Una madeja de planteos enreda la causa Bussi

La querella del legislador opositor: “La Justicia local está agotada”

Todo cuanto haga la Justicia tucumana en la causa contra el legislador Ricardo Bussi por presunto abuso sexual y corrupción es nulo porque la competencia para entender en ese caso es federal. Esta es la aclaración central que brinda el abogado Salvador Iovane (h), defensor de la mujer que denunció que el opositor, supuestamente, le usó la cuenta bancaria para administrar dinero no declarado y que, además, la violó en su despacho.

En diálogo con LA GACETA, el letrado subraya que los posibles delitos económicos en que habría incurrido el parlamentario son de neta competencia federal. “Más aún: el abuso sexual se da como una intimidación para que mi defendida no denuncie los delitos económicos. Entonces, todo forma parte del mismo delito y no hay duda de que la Justicia tucumana no tiene competencia”, afirma.

“La camarista Alicia Freidemberg no puede actuar porque está pendiente la declaración de incompetencia. Por ello mismo es nulo lo resuelto por el juez Juan Francisco Pisa. E inclusive lo actuado por el entonces camarista Enrique Pedicone”, detalló. Como se recordará, el ahora juez de Impugnación celebró una audiencia pública el 28 de julio, a las 10, en la que resolvió apartar al juez Raúl Armando Cardozo de la causa.

El 1 de septiembre, Pedicone denunció que ese 28 de julio, a las 9, en el bar Ohana, el vocal de la Corte Daniel Leiva, presuntamente, le pidió que “maneje la intensidad” de ese caso, según el opositor fuese más o menos funcional a los intereses del oficialismo. Y que invocó para formular su solicitud al gobernador Juan Manzur y al vicegobernador Osvaldo Jaldo.

Al día siguiente de que LA GACETA publicara la acusación, Pedicone afirmó en Telefé Tucumán: “coincido con el legislador Bussi en que le armaron la causa. El juez Cardozo no le quiere entregar el expediente y no entiendo cómo alguien se puede defender si no le entregan el expediente. Tal vez sea porque en el expediente no había nada”.

Por cierto, Iovane (h) no sólo reivindica la incompetencia de los Tribunales locales por razones de materia procesal. “También en razón del agotamiento de la Justicia de Tucumán y la connivencia dolosa entre el poder político tucumano, la totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el Ministerio Público, y especialmente el vocal Leiva y el ex camarista Pedicone”, manifestó en el escrito en el que requirió la nulidad de las actuaciones ante la Cámara de Instrucción Conclusional. “No hay un juez que pueda probar que carece de compromisos políticos porque la Corte los ha comprometido a todos”, aseveró a este diario.

Iovane (h) enumera, además, una serie de recursos de previa resolución que no han sido resueltos, en el contexto de su planteo de que la causa no debe tramitarse donde está. A la par del planteo de incompetencia de los Tribunales locales, solicitó que la Justicia Federal se declare competente y pida el proceso.

A la vez, ante la Corte Suprema de la Nación, denunció por presunto encubrimiento al gobernador, al vicegobernador y a los cinco vocales de la Corte. Ante el máximo estrado del país, además, interpuso un recurso de amparo de los derechos de su defendida respecto del cual planteó un pronto despacho durante la semana pasada.

El abogado argumenta, también, que su planteo de nulidad de la competencia de la Justicia provincial operó luego de que no fueran llevadas a cabo una serie de medidas de producción prueba que solicitó hace cuatro meses, como el peritaje de las ropas de la denunciante de Bussi, así como también una pericia psicológica a ella, identificada en la carátula del expediente con las siglas “AMJ”.

“Hay un retardo malicioso, que se debe a evidentes razones políticas. Pero eso tampoco nos preocupa porque, si la Corte Suprema de la Nación tampoco resuelve, acudiremos a los tribunales internacionales”, anticipó.

La defensa del legislador opositor: “Bussi es rehén del sistema”

Juan Colombres Garmendia (h), abogado del legislador denunciado Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), sostuvo que la Justicia debe sobreseer a su cliente por el transcurso del plazo legal para desarrollar la investigación jurisdiccional -a cargo de un juez de Instrucción, en este caso Juan Francisco Pisa, por los fueros del acusado-, y que, como mínimo, tiene que anular la peritación de una computadora portátil aportada por la denunciante debido a que la máquina fue “reseteada” antes de entrar al proceso y excluir esa prueba. Todas estas pretensiones fueron denegadas por Pisa luego de que la causa ligada a la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal Daniel Leiva pasara a la estructura de conclusión de procesos del viejo Código. Colombres Garmendia (h) manifestó ayer que los hechos habían acreditado cuán afectada estaba la transparencia de las instituciones encargadas de dirimir estos conflictos. “Bussi es rehén del sistema judicial provincial y federal como consecuencia de la influencia de la política en la Justicia”, opinó el defensor.

