Rodolfo Gilli: “no me interesa hacer amistad con la Corte”

Rodolfo Gilli ha celebrado el 10 de diciembre en las más diversas dimensiones. Durante la mañana festejó el 37 aniversario del retorno de la democracia a la Argentina, que coincide nada menos que con Día Internacional de los Derechos Humanos. Y durante la tarde degustó el triunfo en el Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán: en la renovación parcial del consejo directiva, su lista, “Frente institucional de Abogados” sentó la totalidad de los candidatos en la secretaría, la prosecretaría y tres vocalías, además de los tres postulantes al Tribunal de Ética y Disciplina. Y, por supuesto, a él, propiamente, como el presente de la institución, auxiliar de la Justicia.

Según Gilli, los comicios terminan con cuatro décadas de hegemonía del que hasta ayer era el oficialismo, la “Lista de Unidad Moreno-Alberdi-Belgrano”. Como consecuencia de la pandemia, los comicios de los letrados se realizaron el día en que, según el uso, asumían las nuevas autoridades. Así que el próximo miércoles habrá una reunión conjunta entre las autoridades salientes y las entrantes y el jueves entrarían en función los electos. Ayer temprano (a pesar de que el día se festejó como si fuera el primero; y la noche, como si fuese la última), el electo titular de la entidad profesional le concede una entrevista a LA GACETA, centrada en la crisis de las instituciones de la república.

- ¿Cuál es el escenario institucional en el que asume su nueva responsabilidad?

- Mi diagnóstico no escapa a la mirada general: nos encontramos en un escenario de profunda degradación institucional. En ese contexto, la Justicia se encuentra encerrada en sí misma. En términos metafóricos, y también literales: este año, en nombre de la pandemia, cerraron los Tribunales de Tucumán, sin que importara lo esencial que es la Justicia. No se puede cerrar el Poder Judicial sin irrespetar la esencialidad de la Justicia.

- ¿Cómo se revierte este estado de cosas que describe?

- Para ser mejor, la Justicia tucumana debe modificarse. Y debe hacerlo en términos estructurales. Durante la campaña para las elecciones en el Colegio de Abogados planteamos tres ejes que nos parecen fundamentales para ese cambio. En primer lugar, tiene que cambiar el sistema de selección de jueces, que debe dejar de estar sujeto a puntajes y darle preeminencia al examen de oposición. Es ahí donde se aprecian las calidades de un aspirante a la judicatura. Y es así como la selección se torna más justa. En segundo lugar, hay que propiciar un funcionamiento pleno del Jurado de Enjuiciamiento. Hoy tiene por delante la comisión de Juicio Político de la Legislatura, que funciona como una suerte de antesala del jury y donde se archiva una gran cantidad de expedientes. Con ese esquema se hace muy difícil revisar el papel de los jueces. En tercer lugar: corresponde exigirle a Justicia todo cuanto puede dar, de la misma manera que es irresponsable pedirle más que lo que su capacidad puede brindar. Los recursos humanos no son inagotables: tienen humana finitud. Y durante la pandemia se agotaron rápidamente, en el contexto del trabajo remoto. Entonces no necesitamos que haya doble turno en los Tribunales, sino que necesitamos que haya más juzgados.

- La crisis institucional también tiene que ver con el papel de los jueces...

- Necesitamos que los jueces actúen como deben: como verdaderos magistrados. Ni a la comunidad, ni a la Justicia ni a la abogacía les sirve la pelea mediática entre miembros del Poder Judicial. Mucho menos los jueces que ni siquiera tuvieron la dignidad de pedir licencia de su cargo hasta que se resolviera la problemática detonada por las denuncias en su contra. Es justamente por situaciones como esta que se deterioran las instituciones. Los jueces que participaron de los últimos bochornos institucionales deben estar a la altura de las circunstancias, porque así no se puede seguir. Por cierto, no quiero que la interpelación se quede circunscripta sólo al Poder Judicial. También son responsables el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo porque ellos definen políticas judiciales.

- ¿Cuál debe ser el papel del Colegio de Abogados en este contexto?

- El papel del Colegio, en un plano, tiene que pasar por garantizar mejores condiciones para el ejercicio profesional. En otro nivel, que es el de su responsabilidad suprema, debe ser garante y observador de la institucionalidad de la provincia y del cumplimiento de las normas constitucionales. Esa ha sido la histórica posición de nuestra entidad profesional y debe ser respetada y reivindicando. El Colegio debe ser un observador independiente de la situación judicial y dejar de ser un consentidor de malas actitudes judiciales.

- ¿Y cuál ha sido el papel de la entidad profesional hasta ahora?

- Han relajado la persecución de esas metas. Por esas metas siempre estuvieron. Cuando las autoridades del Poder Judicial resolvieron cerrar los tribunales en marzo, el Colegio de Abogados consintió esa medida. Entonces, en los hechos, estás considerando que la Justicia no es esencial en esta provincia. Y no estás advirtiendo que si la sociedad se queda sin justicia, las consecuencias son gravísimas.

- ¿Cuáles serán los primeros pasos de la nueva conducción del Colegio?

- Lo primero es saber dónde está “parada” la instituciones y tomar contacto directo con las actuaciones que lleva adelante. Ese análisis incluirá una auditoría exhaustiva. Vamos a marcar con claridad un límite temporal porque dejan la conducción los que han estado gobernando la entidad profesional durante 40 años y no queremos cargar con esa mochila. Una vez que se haya completado ese análisis minucioso y preciso, pediremos una audiencia con la Corte Suprema de Justicia de la provincia para plantear las muchas cosas que hoy molestan, que entorpecen el ejercicio profesional. El Colegio de Abogados ya no será un mero reproductor de las decisiones del alto tribunal. En esos términos será la relación. No me interesa hacer amistad con la Corte, sino resolver cuestiones precisas vinculadas con el ejercicio de la abogacía.