A tres meses de haber sido conformada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la comisión encargada de analizar los pros y contras de un acuerdo de explotación entre Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y la mina Agua Rica, en Catamarca, recibió una fuerte impugnación.
La presidenta de Asociación Civil Pro Eco Grupo Ecologista, Myriam Genisans, y la apoderada de los vecinos del pueblo de Andalgalá (Catamarca), Mariana Katz, cuestionaron en particular a dos miembros de ese grupo, y señalaron que la integración de la comisión incumple la resolución que le da origen.
El 9 de setiembre, el Consejo Superior de la UNT designó una comisión que analizará distintos aspectos de la oferta de explotación del yacimiento de Agua Rica en Catamarca. Tal decisión se toma en cumplimiento de la resolución Nº2372/2019 del 22 de noviembre del año pasado, que rechaza un acuerdo al que había suscrito YMAD -empresa de la cual la UNT es copropietaria- y prevé la conformación de un equipo de expertos, para que emita un informe debidamente fundado sobre las ofertas recibidas por YMAD, en virtud de la futura explotación de los yacimientos de Agua Rica.
La resolución del año pasado, además, expresa que los pueblos cercanos al yacimiento debían estar representados. En concreto el punto 3 detalle: "esa comisión estará integrada también por los representantes de la comunidad”. "Nos llama mucho la atención el 'olvido' de darles lugar en la comisión a las comunidades que serán las afectadas y sufrirán las consecuencias sociales y ambientales lesivas que ocasionará la pretendida explotación de Agua Rica", señalan Genisans y Katz en una nota que elevaron ante la UNT.
"Exigimos al Consejo Superior disponga la integración y participación reclamada; la no inclusión de los miembros de la comunidad -principalmente la de Andalgalá, ciudad donde se encuentra el yacimiento que será afectada de manera directa-, como así también a representantes de la Asociación Civil Pro Eco grupo ecologista, querellante particular en varias causas judiciales contra Minera Alumbrera afecta principios democráticos y de respeto a los derechos humanos", dijeron.
En particular, solicitan que el máximo órgano de Gobierno de la UNT las incluya en una nueva conformación de la referida comisión.
Además, reclaman que se excluya de la comisión a dos de sus miembros: Mario Alderete y Roberto Lencina.
"Alderete ha sido asesor y director de YMAD en varios períodos. En 1994 avaló, por parte de la UNT, la firma del primer contrato entre YMAD y Minera Alumbrera, en el que se dispuso, entre otros, que la toma de decisiones se realice mediante mayoría de votos del Comité Gerencial, ente integrado por tres designados por YMAD, y cinco, por Alumbrera. Esto implica que no sólo Alumbrera tiene quorum propio, sino que tiene la responsabilidad operativa de los proyectos; por lo tanto, YMAD es cartón pintado", dijeron.
Añadieron que la comisión estudiará, en particular, el aspecto ambiental del eventual acuerdo con Agua Rica. "En el ejercicio de sus funciones como representante de la UNT en YMAD Alderete no formuló ningún tipo de denuncia por los daños sociales y ambientales que afectaron al NOA con la explotación en Bajo la Alumbrera", criticaron.
En relación a Lencina, cuestionaron que este realizó todo su desarrollo profesional alrededor del convencimiento a los pueblos para que acepten la actividad minera como parte de un modelo de crecimiento económico local. "Esto lo sostiene con acciones y discursos falsos. Lencina carece de objetividad para analizar el negocio suscripto entre YMAD y las transnacionales Yamana Gold (Agua Rica) y Glencore (Alumbrera Limited)", fustigaron.
Además de Alderete y de Lencina, la comisión -que abordará tres ejes temáticos: legal, económico financiero y medioambiental-sociocultural- está integrada por Pedro Daniel Cagna, Luis López, Julio Rougés, Alejandro Danón, Víctor Lyaja, Jorge Rospide, Álvaro Bravo y Patricia Arenas.