vez peores. Hay sectores enteros donde se han llevado los tanques de agua. Es imposible sostener la ecuación económica. La interventora está trabajando para resolver el tema de los adjudicatarios, pero el problema es que al barrio lo siguen destrozando”, dijo a este diario.
El titular de la firma Mateo Constructora SRL había dicho, meses atrás, que hay más de 500 casas en una situación complicada debido a los robos y destrozos. Consideró que es difícil pensar que la Policía no sepa quiénes son los vándalos. “Hay que ver el volumen de cosas que se han robado. Hablamos de 600 tanques de agua, de 1.000 mesadas. El fin de semana nos mandaron fotos de que estaban viniendo mesadas, mochilas e inodoros en el ingreso a la capital (Ohuanta). Con un poco de investigación de la Policía se pueden recuperar, pero nadie reacciona. Se han robado 40 baños para discapacitados, que son carísimos”, se descargó.
Respecto a la denuncia de Córdoba, de que hay firmas que se comprometieron a restaurar las viviendas y no lo están haciendo, Mateo argumentó que son los sectores más dañados. “No alcanza la plata. Hay una parte muy complicada del barrio, pero si el tiempo sigue pasando van a quedar sólo los ladrillos, y los van a robar”, planteó. De todos modos, manifestó que no ve mezquindad de ninguna de las partes comprometidas en el proyecto. “Todo el mundo quiere entregar las casas: las empresas, el IPV y la Provincia”.
De larga data
Manantial Sur empezó a ser construido en junio 2013. El Estado destinó $326 millones a la edificación de las 2.500 casas (U$S50 millones según la cotización oficial de aquel momento). El emprendimiento completo -con infraestructura- tenía un presupuesto de $800 millones (U$S 123 millones). La Legislatura autorizó a Durán a obviar la licitación pública: más de 25 empresas ingresaron al proyecto por contratación directa. El IPV entregó, mediante sucesivos actos, alrededor del 50% de las viviendas, con excepciones y de forma discrecional.
Existen ocho tipo de prototipos de casas distintos: algunas de dos y de tres dormitorios. Cuentan con electricidad, gas, cloacas y agua. Algunas están adaptadas para discapacitados.
Diálogo con Ferraresi: cambio de conducción y políticas de Nación
La interventora del IPV, Stella Maris Córdoba, señaló que la salida de María Eugenia Bielsa del Ministerio de Vivienda en noviembre fue casi un empezar de cero con la Nación. De todos modos, destacó que con el actual ministro, Jorge Ferraresi, mantuvo reuniones muy positivas. A su vez, aseguró que el funcionario dispuso de cambios en algunas políticas que permitirán tener mayor dinamismo y autonomía a las provincias. Córdoba señaló que una de las tareas que les encomendó el ministro es establecer con la Cámara de la Construcción y la Uocra el valor del metro cuadrado de vivienda y de infraestructura. “No es lo mismo construir en Tucumán que en Santa Cruz”, ejemplificó.