A esta altura, el proceso pasó por tres jueces de Instrucción, Raúl Cardozo (desplazado por Pedicone en la audiencia oral y pública del 28 de julio), Carolina Ballesteros y Pisa, y el 17 de diciembre a las 9 habrá una audiencia oral virtual para discutir la decisión de peritar la computadora cuestionada. La camarista Alicia Freidenberg precisó que este acto transmitido por la aplicación Zoom no iba a estar abierto al público, como querían Colombres Garmendia (h) y Bussi. Freidenberg aclaró que esa posibilidad no estaba prevista para la instancia de apelación en el antiguo Código aplicable al caso, y que el artículo 381 autoriza a restringir el acceso cuando la publicidad afectara la moral o la seguridad pública.

Colombres Garmendia (h) expresó que la fijación de esta audiencia había ocurrido luego de la interposición de pedidos de pronto despacho y facilitó los escritos que así lo acreditaban. “El perjuicio de mi defendido no es otra cosa que la reticencia de imponer una fecha a la audiencia, situación que lo obliga a seguir subordinado al secretismo y al oscurantismo”, dice una de esas solicitudes.

El abogado y el legislador de Fuerza Republicana se oponen al peritaje porque consideraron que la memoria de la computadora fue alterada por la propia denunciante, según manifestó el abogado que aportó el dispositivo, Javier Lobo Aragón. Este refirió que aquella le había dejado la máquina en su estudio jurídico el 1 de junio con la advertencia de que la había “reseteado” (limpiado). Lobo Aragón manifestó que Salvador Iovane (h), abogado de la denunciante, le había dicho que abonaría sus honorarios contra la entrega de la notebook y de otros materiales, y que él había decidido dejarlos en la Justicia. “Existe la fuerte posibilidad de que el contenido de tal dispositivo haya sido adulterado (para quitar o agregar datos o información) con el fin de perjudicar a mi defendido lo que convierte a este objeto de prueba de ningún valor para la causa. No existe otra solución que excluir a la notebook como prueba”, dijo el letrado.

Pisa rechazó la objeción y corroboró la decisión de practicar una peritación adoptada el 21 de julio. El juez no analizó las manifestaciones de Lobo Aragón ni de la defensa, sino que simplemente avaló el acta de recepción del equipo labrada por los funcionarios del Juzgado de Cardozo el 19 de junio. “El instrumento fue sucrito por la actuaria Valeria López en cumplimiento de las formalidades establecidas por el Código. No observo falencias”, expresó Pisa el 15 de septiembre.

Colombres Garmendia (h) inscribió este estado de cosas en el contexto del funcionamiento deficiente y “corrupto” de un sector del Poder Judicial: “estamos en alerta porque, en virtud de la denuncia de Pedicone, ha quedado en evidencia la intención de buscar cualquier excusa para lograr el sometimiento de las voces críticas. Quieren imponer una verdad judicial para disciplinar, como dice Michel Foucault”.

Las causas: el proceso contra el legislador es la base de la denuncia de un juez contra un vocal de la Corte

Ricardo Bussi, legislador de Fuerza Republicana, fue denunciado en junio por la supuesta comisión de un abuso sexual y de irregularidades con cuentas bancarias. La denunciante dijo que los hechos ocurrieron mientras colaboraba con el partido y que el presunto ataque sexual habría sucedido en el propio despacho de Bussi, quien negó por completo estas acusaciones y que la mujer militara en Fuerza Republicana. El 28 de julio, el camarista Enrique Pedicone desplazó al juez que tramitaba la causa, Raúl Cardozo, y ordenó el acceso a las actuaciones en favor de Bussi. A continuación, la jueza Carolina Ballesteros recibió la investigación jurisdiccional, procedimiento especial a cargo de un magistrado por los fueros del acusado.

El 1 de septiembre, día en el que comenzó a regir en toda la provincia el nuevo Código Procesal Penal y que la causa “Bussi” pasó al sistema de conclusión de casos del antiguo sistema, Pedicone denunció que el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, le había pedido que “manejara las intensidades” de este conflicto con la invocación de los nombres del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo. A continuación, la fiscala Mariana Rivadeneira dictaminó que la acusación debía ser investigada con el Código jubilado el 31 de agosto. Y opinó que debían ser excluidos los audios que grabó Pedicone para incriminar a Leiva. Pisa, quien denegó el rol de querellante al juez y a la ONG Cedjus, acogió las opiniones de la fiscala en resoluciones que aún no están firmes. El mismo juez tramita desde el 1 de septiembre la causa “Bussi”.