27 Noviembre 2020
UPCN denunció más descuentos "indebidos" en cuentas bancarias de los estatales
“Le volvimos a solicitar al Defensor del Pueblo que ingrese en la cautelar que presentó a Caja Seguro, ya que parece que esta firma ha sido blindada por alguien y no se la puede tocar”, manifestó hoy Francisco Osorio. El secretario de Negociación del gremio UPCN denunció otros descuentos que se efectúan sobre los sueldos de los trabajadores estatales, en el marco de las actuaciones del ombudsman por deducciones “ilegales” en cuentas bancarias del personal de la administración pública.
“Nos dedicamos a investigar todo este tiempo y aportamos todas las pruebas al Defensor del Pueblo y al gobernador de la provincia (Juan Manzur) mediante carta documento. El descuento de esta empresa tiene autorización del Gobierno de la provincia. Las pólizas de seguro están a cargo del Gobierno de Tucumán”, dijo en una entrevista con “LA GACETA Central”.
“Nos cansamos de recurrir al Gobierno y a quienes tendrían que cuidar el sueldo de los trabajadores, que miran para otro lado. Decimos solamente que es un robo a los trabajadores porque ninguno firmó estás pólizas”, añadió el dirigente, quien señaló además que se tratan de descuentos que alcanzaron los $ 2.800.
Osorio comparó la suma fija de $ 1.800 otorgada por el Gobierno este año como aumento salarial, con el descuento de la firma privada. “Caja Seguro se lleva más que eso”, enfatizó. Y agregó: “por eso, los compañeros nos decían que no veían el impacto del incremento en el salario (en la cuenta bancaria). Se asegura la casa y el auto, pero hay compañeros que no tienen casa ni auto. Y peor aún: no tienen beneficiario”.
El dirigente, en ese contexto, reclamó a la Casa de Gobierno la apertura de una negociación salarial. “El Gobierno no está viendo la situación de la calle (...) Llegamos a fin de año con los sueldos totalmente desfasados”, aseveró.
Acción oficial
Fernando Juri Debo, defensor del Pueblo, realizó una denuncia ante la Justicia Penal por descuentos indebidos en las cuentas bancarias de los empleados estatales. El ombudsman señaló que habrían participado varias empresas en estas operaciones durante el año.
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