PROTAGONISTAS DEL “JURY”. Abajo a la der., los acusadores Najar, Khoder y la funcionaria Nazur, y a la izq., Pedicone y sus letrados. Al frente, los jurados: Morof, Herrera, Loza, Posse, Nazur, Alperovich, Berarducci y Critto (tap.). la gaceta / fotos de Analía Jaramillo
A las 9.09 ingresó Enrique Pedicone, juez del Tribunal de Impugnación de la capital y denunciante del vocal Daniel Leiva, a la sala de la Legislatura donde lo aguardaban sus acusadores y los jurados que han de definir si lo destituyen. Entró con sus hijos, Federica y Constantino, y con sus abogados, Fernanda Battig y Arnaldo Ahumada. En el trayecto recibió el calor y el afecto de los que habían ido a alentarlo, y el repudio y los insultos de los que reclaman su caída. Si bien ayer sólo estaba prevista la lectura de las 55 páginas que contienen los cargos, Pedicone se retiró con la promesa del vocal y presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Daniel Posse, de que el juzgamiento será público y de que habrá mayores medidas de seguridad en el futuro.
Las primeras tensiones se presentaron en la vereda de la calle Muñecas. Luego de recibir los aplausos de alumnos y egresados de Derecho, y de otros ciudadanos que clamaron por una Justicia independiente, Pedicone fue increpado a los gritos por familiares de víctimas de delitos, donde estaba Santiago Villegas, padre del adolescente asesinado Valentín Villegas. Los improperios ocurrieron mientras el juez, sus familiares y defensores franqueaban la entrada de la Legislatura, y en presencia de la Policía.
GESTOS. El juez Pedicone habla mientras el letrado Ahumada lo observa.
“Queremos saber si estas audiencias van a ser públicas o si estarán sujetas a lo que discrecionalmente establezca la secretaría del Jurado. Este es un acto de tal trascendencia que debe ser presenciado por la ciudadanía y los parroquianos. Queremos saber si habrá apertura, con todas las medidas de prevención (del coronavirus)”, preguntó Pedicone a Posse cuando la audiencia, que duró dos horas, apenas empezaba. “Por otro lado le pido que tomen las medidas de seguridad porque no puede ser que mis abogados y yo nos hayamos encontrado con cuatro personas que, sin distanciamiento, face to face, nos dijeron cualquier cosa. Por favor, que haya respeto a la majestad de la Justicia. Por favor, tomen algún recaudo”.
Sin vacilar, Posse manifestó que en forma personal se comprometía a arbitrar todos los medios para que las audiencias ante el Jurado, que tienen el carácter de públicas, efectivamente lo sean. “Por supuesto que en las próximas ocasiones usted contará con las garantías de seguridad personal”, agregó el vocal del alto tribunal. Pedicone respondió: “su palabra me basta”.
EL PRESIDENTE. Daniel Posse, titular del Jurado y vocal de la Corte.
Dos hermanos, una mesa
Pero la lectura de la acusación formulada por la comisión de Juicio Político tuvo que esperar algunos minutos más porque, después, Pedicone pidió permiso para que pasara un grupo, de acompañantes retenido en la puerta del octavo piso del Poder Legislativo. Esto originó un chispazo con el legislador oficialista Javier Morof, que cumple el rol de vicepresidente del Jurado (se informa por separado), pero finalmente la comitiva de Pedicone pudo pasar y tomar asiento cerca del magistrado.
Alrededor de la mesa se sentaron los legisladores oficialistas Zacarías Khoder y Adriana Najar, y la funcionaria María José Nazur en representación de la comisión acusadora (luego esta última se levantó para dar la silla al parlamentario peronista Gonzalo Monteros). En la otra punta se ubicó la defensa. Y, al frente de las partes, los jurados: los legisladores peronistas Morof, Dante Loza, Alberto Herrera y Sara Alperovich; el fiscal de Estado, Federico Nazur (es hermano de María José Nazur); Posse; el legislador alfarista Walter Berarducci y el abogado Javier Critto. Los últimos tres prestaron juramento este martes en el Jurado como reemplazantes respectivos de Leiva, del legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y del abogado Esteban Jerez. Fue, según dijo Posse, un “juramento informal” sin Biblia (se informa por separado).
La acusación leída en estas condiciones comprende siete cargos, y surge de la admisión de igual número de denuncias presentadas por el ciudadano Lucas Mayer, y los abogados Carlos Mayer (fallecido), Juan Eduardo Rojas, Antonio Raed, Carlos María Gallardo, Ingrid Lausberg y Alfredo Falú luego de que Pedicone acusara a Leiva. El instrumento aprobado por los 10 oficialistas de la comisión de Juicio Político (con las disidencias del bussista Mario Casali y del alfarista Raúl Pellegrini) acusa a Pedicone de haber “hecho política” con su “denuncia tardía” contra Leiva; de haber realizado “grabaciones clandestinas”; de haber coaccionado al secretario Fernando Valladares; de ignorar el derecho; de violar sistemáticamente los derechos de las víctimas, y de actuar sin competencia en las causas de Ángel Bravo y de los billares.
“No hay pruebas. Este procedimiento causa náusea institucional: la ciudadanía está asqueada. Quieren dar un mensaje domesticador para cualquiera que ose desafiar a un sector del poder que corrompe y que está corrompido”, había opinado Pedicone antes de entrar. Y había reiterado que querían echarlo por haber expuesto el 1 de septiembre que Leiva, que es defendido por Jerez, le había pedido que “manejara las intensidades” de una causa penal por supuestos delitos sexuales y de corrupción asignados a Bussi.
“Nosotros no estamos aquí por el tema de Leiva”, aseguró por su parte Khoder (se informa por separado). Ahumada dijo que anhelaba que en esta instancia haya el “debido proceso” y el respeto por los derechos fundamentales que les denegó la comisión de Juicio Político: “por eso nos llama la atención la presencia en el Jurado de Morof y de Loza, que criticaron en la prensa a Pedicone, y de Nazur, que es amigo íntimo de Leiva y funcionario del gobernador Juan Manzur, quien ha sido involucrado por el propio vocal denunciado, como consta en los audios. Los tres deben excusarse para que haya un mínimo de imparcialidad”.
