PRIMER JUEZ SORTEADO. Carlos Caramuti.
Más de 20 días después de su formación, el tribunal de recusación informó que no logra reunir los votos necesarios para resolver el planteo que el vocal Daniel Leiva formuló contra sus pares Claudia Sbdar (presidenta) y Daniel Posse en el ámbito del recurso de per saltum interpuesto por el magistrado Enrique Pedicone en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Tras admitir que no conseguían ponerse de acuerdo, los camaristas Carlos Caramuti, Stella Maris Arce y Patricia Carugatti notificaron ayer que tendrán que ampliar el estrado especial. Y mientras no haya tres firmas en un mismo sentido, permanecerá bloqueado el trámite del per saltum deducido para que la Corte revise en forma urgente -sin seguir los carriles procesales regulares- una decisión del juez Juan Francisco Pisa.
En juego está el sistema que la Justicia penal aplicará para esclarecer los supuestos hechos ilícitos atribuidos a Leiva en la presentación del 1 de septiembre. Es decir, si prevalecerá el régimen cerrado y escrito del viejo Código Procesal jubilado el 31 de agosto, como pretenden el vocal denunciado y su defensor Esteban Jerez; como dictaminó la fiscala Mariana Rivadeneira y como resolvió Pisa. O si, por el contrario, será usado el nuevo Código plenamente vigente desde el 1 de septiembre, que acelera y transparenta la investigación mediante las audiencias orales y públicas, como quieren Pedicone, y sus abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig.
Del per saltum también depende si el juez denunciante, que afronta un procedimiento de destitución en el Jurado de Enjuiciamiento, podrá intervenir con el carácter de querellante en el proceso penal que promovió. Tal y como solicitaron Leiva y Jerez, Pisa denegó la posibilidad de que Pedicone sea parte en la causa. La sentencia que denegó el rol de querellante y ordenó la tramitación del caso con el viejo Código data del 2 de octubre. Trece días después, Pisa presentó al gobernador Juan Manzur la dimisión condicionada al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil.
El 5 de octubre ingresó el per saltum a la Corte con el fin de discutir los criterios de Pisa: ese mismo día, la comisión de Juicio Político de la Legislatura dominada por el oficialismo decidió rechazar y archivar las seis solicitudes de expulsión articuladas contra Leiva, y dar curso a las siete presentadas contra Pedicone a posteriori de que aquel denunciara al vocal. Pero la fiscala Rivadeneira interpretó que los plazos no estaban suspendidos y aconsejó la invalidación como prueba de los audios donde la voz asignada a Leiva pide el “manejo de las intensidades” de una causa penal por supuestos delitos sexuales y de corrupción que involucra al legislador Ricardo Bussi en nombre del gobernador Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo.
El 28 de octubre, Pisa asestó otro revés a la denuncia de Pedicone al excluir los audios que aguardan desde el 8 de septiembre que la Justicia los retire de la escribanía de la notaria María Cecilia Aragón. A continuación, un hecho inesperado se interpuso en los planes del juez de retirarse sin complicaciones. Fue el femicidio de Paola Tacacho perpetrado por Mauricio Parada Parejas, imputado con 13 denuncias penales de la víctima a quien Pisa sobreseyó en 2017. Por esta decisión, el juez del caso “Leiva” afronta al menos siete pedidos de expulsión en la comisión de Juicio Político que podrían caer si Manzur le acepta la dimisión.
“Rápida decisión”
A esta altura podría decirse que la causa de Leiva está empantanada porque el per saltum aún carece de una Corte que lo analice y lo resuelva, y porque la exclusión de los audios fue cuestionada en la Cámara Penal por Pedicone, y por la fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad (Cedjus), pero allí tampoco existe un camarista en condiciones de procesar los recursos. Este escenario contrasta con la velocidad que Juicio Político, la comisión que encabeza el justicialista Zacarías Khoder, imprimió al procedimiento de expulsión de Pedicone, quien el 24 de noviembre escuchó su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y quien ya planteó dos amparos con pedido de cautelar para detener su juzgamiento sin lograr que un tribunal se declare competente.
El per saltum incluyó una invitación a inhibirse para Leiva, y sus pares Antonio Daniel Estofán y Eleonora Rodríguez Campos, que aquellos aceptaron por diferentes motivos: “decoro” en el supuesto del primero; amistad con el abogado Ahumada en el caso del segundo y la circunstancia de ser sobrina del ministro público fiscal con licencia, Edmundo Jiménez, en el de la tercera. El tribunal de recusación formado por los vocales supremos Sbdar y Posse, y el magistrado Caramuti aceptó estos apartamientos, pero, a continuación, Leiva planteó que sus dos compañeros de la Corte también debían dar un paso al costado, una impugnación tal vez inédita en la historia del alto tribunal tucumano.
La recusación dirigida a apartar a Sbdar y a Posse sostiene que estos dos, en acordadas recientes, la 730 y la 782, se inclinaron a favor de Pedicone en disidencia con Estofán, Leiva y Rodríguez Campos. Los dos vocales impugnados efectivamente quedaron en minoría en las decisiones administrativas que ratificaron que el juez carecía de competencia para actuar en la miniferia de agosto y que le aplicaron un apercibimiento por su intervención en la llamada causa de los billares, sanción que aún no está firme. Según Jerez, Pedicone radicó una denuncia falsa contra su cliente como consecuencia de ambas acordadas. El ex fiscal anticorrupción sostuvo que la intervención de Sbdar y de Posse “compromete el estándar de imparcialidad”: “el estrecho vínculo institucional que poseen (los vocales) torna disvalioso que procedan a juzgarse entre sí pues deben mantenerse relacionados por innumerables asuntos que hacen a sus funciones”.
Tanto Sbdar como Posse rechazaron la recusación con el argumento de que no habían prejuzgado y que su imparcialidad permanecía intacta. Admitieron, eso sí, que el planteo de su par Leiva evidenciaba “una manifiesta desconfianza” y que esto debía ser analizado por el tribunal de recusación. Es lo que, por sus diferencias internas, no pudieron hacer Caramuti, Arce y Carugatti. La determinación de destrabar la situación incluye una novedad: el sorteo de nuevos integrantes se hará a partir de una lista que comprende a 27 jueces, es decir, a todos los magistrados penales de la capital menos Pisa, Pedicone, Raúl Armando Cardozo y los tres que ya están interviniendo (se informa por separado). Esta nómina implica un aumento sustancial de las posibilidades respecto de la usada en su momento por la Corte, y de donde salieron sucesivamente Caramuti, Arce y Carugatti.
“Con la finalidad de lograr la más rápida decisión respecto de la constitución del tribunal que entenderá en el per saltum deducido, y para evitar la necesidad de nuevos sorteos hasta alcanzar la mayoría concordante legalmente exigida (tres votos), se sortearán dos vocales más”, dispusieron Caramuti, Arce y Carugatti. Ello quiere decir que quedará preparado el terreno por si ninguno de los cinco vocales participa en la resolución del per saltum. En esa hipótesis, la decisión respecto del recurso de Pedicone será una responsabilidad exclusiva de quienes, como él, cumplen el rol de magistrados inferiores.
