09 Diciembre 2020
MEDIDA. El fiscal Pedro Gallo solicitó una medica cautelar para que cesen los débitos directos, de entre $ 180 y $ 600, sobre unas 40.000 a 50.000 cuentas de trabajadores estatales. IMAGEN CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
El fiscal Pedro Gallo, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, requirió la suspensión de débitos directos que el banco Macro estaba realizando sobre cuentas de trabajadores del Estado. El planteo, convalidado por el juez Néstor Rafael Macoritto, se extenderá por un plazo de tres meses, durante los cuales la entidad deberá abstenerse de realizar esos descuentos.
La medida se concretó hoy, en el marco de una investigación iniciada a partir de la denuncia penal formulada por el Ombudsman de Tucumán, Fernando Juri Debo.
"Es esta una medida cautelar inicial, por el plazo de tres meses, que está destinada a proteger a las víctimas, a evitar consecuencias perjudiciales y para que cesen los débitos directos, mientras avanza la investigación a los fines de establecer qué tipo de responsabilidades y de parte de quienes, según lo manifestado en la denuncia", señaló el fiscal.
Gallo comentó que podrían ser miles los damnificados. "La denuncia fue formulada por el titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, a raíz de presentaciones que, en tal sentido, hicieron distintos sindicatos por descuentos de débito automático irregulares a cuentas de trabajadores estatales, en una estimación de entre 40.000 y 50.000 empleados. Los débitos son desconocidos por un sector de los trabajadores que los sufren", explicó.
Con relación a los presuntos responsables de estas maniobras y a los montos de estas, el funcionario judicial destacó: "hay una serie de empresas que aparecen denunciadas. Son descuentos de sumas chicas, de entre los $ 180 y $ 600, pero que en ese volumen de trabajadores se vuelve un monto muy importante", remarcó.
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